El Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» (Frayba) ha recopilado en poco más de dos décadas, pruebas y testimonios, además de información básica sobre cómo se manejan los grupos paramilitares y su diferencia entre «guardias blancas» y pistoleros, así como los antecedentes del conflicto armado en Chiapas que fueron campo propicio para su proliferación
Juliteh Rodríguez/Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l avistamiento de paramilitares en Chiapas ha sido recurrente desde 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hasta la actualidad. El último caso es el de las acusaciones que pesan sobre la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (CIOAC), que es señalada de funcionar como una de estas agrupaciones en Las Margaritas. Organizaciones sociales han documentado al menos la actuación de 31 grupos armados a través de los años; algunos han persistido y de otros, ya no se supo más.
Para investigadores como Adrián Galindo de Pablo, sociólogo y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, el principal objetivo de este fenómeno es combatir la insurgencia desatada por el EZLN, consolidar el terror como método de disuasión social; además que ayudan a los aparatos del Estado a controlar los territorios y sus recursos. De ahí que su actuación se traduzca en atentados contra poblaciones, muertes y desplazamientos forzados. ¿Pero qué son los grupos paramilitares y cómo actúan?
El Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» (Frayba) ha recopilado en poco más de dos décadas, pruebas y testimonios, además de información básica sobre cómo se manejan los grupos paramilitares y su diferencia entre «guardias blancas» y pistoleros, así como los antecedentes del conflicto armado en Chiapas que fueron campo propicio para su proliferación.
Estrategia contrainsurgente
En el folleto informativo denominado «Los Grupos Paramilitares en Chiapas», la organización de defensa de derechos humanos refirió que transcurridos 11 días del levantamiento zapatista —suscitado el 1 de enero de 1994—, luego de constantes enfrentamientos armados entre el Ejército mexicano y el EZLN, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari decretó el cese al fuego y se estableció una tregua, a fin de resolver el conflicto a través del diálogo.
Galindo de Pablo ha referido que este alto al fuego ha sido violado por el gobierno por ofensivas militares de manera formal; y por agresiones paramilitares continuas de manera informal hasta la actualidad. En sus estudios ha ubicado como el inicio de la etapa de paramilitarización en Chiapas, entre marzo y abril de 1995, cuando se reinició el diálogo entre el EZLN y el gobierno; y se promulgó la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas.
«Uno de los elementos determinantes para el despliegue del paramilitarismo en Chiapas fue la histórica disputa por los territorios y sus recursos entre los grandes propietarios y los pueblos originarios y campesinos. No es coincidencia que en aquellos municipios donde hubo conflicto la mayoría de éstos eran indígenas, con altos niveles de marginación social y predominantemente ejidales», manifestó.
Explicó que el paramilitarismo es un fenómeno social tolerado, alentado y organizado desde alguna instancia del poder público —principalmente fuerzas de seguridad y del Ejército respaldados por el gobierno federal o central—; por tanto, es una política de Estado que responde a la necesidad de mantener, por vías clandestinas, las relaciones de producción dominantes frente a la posibilidad de crisis sociales. Es decir, para disolver todo intento de acción insurgente por parte de la sociedad civil organizada. A esto se le denomina estrategia de contrainsurgencia.
Su forma de operar
De acuerdo con el Frayba, una de las formas de contrainsurgencia que se han implementado en Latinoamérica es el conflicto de baja intensidad, una estrategia concebida en Estados Unidos que tiene como objetivo aislar, desgastar, dividir y desorganizar a los movimientos sociales que buscan el cambio social, económico o político. Para ello provocan miedo, tensión, confusión y división entre comunidades.
En la estrategia contrainsurgente, la formación de grupos paramilitares es uno de los instrumentos más importantes e incluso se relacionan con grupos de poder económico o político. «Los paramilitares son personas que son reclutadas, entrenadas y protegidas por el ejército y las corporaciones policiacas para asesinar, amenazar y atacar a grupos y organizaciones que se oponen al gobierno, y principalmente al grupo insurgente y sus bases de apoyo».
En Chiapas, se diferencian de las denominadas «guardias blancas» y pistoleros porque éstos sirven a un patrón o finquero, aunque a veces actúan con fuerzas de seguridad pública; desalojan campesinos que toman un predio pero asesinan principalmente a los líderes (violencia selectiva) y reciben un salario.
En cambio, los paramilitares —según el Frayba— tienen una relación directa con autoridades civiles, policiacas y militares; combaten bases de apoyo zapatista y organizaciones sociales que comparten las mismas demandas; no tienen un proyecto definido sino que defienden el Estado; se organizan con formación militar (hay mandos); y subsisten mediante recursos públicos otorgados a través de apoyos al campo, ya que muchas veces se disfrazan de colectivos u organizaciones campesinas.
Interés en territorios con recursos
Se utilizan para eliminar bases insurrectas, así como para controlar territorios o recuperar aquellos donde ha crecido la oposición del pueblo contra el Estado. Para ello crean un clima de inseguridad para que la población no se movilice; rompen el tejido social, es decir provocan la división de la comunidad, organizaciones y familias; y desalientan la participación política para que al no creer en la vía del diálogo para resolver las diferencias, los enfrentamientos armados sean inevitables, «que la violencia sea el único lenguaje con el que se hablen las comunidades y organizaciones».
El Frayba resume la forma de actuar de estos grupos violentos: amenazar, controlar, vigilar o atacar comunidades pues el miedo infundido paraliza a las personas y dejan de organizarse; amenazan o asesinan a los líderes o a quienes impulsan un cambio político y social —como en el caso de José Luis «Galeano» Solís López, líder de la Junta de Buen Gobierno y maestro de la escuela autónoma zapatista del caracol La Realidad (Las Margaritas); y desplazan a las comunidades pertenecientes al EZLN o que simpatizan con éste, o bien, de aquellos territorios donde hay un interés particular.
El sociólogo Galindo de Pablo comentó en su artículo «El paramilitarismo en Chiapas. Respuesta del poder contra la sociedad organizada», que esta apropiación violenta asegura la apropiación y explotación de los principales recursos locales, «es decir, las tierras más productivas, infraestructura, bancos biológicos, reservas naturales ricas en recursos estratégicos, agua, entre otros recursos de primera necesidad para el capital».
Los estudiosos Onésimo Hidalgo y Gustavo Castro han documentado en su obra «Población desplazada en Chiapas», que en de Chiapas hay abundantes reservas de petróleo, gas natural, oro, plata, cobre, plomo, zinc, aluminio, sílice, hierro y uranio.
Grupos armados en Chiapas
El ambientalista Gustavo Castro Soto, coordinador de la asociación civil Otros Mundos, dio cuenta de al menos 31 grupos armados en territorio chiapaneco, en 1998. Algunas de esas agrupaciones persisten hasta la actualidad, de otras más no hubo más avistamientos por lo que se cree, se diluyeron.
A juicio del activista, para 1994 se conocían dos grupos, «Los Aguilares» y la Ocopech. En 1995 aparecieron otros tres: «Paz y Justicia», «Chinchulines» y Alianza «San Bartolomé de los Llanos». En 1996 surgieron «Máscara Roja», «Los Chentes» y «Justicia Social». Al año siguiente, proliferaron siete: «Chenalhó» (los responsables de la masacre de Acteal), Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Organización Clandestina Revolucionaria (OCR), «Amatenango de la Frontera», «Simojovel», «Frontera Comalapa» y «Chicomuselo».
En 1998, se informó de 12 más: «Los Tomates», «Los Puñales», «Los Plátanos», «Los Quintos», «Los Carrancistas», «Frente Civil», «OCOPECH», «OPDDIC», «Tenejapa», «La Trinitaria», «Nicolás Ruiz» y «Chamula». Suman 31 si se consideran cuatro grupos que ya no tienen influencia pero otros centros de derechos humanos aún los contemplan en sus registros: «Los Degolladores», en San Juan Chamula; «Tomás Muntzer» en Ocosingo, «Primera Fuerza» en Chenalhó y los «Tzintzines» en Yajalón.
Castro Soto refirió en su artículo que data del 29 de diciembre de 1998, que los grupos armados y paramilitares denunciados hasta ese momento tenían influencia en al menos 37 municipios de la entidad: Altamirano, Amatenango de la Frontera, Bochil, Berriozábal, Cancuc, Comitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, Frontera Comalapa, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Palenque, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Oxchuc, Pantelhó, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés, Simojovel, Sitalá, Suchiate, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa, Tumbalá, Tzimol, Venustiano Carranza y Yajalón. Es decir, el 33 por ciento de los municipios de Chiapas.
Últimos avistamientos
En abril del año pasado, el periodista José Gil Olmos —en su trabajo «Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas» (Proceso)— comentó que la lucha por plazas estratégicas emprendida por «Los Zetas» en territorio chiapaneco, se sumaba al resurgimiento de los grupos paramilitares «Paz y Justicia», «Los Chinchulines» y MIRA, como evidentes señales de descomposición durante el gobierno de Manuel Velasco Coello.
«En el Norte, Los Altos y la frontera de Chiapas con Guatemala se desató una pelea entre grupos del crimen organizado de la que muy pocos quieren hablar. Se trata de zonas a las cuales ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mete, pues las bandas criminales se han fortalecido al fundirse con paramilitares e integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)», se lee en el reportaje.
Ahí, Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (DH-DO), declaró haber observado que, a partir de las elecciones municipales en las que el PVEM se llevó 57 de las 122 alcaldías en disputa, la presencia de grupos paramilitares repuntó e identificó a otros diferentes a los que Gil ya había mencionado, como «Los Diablos», «Los Gómez» y «Los Petules».
La investigación periodística también cita declaraciones del párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Blas Alvarado Jiménez, coordinador regional de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limeddh), quien advirtió que Manuel Velasco quiere ocultar a los paramilitares por convenir a sus aspiraciones presidenciales.
«El 1 de enero de este año, el Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» denunció que el PVEM está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila y Sabanilla (norte de Chiapas), municipios que ganó en las elecciones de junio de 2015″, consignó Gil Olmos en su trabajo.
Desertor de paz y justicia
En enero de 2014, el portal noticioso SinEmbargo publicó el testimonio de un activista defensor de los derechos humanos, Rogelio Rueda, quien atestiguó las declaraciones de un elemento desertor del grupo paramilitar «Paz y Justicia», quien pedía protección a cambio de información.
El exparamilitar fue identificado como Armando Díaz, quien llegó en 2004 a las puertas del Frayba arrepentido de las atrocidades de las que había sido partícipe. Rueda filmó las sesiones que se llevaron a cabo en presencia de abogados. Según su relato: «Armando no dijo nada que no supiera el Frayba, sin embargo, su testimonio era muy valioso porque provenía de alguien que había participado directamente en los hechos, además corroboraba todas las denuncias, todos los horrores y estaba dispuesto a testificar ante los tribunales».
Enviado por el padre Heriberto de la iglesia de Tila, en la zona Norte de Chiapas, Díaz se acercó al centro de defensa de derechos humanos y reveló su cargo dentro de la agrupación a la que había pertenecido, era comandante; también proporcionó nombres de coordinadores y lugares de origen, como Tila y Sabanilla, al igual que dio a conocer casos de violencia que databan de 1998 hasta esa fecha.
Al respecto, Rueda narró: «Recuerdo en particular el plagio de una niña de 13 años llamada Minerva Guadalupe, secuestrada por un comando de 40 miembros de Paz y Justicia. La niña vivía en una comunidad, era simpatizante de los zapatistas; ella no era activista ni nada, tan solo era una niña.
«Se la llevaron, la tuvieron en casa de Armando Díaz donde los paramilitares la violaban sucesivamente, día y noche. Después de tres días la llevaron al campo donde la ejecutaron a balazos; después con machetes la desmembraron y la metieron en una bolsa de plástico que arrojaron al fondo de una cueva. En el Frayba se conformó un equipo para seguir el caso. Fuimos a la cueva y encontramos los restos de la niña».
Por último, declaró a que aunque el Frayba convirtió a Armando Díaz en testigo protegido y planeó llevarlo hasta Washington para que compareciera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que el abogado Pedro Faro y el exparamilitar llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México —procedentes de Tuxtla Gutiérrez—, las autoridades los interceptaron.
Por una presunta confusión de homonimia, el abogado Pedro Faro fue detenido y llevado por la policía que buscaba a un narcotraficante. Perdieron el avión y Armando Díaz nunca dio su testimonio.
