Realmente lo que busca el Senado de la República y el PAN es restringir el acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad, a los espacios de toma de decisión
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Los argumentos del Partido Acción Nacional (PAN), del Senado de la República, y de los actores políticos que están en contra de la paridad de género en gubernaturas, son ideas patriarcales disfrazadas de defensa de la constitucionalidad, afirmó la exmagistrada electoral, Carmen Alanis Figueroa.
La abogada aseguró que quienes se oponen al acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que obliga a los partidos políticos a postular a mujeres en 7 de las 15 gubernaturas que tendrán elecciones en 2021, en realidad quieren restringir las el acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad, a los espacios de toma de decisión.
El pasado 10 de noviembre el Senado y el PAN impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo aprobado por el INE el 6 de noviembre. Sin embargo, la experta en derecho electoral señaló que suman 9 impugnaciones ya que un partido local de Baja California y seis aspirantes a candidaturas también han presentado juicios en contra de los lineamientos.
En el foro virtual «Diálogo por la Paridad», que organizó la red «Mujeres en Plural», Alanís Figueroa recordó que este principio constitucional tiene sustento en jurisprudencia del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órganos que ya se han pronunciado a favor de la paridad en cargos unipersonales como las presidencias municipales.
Agregó que el debate que en próximos días sostendrá la Sala Superior del TEPJF será relevante porque además se suman dos recursos más: un juicio de una organización civil que busca ampliar el acuerdo del INE para que las 15 candidaturas sean de mujeres y un Amicus Curiae impulsado por «Mujeres en Plural» y la red «Nosotras Tenemos Otros Datos», y firmado por 600 organizaciones y mil 423 personas en lo individual.
Partidos siguen buscando candidatos hombres
Al respecto, la priista y presidenta de la organización «50+1» en el estado de Oaxaca, Mariana Benitez Tiburcio, señaló que en el país solo nueve mujeres han sido gobernadoras, por ello aseguró que la casi inexistente participación de éstas es alimentada por prácticas patriarcales, acuerdos cupulares de los partidos políticos, y violencia política, lo que las ha condenando a desistir o posponer su deseo de participar.
Los lineamientos del INE, dijo, buscan cumplir con un acuerdo constitucional para que prevalezca la paridad. Recordó que el organismo es la única autoridad facultada para desarrollar una metodología para cumplir con este principio.
La exdiputada federal consideró que la paridad debe garantizarse sin distinguir si se trata de un cargo unipersonal o colegiado porque la Constitución no contempla ninguna excepción a este principio legislado desde 2014 y robustecido con una reforma en 2019; por tanto coincidió en que los argumentos del PAN y del Senado son endebles.
Por su parte, la doctora en Derecho, Leticia Bonifaz Alfonzo, agregó que ninguna victoria es definitiva, por eso dijo que no sorprende que después de escuchar los discursos de todos los partidos a favor de la reforma constitucional de «Paridad en Todo», aprobada en 2019, ahora las mujeres se enteran de que «en todo» no abarca a las gubernaturas.
Bonifaz Alfonzo, quien hace unos días fue electa como experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, agregó que a pesar de que hace 101 años las mujeres exigían el derecho al sufragio, sólo nueve mujeres han gobernado, lo que implica que los partidos políticos siguen buscando candidatos hombres a pesar de tener mujeres capacitadas.
La abogada señaló que las acciones para lograr la paridad, que van a afectar a un grupo de personas temporalmente, en este caso a hombres que no van a ser nominados, no constituyen discriminación y criticó que los partidos llevan años recibiendo financiamiento público para capacitar y formar liderazgos de mujeres. Es decir, dijo que los partidos ya deberían estar viendo cómo cumplir con las candidaturas.
INE no legisló; interpretó la Constitución
Al participar en este foro, el director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Jose Luis Caballero Ochoa, dijo que el INE es garante de los derechos y el artículo 35 constitucional es claro al señalar que la ciudadanía tiene derecho a ser votada, en condiciones de paridad, a todos los cargos de elección popular, por tanto la autoridad electoral interpretó esa norma.
Sin embargo, expuso que las impugnaciones indican que la Constitución no se aplica de forma directa, con lo cual no coincidió. El académico aseguró que los preceptos de la Carta Magna no sólo se bajan a legislaciones secundarias, también se interpretan en relación con un bloque de derechos y se aplican. Agregó que la paridad es una medida para sacar a un grupo de la infra-representación de un cargo como las gubernaturas.
En su oportunidad, el maestro en derecho, Santiago Corcuera Cabezut, mencionó que no se puede alegar que la paridad sea una restricción a los derechos de los varones , «quien afirma esta necesita ir al psicólogo», dijo. El académico de la Universidad Iberoamericana señaló que la Constitución ya establece la prohibición de la discriminación en razón de sexo o género, por tanto el acuerdo del INE es constitucional porque beneficia aun grupo cuya participación política está rezagada.
Explicó que la paridad no tiene por objeto menoscabar los derechos de los hombres sino balancear la situación y acelerar la participación de las mujeres. Corcuera dijo que este principio no se puede entender como discriminación hacia los hombres sólo porque los políticos se sienten ofendidos porque les están quitando su espacio de poder.
En el encuentro también participó el ministro en retiro, José Ramon Cossío Diaz, quien consideró que los artículos 35 y 41 constitucional indican que debe prevalecer la regla general de paridad en todos los cargos. Además, señaló que en el decreto publicado en junio de 2019 con la reforma sobre «Paridad en Todo», incluye un artículo transitorio que estableció que para 2021 ya deberían existir las condiciones para hacer posible la paridad.
Por tanto, Cossío dijo que quienes están en contra de las medidas acordadas por el INE están generando «un problema gigantesco» donde no lo hay. Para el abogado, se trata de un problema auto-generado, de acomodos políticos y de un falso dilema porque es muy claro que la Constitución establece que los partidos deben postular candidatos a las gubernaturas en condiciones de paridad.
Monreal causó un debate sin sentido
Con estas exposiciones coincidió la abogada Patricia Olamendi Torres, quien señaló que los argumentos de las impugnaciones son «misoginia y machismo» y sin fundamentos de peso. Dejó ver que este debate se trata de una discusión sin sentido causada por el enojo del senador morenista Ricardo Monreal, quien desde el primer momento se manifestó en contra del acuerdo sobre paridad en gubernaturas.
Olamendi Torres destacó que el INE generó las medidas que no desarrollaron los actores políticos, por esa razón este 17 de noviembre un grupo de mujeres presentó un documento con argumentos jurídicos para respaldar el acuerdo del INE y asegurar la igualdad en la participación política del próximo proceso electoral. Señaló que las mujeres en México han construido su ciudadanía y así lo seguirán haciendo.
Finalmente el abogado Emilio Rabasa destacó que sin acciones afirmativas no se hubiera logrado aumentar la presencia de mujeres en ayuntamientos, congresos locales y Congreso federal. Expuso que las reformas y movilizaciones de mujeres fueron necesarias para hacer posible una nueva realidad, por tanto afirmó que el pronunciamiento del INE se justifica desde un punto de vista social y político.
Las y los panelistas coincidieron en que ni siquiera es necesario tener una legislación secundaria en materia de paridad para que los partidos políticos cumplan su obligación y postulen mujeres como candidatas a las gubernaturas; y señalaron que ningún acuerdo político puede usarse para no atender esta disposición constitucional.
