El auditor superior del estado, Alejandro Culebro, explicó por qué sólo se han realizado 25 denuncias penales en contra de exalcaldes en este año, así como el incumplimiento de los ayuntamientos de la entidad, que desde un principio han demostrado poca legalidad y transparencia
Esmeralda Fonseca / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]uego de que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) diera a conocer en febrero pasado las 25 denuncias penales en contra de igual número de exalcaldes, por encontrar diversas irregularidades en sus cuentas públicas 2013-2014, quedaron dudas. El auditor superior del estado, Alejandro Culebro, explicó sobre el incumplimiento de los ayuntamientos de la entidad, que desde un principio han demostrado poca legalidad y transparencia.
Por la mañana de este miércoles, el director de la OFSCE fue entrevistado vía telefónica por Carlos Fabre, en el programa «Los Supirantes 2018» del canal de televisión Público y Privado. La primera duda a resolver fue sobre el escaso número de denuncias penales.
Culebro refirió que desde que preside la institución se han realizado más de 70 denuncias penales. No obstante, sobre las otras que se han hecho expuso que, respaldado por la ley, no tiene permitido «comentar, y no puedo fallar o desvirtuar un proceso o procedimiento penal por el debido proceso que también deben de tener los presuntos responsables».
Además, sostuvo que las denuncias que se han presentado bajo su mando, no sólo hay en contra de presidentes municipales, «sino también de servidores públicos como directores de obra o extesoreros que también formaron parte de la administración y que en su momento se comprobó un presunto daño al erario público».
Agregó que hay casi 80 denuncias penales en proceso, las cuales obedecen a las cuentas públicas del año 2012 pero hay algunas que del 2010. Explicó que para comprender esta variación de años es necesario recalcar dos cuestiones; la primera corresponde a la obligación que tienen los presidentes municipales y su cabildo de entregar la cuenta pública, la cual sirve como avance de sección que les permite conocer en tiempo real la forma en que se dispone del recurso público.
«A partir de esa información y de ese análisis que tenemos de la cuenta pública, hacemos nuestra planeación de auditoria», comentó Culebro. «Y hago un paréntesis, por ley –hasta ahora se va a cambiar por el nuevo sistema estatal anticorrupción– auditamos la cuenta pública del año anterior, es decir, ahorita estamos terminando las auditorias y comprobación del año 2016».
Lo anterior porque desde esa administración municipal fue «el primer año completo que tiene presidentes municipales, porque en 2015 estuvieron de octubre a diciembre, que también tienen observaciones en ese periodo. Sin embargo, ahorita en el proceso de auditoria estamos en el 2016, un año atrasados, y eso no es un tema del órgano de fiscalización sino que pero es por ley, incluso así pasa en la Auditora Superior de la Federación».
A su vez, mencionó que cumplir la obligación de entregar la cuenta pública no significa que los representantes de los ayuntamientos hayan gastado de manera correcta el recurso, esto porque muchos de ellos suponen que al hacerlo y al obtener «el sello de recibido del órgano los exime de toda responsabilidad, no es cierto, recibimos la cuenta público y a partir de ahí hacemos el análisis para poder auditar el año siguiente», afirma, Culebro.
Por lo tanto, los alcaldes tienen la obligación de dar a conocer la cuenta pública de forma trimestral, como lo indica la ley, de no hacerlo son acreedores a una sanción económica; pero si no realiza la entrega anual, entonces son merecedores de una denuncia penal.
La segunda cuestión trata sobre las observaciones derivadas de la auditoria. En el proceso actual, el auditor expuso que una vez que hacen llegar el informe al Congreso del Estado, los municipios tienen 45 días hábiles para poder solventar estas observaciones. «Entre esta y en dos semanas más se van a cumplir los 45 días, porque son notificaciones, no es una fecha límite para todos los municipios, van cambiando de acuerdo como van recibiendo las notificaciones».
En cuando al gran número de municipios y entidades públicas de las cuáles el órgano público tiene que auditar, revisar y fiscalizar, se le preguntó por la capacidad del ente que encabeza.
«Somos el órgano de fiscalización a nivel nacional que más municipios y entes audita, estamos hablando de que hacemos al año 270 auditorías, incluyendo universidades, dependencias, entidades, etcétera», sostuvo. Y recalcó que «ahora, la diferencia de hace un años es que no sólo nos preocupamos de la cobertura sino en la calidad de las auditorias. Estamos siendo muy focalizados en los temas».
Por último, Carlos Fabre mencionó las consecuencias de la falta de compromisos del alcalde de la ciudad capital, Fernando Castellanos, como el problema de basura que vive la entidad.
Ante esto, Culebro mencionó que «son temas que al final lo que quiere la ciudadanía es que se resuelvan y el órgano de fiscalización tiene que contribuir a que los impuestos que pagan los ciudadanos y ciudadanos chiapanecos se ven reflejados en un buen ejercicio del gasto público»; esto se puede lograr mientras se hagan eficientes las auditorias, «y en un tema preventivo, evitaremos que los servidores públicos desvíen el recursos».
Por la tarde de ayer, en el programa «Tres de Tres» del mismo canal televisivo, el auditor comentó que sólo en el tema municipal tienen 400 expedientes sustanciados, 933 expedientes concluidos y pendientes 270. «Es un mundo de expedientes, no quiere decir que somos omisos, sino que es un procedimiento que se lleva tiempo y que tenemos que mejorarlo para hacerlo más eficiente», indicó.
Los 25 exalcaldes denunciados
Entre las diversas irregularidades que se encontraron en sus cuentas públicas 2013-2014 están los conceptos de obras inconclusas, pago excesivo de proyectos, adquisiciones pagadas no suministradas, erogaciones improcedentes, faltas en la entrega de documentación comprobatoria de egresos y otras. El monto que los exmunícipes no comprobaron va de los 3 millones 800 hasta 210 millones de pesos.
Se trata de ediles surgidos de diferentes partidos políticos; una decena de ellos del Verde Ecologista, nueve del tricolor, cuatro del Sol Azteca, uno del Nueva Alianza y otro del blanquiazul.
Los ayuntamiento que ya tienen denuncia penal este año por las cuentas públicas del 2014 son los municipios Escuintla, Mezcalapa, Acala, Acapetahua, Sabanilla, Ángel Albino Corzo, Copainalá, Panthelhó, Tenejapa, Mapastecpec, Tecpatan y Escuintla, a los últimos tres se les suma la cuenta del 2013.
En agosto de 2016, el auditor del estado ya había dado a conocer una serie de llamados a más de 300 funcionarios; las multa iban entre 500 y mil salarios mínimos, y se aplicaba omisión por parte de los inculpados podría ser el doble.
El OSFCE, ¿qué?
Es una Institución dotada de autonomía técnica y de gestión, orientada a revisar y fiscalizar la cuenta pública del estado y los municipios, así como de sus entes públicos, bajo las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas y demás disposiciones aplicables.
Otra de sus funciones es conocer sobre el origen y aplicación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, con el fin de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e informar con veracidad, imparcialidad y oportunidad al Congreso del Estado y a la sociedad, en los términos de la legislación vigente.
