Si los partidos políticos en Chiapas renunciaran al 100 por ciento del financiamiento público y lo destinaran a la reconstrucción, apenas aportarían el 4 por ciento de lo necesitado
Portavoz Staff
[dropcap]S[/dropcap]i a nivel estatal, los partidos políticos renunciaran al monto de financiamiento público que ha estipulado el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), y se otorgara para la reconstrucción tras los sismos, se cubriría apenas el 4 por ciento de lo que se requiere, aproximadamente.
En enero de 2017, esa instancia aprobó un recurso de 157 millones 036 mil 491 pesos, para el sostenimiento anual de las actividades ordinarias permanentes de los institutos políticos con registro en Chiapas. No obstante, fuentes del gobierno estatal revelaron a El Universal que se requerirán por lo menos 4 mil 500 millones para los trabajos de restauración a implementar como consecuencia de este septiembre tembloroso.
La cifra para resarcir los daños tras el terremoto con magnitud de 8.2 registrado el 7 de septiembre (más los que las réplicas han generado) es por mucho superior a la asignada a los partidos. Para igualarla, tendría que contarse —más o menos— con 28 veces el monto de las prerrogativas a nivel estatal.
Evaluación de daños
Sólo para vivienda se estiman necesarios 3 mil millones de pesos puesto que en la entidad se contabilizaron 58 mil 365 viviendas dañadas, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal.
Mientras que las autoridades estatales informan del colapso de alrededor de 12 mil de esas casas, Sedesol indica que son 5 mil 495 las consideradas como pérdida total; 11 mil 301 con daños parciales; y 41 mil más, con afectaciones menores sin que representen riesgo.
El subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Javier García Bejos, afirmó que —hasta los registros más recientes— se han derrumbado mil 100 casas; y que el 90 por ciento de las mayores afectaciones se localizan en 27 municipios pertenecientes a la región Centro, Frailesca e Istmo-Costa.
Aunque la Sedesol comunicó que el tránsito en las carreteras de las zonas afectadas ha regresado a la normalidad, según la información de las instancias estatales que ha sido retomada por El Universal, la infraestructura carretera de Chiapas registra 157 derrumbes y 125 agrietamientos y fisuras de caminos; de ellos, urge habilitar 50 pasos provisionales para reducir riesgos y mantener la comunicación.
«A la fecha, se han atendido 67 puentes agrietados, asentados y fisurados; 20 edificios públicos, 49 monumentos y templos históricos; además se han verificado y descartado daños en ocho unidades médicas en proceso de construcción, dos espacios públicos y tres edificios públicos», se dio a conocer.
Respecto a los trabajos emergentes en inmuebles públicos, caminos y puentes, la fuente gubernamental habló de que se calculan necesarios mil 500 millones de pesos; se trata de una cifra inicial que será actualizada al concluir la evaluación.
Además, de acuerdo con el Plan Nacional de Emergencia se gestionan recursos para 349 expedientes de daños en caminos y carreteras que afectan 120 comunidades, para lo que se requieren 136 millones de pesos. A ello se suman los 55 millones de pesos necesarios para habilitación de los servicios de agua potable y alcantarillado en 22 municipios.
Las autoridades estatales puntualizaron que los trabajos emergentes no se han detenido desde los primeros estragos del sismo, y se reforzarán con la aplicación de los apoyos de los fondos de Desastres Naturales; y de Aportación de Infraestructura Social, así como recursos provenientes del gobierno local.
Para El Economista, García Bejos admitió que si bien se espera que el recurso monetario comience a fluir para acelerar los trabajos, aclaró que «el avance en la reconstrucción de las zonas afectadas dependerá del trabajo que realicen los mismos pobladores de las localidades».
Riesgos de donar prerrogativas
Ante la demanda ciudadana que en redes los usuarios bautizaron con el hashtag #PartidosDenSuDinero, diversas fracciones políticas comenzaron a pronunciarse. El jueves pasado, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) elevó la cifra al aseverar que el sábado propondrán que se destine el 50 por ciento del gasto de campaña (federal) para 2018, en apoyo a damnificados; se hablaría de una cifra superior a los 80 millones de pesos.
El Frente Amplio —conformado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (MC)— dobló la cifra y pidió mediante un video difundido el 22 de este mes, que sea el 100 por ciento del dinero presupuestado el que se destine en ayuda.
«El dinero no debe provenir de los impuestos que paga la gente. Debe provenir de las aportaciones voluntarias de nuestros militantes y simpatizantes», le se oye decir a Dante Delgado, coordinador de MC, en el material audiovisual.
En entrevistas separadas para Excélsior, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama y Jaime Rivera, pidieron a los partidos no poner en riesgo la democracia y las campañas por renunciar a sus prerrogativas a fin de entregarlas a la reconstrucción de los lugares dañados por los sismos.
Murayama consideró que ya no es tiempo para «improvisaciones», sino para organizar los comicios y con eso se contribuirá a la normalidad democrática. Opinó para el medio nacional que la emergencia social por los terremotos debería de dar lugar a reflexiones serenas, porque si no hay financiamiento público, quiere decir que será con dinero privado y en una economía como la nuestra tiene problemas secundarios y sería privatizar las campañas.
«Lo peor que le puede pasar a México, además de los daños que ha causado estos desastres naturales, es que tengamos un daño a nuestra institucionalidad democrática», declaró Rivera.
Por su parte, en entrevista para Portavoz, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Chiapas, José Luis Vázquez declaró que la petición ciudadana sí es posible pero, aclaró, si los partidos tienen la disposición de donar sus prerrogativas a las víctimas y se consigue la vía legal para hacerlo. Hay que remarcar: son las fracciones políticas las que así deben expresarlo y buscar la vía legal para hacerlo; nadie más.
No obstante, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, ya se ha apuntado para quitarle las prerrogativas a los institutos políticos sin que hasta el momento, ningún representante de estos a nivel estatal se haya pronunciado a favor de renunciar al financiamiento público.
De prosperar la iniciativa —si es que se presenta— de legislar el Código de Elecciones y Participación Ciudadana (para lo que ya no hay tiempo), se contravendría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ya lo advirtió la especialista en finanzas y columnista de «Crónica», Rosa Gómez Tovar, en su artículo «Financiamiento y constitucionalidad» (publicado en febrero de este año): «En sintonía con las sentencias de la máxima autoridad judicial, las legislaciones electorales locales no pueden desviarse de lo establecido en la Constitución Federal ni en la LGPP. De ahí que, si se busca reducir el financiamiento público a los partidos políticos, necesariamente debería pasar por reformar nuestra Constitución. Esto es, que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras, apruebe por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes la reforma y que 17 legislaturas de los estados también la aprobaran».
Es la segunda vez que el Congreso local intenta, mediante una reforma que a todas luces será improcedente a nivel federal, quitarle las prerrogativas a los partidos políticos bajo el pretexto de que se trata de una demanda ciudadana. ¿Por qué, en este contexto chiapaneco, es una propuesta que debe preocupar a los ciudadanos? Sin prerrogativas, aumenta el riesgo de elección de Estado.
Arturo Moo Cahuich, columnista del portal electrónico Página Abierta, comentó en una de sus entradas que la elección de Estado se caracteriza por todo el respaldo económico y político que otorga y articula el Poder Ejecutivo en favor de su preferido. Sin el financiamiento público, la maquinaria política se volcaría para favorecer a determinado partido político, una posibilidad latente si se piensa que ya se tienen bien identificados aquellos institutos menores que sirven como «satélites» del que está en el poder.
