De acuerdo con el testimonio del defensor de la organización Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Nathaniel Hernández, en los recorridos que ha realizado para documentar lo ocurrido en Tonalá, ha encontrado que diversos pueblos de su municipio, y del vecino Pijijiapan, no ha llegado esta dependencia a recabar información ni explicar el procedimiento de los censos
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]a mayoría de las personas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre que habitan en las distintas comunidades de Chiapas viven y duermen en la calle o en los albergues. Este es el escenario desde aquel trágico suceso, que se agrava con la desatención del gobierno estatal que no sólo no ha llevado ayuda sino que ni siquiera ha llegado a evaluar daños.
El defensor del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Nathaniel Hernández, en entrevista para el portal noticioso Vice, relata que en los recorridos que ha realizado para documentar lo ocurrido ha encontrado que en distintas localidades de Tonalá y Pijijiapan no se ha tenido presencia de las autoridades de Protección CIvil (PC), ni mucho menos de la Secretaría de Salud, para recabar información o explicar el procedimiento de los censos.
Portavoz, en su edición 258, denunció el mal desempeño de las dependencias ante dicha situación. Con base en el informe de acciones realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una de las quejas más frecuentes de las y los habitantes de Pijijiapan era que en el lugar solamente 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban acciones de remoción de escombros y reparto de despensas a la población damnificada, lo que retrasaba y obstaculizaba la atención.
Evidenciar este tipo de incidencias ha traído problemas a algunos de los integrantes de la organización, quienes han sufrido represalias, tal como le ha ocurrido a diversos brigadistas y activistas críticos en otras partes del país.
Por ejemplo, en la madrugada del pasado 2 de octubre, personas ingresaron al domicilio de la concejal indígena, Guadalupe Núñez Salazar, quien es también integrante del centro Digna Ochoa y del Congreso Nacional Indígena.
Dos días después, esta organización denunció actos de intimidación por parte de agentes de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, después que realizaran un recorrido con periodistas por las zonas afectadas.
«Me parece que les causa molestia; para que no evidenciemos las omisiones en las que han incurrido», sospecha Hernández.
Respecto a esta indiferencia, Nathaniel asegura: «esto se vuelve cada vez más crítico porque llegamos al mes del sismo»; y expone que la ayuda se está politizada: «Han surgido figuras políticas que llegan a las comunidades a dar ayudas condicionadas. Para que te den alguna despensa o apoyos de construcción les piden documentos o con credencial de elector o los hacen firmar formatos o son selectivos».
Asimismo, explica que la ayuda no debería ser paternalista ni asistencialista, sino organizada y coordinada con las comunidades perjudicadas.
Agregó que para llevar a cabo esta acción, es necesario que las autoridades responsables realicen recorridos y hablen de primera mano con la gente sobre la situación real y la necesidad inmediata.
El defensor también menciona que se requiere del trabajo en equipo de los pobladores para lograr que las viviendas se pongan de nuevo de pie.
«Empezar el proceso de la reconstrucción en la lógica de la participación de las comunidades. Que se involucren en los trabajos y construyan sus propias casas. Así den su tiempo para que sea fácil y se ayuden unos con otros», opinó.
Para esto, el centro de derechos humanos Digna Ochoa está solicitando la ayuda nacional e internacional, además de apoyo de especialistas y técnicos de la sociedad civil que puedan aportar sus conocimientos para elaborar formas de construcción más resistentes, ya que las casas en Tonalá son de adobe, tejado de madera con teja o de palma.
Buscan otras opciones para reconstruir
De acuerdo con Nathaniel, las y los habitantes han pensado en reconstruir sus casas con materiales tradicionales de la región, ya que «el trabajo con palma, mangle, madera y adobe reduce los costos porque la gente tendría que ir a buscar los materiales».
Asimismo, el activista comenta que en su recorrido por las comunidades afectadas, percibió que varias casas construidas con adobe soportaron los embates del sismo, lo único que se agrietó fue el cemento colocado sobre el adobe.
Esta es la razón por la cual promoverán el uso de materiales de la región reforzados para hacerlos más seguros y que puedan resistir sismos como el del 7 de septiembre.
Según Vice, el 26 de septiembre, decenas de organizaciones, entre las que se encontraban despachos de arquitectos, lanzaron el comunicado «Por el derecho a construir con tierra», en el que reivindican el derecho de los afectados a construir de acuerdo con los materiales de su región.
El defensor cuenta que «la gravedad de la situación es que mucha gente sigue viviendo en sus casas porque el estado ha sido incapaz de plantear un refugio donde las personas no sólo vayan, sino que guarden sus pertenencias. La situación es cada vez más complicada por la lluvia, porque las casas se ablandan, se hacen más frágiles».
