Sobreviven las personas fuera de su lugar de origen sin acceso a vivienda, alimentación, educación, salud e incluso agua
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
En plena contingencia emergencia sanitaria, el fenómeno de desplazamiento interno forzado en Chiapas sigue creciendo y afectando a miles de niñas, niños, mujeres y hombres de pueblos originarios.
Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que hasta el mes de junio han documentado el caso de ocho mil 349 personas desplazadas en el estado, quienes sobreviven sin acceso a vivienda, alimentación, educación, salud e incluso agua, que agrava más su situación por la epidemia del COVID-19.
Estas más de ocho mil personas, señaló que han sido desplazadas a través de agresiones directas, amenazas por personas armadas que gozan de impunidad, ya sea por problemas territoriales o políticos.
«Hay miedo por la enfermedad y de que nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares, situación que ha sido agravada por la expansión pandemia del coronavirus, que cada vez más azota los pueblos indígenas de Chiapas», dijo.
Faro Navarro indicó que la mayoría de los desplazados pertenecen a los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó y Chilón, Ayuntamientos que han permitido que la violencia siga creciendo en diversas comunidades, a través de la tolerancia hacía los grupos paramilitares.
Asimismo, el activista lamentó la omisión del Estado y de la Federación, autoridades que hasta el momento no ha actuado y ejercido un plan para dar atención integral a las mujeres, hombres e infantes agravados por esta situación de riesgo a la vida.
Sin embargo, expuso que el Centro de Derechos Humanos inició desde el mes de abril una campaña denominada «Los Queremos en Casa» para visibilizar la falta de garantías para este sector de la población. Como objetivo se planteó visibilizar la negligencia y omisión de las autoridades tanto del ámbito estatal como federal, por no atender las violaciones a los derechos humanos, permitiendo la persistencia de estos hechos que afectan los derechos, particularmente, de mujeres, niñas, niños y hombre de distintas edades que han sido obligados a abandonar su hogar.