Edil de Huixtla, reyezuelo de piel sensible y delicada a la crítica
Es increíble que en pleno siglo XXI siga habiendo alcaldes, con pocas neuronas y que crean que su administración municipal es una especie de reinado donde pueden hacer y deshacer a su antojo, tal como es el caso del alcalde de Huixtla Regulo Palomeque, quien ha resultado de piel fina y delicada a la crítica de los medios de comunicación.
Pero esto se entiende porque quien dice ser su director de comunicación social o su jefe de prensa, Manuel Estrada Rosales, tampoco le gira la ardilla y es incapaz de entender los nuevos tiempos donde las redes sociales han modificado el esquema de comunicación política para dar a conocer y difundir las actividades de los gobernantes.
Este hecho, se complica con la muerte a balazos de un conocido youtuber en ese municipio quien habría recibido amenazas por parte de este funcionario horas antes de que fuese acribillado.
Estrada también había amenazado a los administradores de páginas de Facebook y a propietarios de cibercafés de Huixtla que son críticos al gobierno de Régulo Palomeque Sánchez, del PVEM. “Es preferible mil veces prevenir que lamentar y en este momento la acción del ayuntamiento es prevenir, independientemente de las burlas, de lo que puedan decir”.
De acuerdo con testimonios recabados, los comunicadores refieren que Estrada Rosales presuntamente habría utilizado su cargo público para ejercer presión, mediante advertencias verbales, mensajes intimidatorios y expresiones que aludirían a posibles represalias, argumentando actuar bajo el respaldo de “instancias superiores”.
Los denunciantes aseguran que, lejos de entablar diálogo, aclarar señalamientos o rendir cuentas, el funcionario habría optado por una postura de confrontación e intimidación, lo que consideran incompatible con la responsabilidad pública que ostenta y con los principios básicos de libertad de expresión.
El 7 de febrero, el edil pidió a los medios “bajarle a la nota roja”. ¿No sería mejor que él y su equipo bajen la violencia e inseguridad? Dice, que lo que pasa en Huixtla lo están haciendo sus enemigos políticos que quieren difamar su trabajo y tener el desarrollo de Huixtla.
Ante este hecho, periodistas de Huixtla se pronuncian en defensa de la libertad de expresión. el pasado 7 de febrero emitieron un pronunciamiento público en defensa de la libertad de expresión, ante lo que consideran una amenaza directa a su labor informativa por parte del Ayuntamiento.
El documento está dirigido al Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado de Chiapas, a quien solicitan su intervención y garantías para el ejercicio periodístico en la región.
De acuerdo con el pronunciamiento, la preocupación surge a raíz de declaraciones atribuidas al coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de Huixtla, Manuel Estrada Rosales, quien habría advertido sobre la posible presentación de demandas en contra de medios de comunicación que han criticado la administración del presidente municipal Régulo Palomeque Sánchez.
Los comunicadores señalaron que dichas advertencias generan temor a represalias y representan una forma de presión que atenta contra el derecho a informar y opinar libremente. En ese sentido, solicitaron al titular del Ejecutivo estatal garantías y facilidades para el desempeño de su labor, la cual —recordaron— está protegida por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Advierten, que, en caso de presentarse cualquier acto de represalia en contra de periodistas o medios de comunicación, actuarán conforme a derecho por las vías legales correspondientes.
Lo ocurrido recientemente marca un punto de inflexión. La muerte de Diego “Chabelo” N., comunicador crítico del gobierno municipal, horas después de amenazas públicas vertidas en un espacio radiofónico por el director de Comunicación Social del Ayuntamiento, no puede ni debe minimizarse. No es una afirmación de culpabilidad; es una exigencia de investigación exhaustiva, imparcial y creíble. En democracia, la coincidencia temporal entre una amenaza pública y un homicidio exige escrutinio máximo del Estado.
