Ratifican liderazgo de Claudia Patricia Ulloa Zenteno al frente del STSGE de Chiapas
En días recientes se llevó a cabo el último congreso estatal extraordinario convocado por el Comité Central Ejecutivo, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas. en ese contexto se puntualizó que la ampliación del periodo del mismo comité, guarda el estatus de pendiente por resolver, ante el tribunal colegiado en materia de trabajo; cabe señalar que dicha ampliación fue aprobada por unanimidad de votos de los delegados debidamente acreditados en el pasado congreso celebrado, por lo que es totalmente legítima.
La manifestación que hicieron los delegados participantes a este último congreso fue, que se respete la autonomía y libertad sindical de la organización, en aras de preservar la soberanía de los congresos de este sindicato. de igual manera se espera la no intervención de la parte patronal o sus representantes, ya que esta prohibición se encuentra claramente señalada en la ley federal del trabajo.
Finalmente se subrayó que la secretaria general del sindicato, ha sido víctima de violencia política de género que ya fue denunciada ante la comisión nacional de los derechos humanos y la fiscalía general del estado a través de la fiscalía de la mujer.
Exigen esclarecer vínculos delictivos en Chiapas durante gestión de Adán Augusto
El diputado priista Rubén Antonio Zuarth Esquinca lanzó un severo pronunciamiento contra el senador Adán Augusto López Hernández, a quien responsabilizó política y moralmente por el crecimiento y operación del grupo “La Barredora” en Chiapas durante su paso por el gobierno tabasqueño y la Secretaría de Gobernación.
Zuarth advirtió que Chiapas ha sido uno de los estados más lastimados por la red de complicidades que permitió a esta organización operar con impunidad. “No hay negocio jugoso que se haga sin que el presidente lo sepa; nada de que no se enteró”, declaró parafraseando al ExPdte. López Obrador.
Recordó que el fiscal Alejandro Gertz Manero reveló en la conferencia matutina que la investigación contra “La Barredora” inició en 2024 por delitos de extorsión a gasolineras, y que se han identificado vínculos claros con autoridades locales y federales. Expertos en seguridad, como Alejandro Martínez Serrano, han señalado que resulta “casi improbable” que los superiores de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco y hombre cercano a Adán Augusto— desconocieran sus actividades ilícitas en Chiapas y Tabasco.
Durante ese periodo, agregó Zuarth, se tejió un auténtico “manto protector” desde el poder estatal para funcionarios de áreas clave como Salud, Hacienda, Infraestructura, Educación y otras dependencias, quienes aprovecharon sus posiciones para manejar a discreción los recursos públicos de los chiapanecos. Con absoluta impunidad, desviaron fondos para enriquecerse, extorsionar a ayuntamientos, y financiar campañas políticas millonarias en su afán de escalar posiciones y convertirse en gobernantes. “No se trató de errores administrativos, sino de una estructura bien aceitada para saquear y manipular políticamente al estado”, acusó.
El legislador priista señaló que durante ese periodo en Chiapas, recursos públicos fueron utilizados para fortalecer estructuras delictivas y campañas políticas, incluso fondos que originalmente debían destinarse a hospitales, tratamientos para niños con cáncer, carreteras, programas para el campo y mujeres y para los pueblos originarios, fueron utilizados para otros fines. “Chiapas fue usado como caja chica y lo que ocurrió aquí no fue un descuido, fue protección política”, secundada por el gobierno anterior, señaló.
Rubén Zuarth aseguró que la presencia del senador en uno de los principales órganos legislativos “envía un mensaje equivocado” dentro y fuera del país, deteriorando aún más la imagen de México frente a Estados Unidos.
“Desde el PRI decimos con carácter: ya basta. Chiapas no olvida los desvíos, la intromisión política y el fortalecimiento de organizaciones delictivas que ocurrieron bajo su sombra. México y Chiapas te observan. No nos vamos a conformar con menos que verdad, justicia y transparencia”, enfatizó.
Finalmente, reiteró la exigencia de que Adán Augusto López Hernández renuncie a la presidencia de la Junta de Coordinación Política y a su escaño en el Senado. “El poder debe estar subordinado al escrutinio público, no a la impunidad. Tres meses de denuncias documentadas son suficientes. Es momento de dar la cara”, concluyó.
