De mayo de 2019 a agosto de 2020, las situaciones en materia de política migratoria, asilo y violaciones de Derechos Humanos se han complejizado con la intensificación de la militarización del control fronterizo y el refuerzo de los acuerdos entre México y Estados Unidos
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México. Ante el incremento de la vigilancia y el control policial en la frontera sur de México durante la pandemia, las mujeres y niñas migrantes que solicitan protección internacional están cambiando sus rutas y hábitos de tránsito y no están recibiendo servicios de salud y de acceso a la justicia adecuados.
Así se describió, con base en entrevistas, en el informe de hallazgos de la «Misión de Observación de Derechos Humanos» en la frontera sur de México. En esta misión participan redes de organizaciones civiles como la «Alianza Américas», el «Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria» (GTPM), el «Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura» (GIDMT), la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM CANA) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), quienes integraron un reporte parecido en mayo de 2019.
De mayo de 2019 a agosto de 2020, –dice el informe– las situaciones en materia de política migratoria, asilo y violaciones de Derechos Humanos se han complejizado con la intensificación de la militarización del control fronterizo y el refuerzo de los acuerdos entre México y Estados Unidos, a lo que se suma la agudización de la emergencia humanitaria a partir de la contingencia provocada por la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con el informe, los primeros cambios se vieron en la contención violenta de las caravanas del éxodo migrante a comienzos de 2020 por parte de la Guardia Nacional y la violencia utilizada en las estaciones migratorias para reprimir a las personas que exigían su libertad ante el miedo de permanecer en detención durante la pandemia de COVID-19.
Este cambio de panorama político trajo impactos directos a la vida y trayectorias migratorias de las mujeres y las niñas. Por ejemplo, las organizaciones civiles observaron que durante las caravanas del éxodo migrante en 2018 se documentó un incremento notorio de mujeres, adolescentes, niñas y niños acompañados y no acompañados en el corredor de la costa de la frontera sur, que involucra ciudades como Tapachula, Tecún Umán, Ciudad Hidalgo y otras. En la misión de 2019 en este corredor se documentó también un incremento visible de poblaciones de origen caribeño y africano.
Sin embargo, con el comienzo de la pandemia se vio una masculinización de los perfiles ya que al restringirse las posibilidades de movilidad, aumentan los riesgos y se incrementan los obstáculos para las mujeres, las niñas y los niños y adolescentes, dijeron las organizaciones.
También se observó que en el último año, como resultado de las políticas de militarización derivadas de los acuerdos entre México y Estados Unidos, en el corredor centro (que incluye Comitán y San Cristobal de las Casas) ha aumentado la presencia de mujeres, familias y niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados. Asimismo, señalaron las organizaciones, se observa un acrecentamiento de familias con mujeres como jefas de hogar y una disminución de familias con varones.
Por otro lado, en el corredor Selva, que incluye municipios de los estados de Tabasco y Chiapas, como Tenosique, Palenque y Salto de Agua, desde las caravanas de 2018 y hasta el comienzo de la pandemia por COVID-19 se había visto un incremento de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, mujeres, mujeres embarazadas y familias.
No obstante, «con el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19, los perfiles han vuelto a masculinizarse, predominando el flujo migratorio de hombres jóvenes solos, de entre 16 y 32 años de edad», apuntó el informe.
De acuerdo con las organizaciones civiles, el cierre de fronteras también imposibilitó la movilidad de las mujeres que todos los días cruzaban de un país al otro, quienes generalmente son madres que trabajan en México para sostener a sus familias pero que a menudo regresan a Guatemala a cuidar a sus hijas e hijos. «Estas mujeres tienen estrategias para que les cuiden a su familia cuando viajan a México, pero tuvieron que cambiarlas y ajustarlas en el contexto de la pandemia», señalaron.
Ante esta situación, algunas personas regresaron a sus comunidades pero otras se quedaron en México en condiciones de mucha precariedad, en cuartos sin servicios básicos como agua ni luz, o en situación de calle, lo que les pone en un riesgo más alto ante las enfermedades, al probable contagio de COVID-19 y las violencias. Esto sucedió, por ejemplo, con las mujeres que se dedicaban a hacer trenzas en los parques en Tapachula.
Las organizaciones también documentaron que la atención médica disminuyó con la pandemia, ya que los centros de salud en todos los corredores de la frontera sur argumentaron que sólo se enfocaban en la atención de COVID-19. «Ello tuvo repercusiones graves en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en aquellos con enfermedades crónicas, o en las mujeres embarazadas, al ponerlas en mayor grado de vulnerabilidad frente al COVID-19», expresaron.
De hecho, la atención prenatal se suspendió en todos los corredores, se cancelaron las consultas y sólo se dio seguimiento a mujeres con embarazos de alto riesgo diagnosticados. Además, no hubo orientación clara para las mujeres a partir de la semana 37 de embarazo, un periodo en que los riesgos son altos y el seguimiento debe ser muy cercano, lo que incrementó el miedo, la incertidumbre y el riesgo de las complicaciones de salud, dijeron.
En caso de migrantes víctimas de violencia de género, la situación también es grave. Las organizaciones identificaron que en Tapachula, en los casos de mujeres víctimas de violencia sexual y de género, cuando acuden a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (FEDCCCI) se cita a ambas partes a una comparecencia para llegar a un acuerdo con tal de evitar un procedimiento habitual, por lo que las organizaciones han tenido que acompañar a las mujeres para evitar que se revictimice mediante el contacto con el agresor.
También se detectó que mujeres de Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes viajan con niñas y niños, una vez que son reconocidas como refugiadas o con protección complementaria, y deben acudir a las oficinas de regularización migratoria de Tapachula para tramitar su residencia permanente, se les niega el trámite con el argumento de que se necesita la autorización del padre; esto a pesar de que, en la mayoría de los casos, los padres son los agentes persecutores y perpetradores de la violencia.
Las organizaciones enfatizaron que las mujeres migrantes y con necesidades de protección internacional enfrentan obstáculos particulares cuando están en situación de detención, ya que viven más expuestas a posibles actos de acoso y violencia sexual por las autoridades, no tienen condiciones para la privacidad e higiene femenina, no reciben atención médica adecuada e, incluso, en centros como el de CAITF de Huixtla no se respetan los espacios separados por género; también se documentaron situaciones de acoso sexual de agentes de la Guardia Nacional.
En lo que respecta a mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, señaló el informe, las mujeres no tienen una alimentación ni atención médica apropiada, e incluso hay quienes viven detenciones prolongadas. En el caso específico de las mujeres embarazadas haitianas y africanas, no tuvieron atención médica en el trayecto ni detención prolongada; se ha identificado que personas de estas poblaciones en detención tienen dificultades por la barrera del idioma, lo que hace que no puedan obte- ner información y se obstaculiza aún más el acceso a sus derechos.
