A casi seis meses de que el periodista Vinicio Portela Hernández presentara ante el Congreso del estado la propuesta ciudadana de reforma de ley para tipificar los delitos contra la libertad de expresión, ésta sigue sin ser revisada para su aprobación
Portavoz Staff
[dropcap]A[/dropcap] más de cinco meses de haber sido presentada ante el Congreso del Estado la iniciativa ciudadana de reforma de ley para tipificar los delitos contra la libertad de expresión, por el periodista Vinicio Portela Hernández, ésta no ha sido estudiada.
«Diputados, ¿cuántos periodistas tienen que morir para que ustedes legislen los delitos contra la libertad de expresión?», así comenzó la firme protesta de Vinicio ante la audiencia de la sesión ordinaria de dicho parlamento.
Lo anterior, luego que el pasado 27 de noviembre fueran agredidos cuatro fotoperiodistas por parte de seguidores del dirigente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Julián Nazar Morales.
En el video que el periodista transmitió en vivo desde su cuenta de Facebook, se dirige en concreto al titular del poder legislativo del estado, Willy Ochoa; no obstante, hizo caso omiso al reparo.
«Ignorar y voltear la cara y hacer como no pasa nada, diputado, es ignorar un tema que es terrible para la sociedad. ¿Quieren que mueran periodistas?, sigan ignorando esta ley que propusimos los periodistas», sostuvo.
Con las palabras «acepten la petición» pronunciadas de forma continua y que irrumpían la sesión, hicieron responder al diputado:
«Para poder ilustrar un poco a esta asamblea y con compresión del ciudadano que está haciendo uso de la palabra, se le comenta que este poder legislativo no puede tener por norma y reglamento, discusión y diálogo con la audiencia; sin embargo, se le comunica que terminando la sesión, esta presidencia de la mesa directiva atenderá de manera personal, como se ha hecho en todas y cada una de las sesiones, las peticiones de los ciudadanos».
El periodista fue entrevistado por el medio Plataforma Noticias, para conocer si estaba conforme con la respuesta que le dio la mesa directiva de Willy Ochoa al finalizar la sesión.
«No, por supuesto que no estoy conforme. Cuando quieres dilatar algo, haces una mesa, después haces un acuerdo, después convocas un diálogo, después convocas un foro, y esto solamente está jugando al cansancio, los diputados están haciendo eso», expuso Vinicio.
También dijo que el gremio periodista cuenta con muchos derechos que van desde el nivel internacional hasta el nivel local; no obstante, no existen sanciones hacia quienes los agredan o violenten.
«Tenemos todo (…), pero no tenemos ni una garantía, o sea se nos puede violentar nuestro derecho y no hay nada que pueda hacer que se cumpla con ello; no hay un castigo para el que violente la libertad de expresión, no solamente para los periodistas sino para los ciudadanos», señaló el periodista.
El mensaje que emitió a Willy Ochoa en dicho medio fue que «atienda y que siente también a Eduardo Ramírez, que siente también a Carlos Penagos y a todos los diputados para que se legisle sobre este caso. No voy a dar un paso atrás sobre esta situación; se tiene que legislar en contra de los delitos de libertad de expresión».
Fue el pasado 5 de junio cuando la iniciativa fue presentada, la cual hace adiciones a los artículos 494 y 71 quintus del Código Penal del Estado de Chiapas del Título Vigésimo Octavo, Delitos Contra la Libertad de Expresión y de Información.
Artículo 494. Se impondrá prisión de cinco a 10 años y multa de 200 salarios, a quien por sí o por interpósita persona violente por cualquier medio la libertad de otra de expresar y difundir opiniones, información e ideas, y de buscar, recibir y difundir información de interés público. La pena establecida deberá aumentarse al doble cuando la ejecución del delito la realice un servidor público.
Artículo 71 Quintus. Cuando los sujetos pasivos del delito sean Periodista o Colaborador Periodístico; en términos del Artículo 3, fracción I y II de la Ley de Derechos para el Ejercicio Periodístico en el Estado de Chiapas; y en la ejecución del delito se emplee violencia moral, psicológica, verbal, económica o cualquier otro tipo de violencia, la pena establecida deberá aumentarse en una tercera parte de la que le corresponda del delito que se trate; y en una mitad más, cuando en la ejecución del delito se emplee violencia física.
