REPARE rechaza y condena manifestaciones de VPMRG hacia políticas chiapanecas
Una de las reglas básicas que se enseña en las escuelas de periodismo es que la vida privada de funcionario públicos, como los políticos en general, se circunscribe a eso, es decir, lo que hagan en ese ámbito es respetable. Es quizá por ello que algunos facebukeros o youtubers no entienden estas reglas aplicables para el periodismo y si lo saben e incurren en violar esta regla es algo ruin, por decir lo menos.
Ante esta situación, la Red de Paridad Efectiva (REPARE) manifiesto su rechazo y condena ante expresiones de descalificación y violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) dirigidas desde medios de comunicación y redes sociales, contra mujeres que ejercen cargos públicos, particularmente cuando el señalamiento se desplaza del análisis del desempeño institucional hacia el ámbito de la vida personal.
Se refiere a las publicaciones que circularon el 25 de enero, contra dos diputadas de la LXIX Legislatura de Chiapas, en las que el uso de información de su vida personal derivó en comentarios negativos y agresivos. En estos hechos se ha incurrido de manera directa en VPMRG.
Si bien el escrutinio público constituye un elemento esencial de la rendición de cuentas en un régimen democrático, las prácticas discursivas diferenciadas por razón de género —incluidos ataques personales, exhibición de la vida privada y estigmatización— exceden el debate legítimo y reproducen patrones estructurales de exclusión de las mujeres del espacio público, mismos que deben ser evidenciados, detenidos y castigados conforme a las leyes vigentes.
En México y en Chiapas se cuenta con un marco jurídico que condena la violencia política contra las mujeres en razón de género y entre estos encontramos:
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 20 Bis la define como “cualquier acción u omisión, basada en elementos de género, que limite, anule o menoscabe los derechos político-electorales de las mujeres, así como el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones. Puede ser perpetrada por agentes estatales, superiores, compañeros, medios de comunicación o particulares”.
La Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia en Chiapas, en su Artículo 50, fracción VI, tipifica la violencia en los medios de comunicación (digital, audiovisual, electrónica, entre otros) dirigida a mujeres en funciones políticas.
El Artículo 343 bis del Código Penal del Estado de Chiapas establece que comete delito contra la privacidad sexual quien difunda imágenes, audios o videos sobre la intimidad corporal sin consentimiento. La sanción es de 4 a 6 años de prisión, con agravantes si el delito es cometido por servidores públicos o actores políticos.
Se omiten detalles de los casos para no hacer alegoría de la violencia ni perpetuar la revictimización de las legisladoras. Sin embargo, el uso de leguaje inadecuado y la difusión de imágenes (fotografías o caricaturas) sobre la vida privada, perpetúa la violencia simbólica sostenemos que, si bien «lo personal es político», la transición de lo privado a lo público de forma malintencionada con el fin de atacar la integridad de una representante popular es un acto sancionable.
La vida personal no debe ser objeto de cuestionamientos que violenten la dignidad humana ni el desempeño de un cargo de elección.
Por ello, la REPARE exige la actuación de las instituciones electorales, para sancionar, conforme a derecho, además de exigir a los medios de comunicación, a periodistas, columnistas, comunicadores, youtubers, comentaristas, a conducirse en el marco de la ley y desde principios de igualdad sustantiva, no violencia y compromiso ético.
Firma de convenio entre ayuntamientos y el C3 del estado de Chiapas.
El presidente de Mezcalapa, Tilo Alcudia Hernández, participó en la firma de convenio entre los Ayuntamientos Municipales y el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas. El evento fue encabezado por el Mtro. José Alonso Llaven Villarreal, quien destacó la importancia de la coordinación interinstitucional en la construcción de un estado más seguro y profesional.
Los convenios suscritos permitirán la aplicación de los Exámenes de Control de Confianza a los elementos de seguridad pública municipal, en cumplimiento de la normatividad vigente y como parte del fortalecimiento institucional de las corporaciones encargadas de la seguridad ciudadana.
