El Congreso estatal aprobó unánimemente la reforma constitucional que aborda la igualdad de género, la erradicación de la violencia y la brecha salarial, destacándose la creación de fiscalías especializadas
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En una histórica sesión ordinaria, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un proyecto de decreto que reforma y adiciona varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aborda la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de buscar la erradicación de la brecha salarial por razones de género. “Es un paso firme hacia un México más justo y equitativo para las mujeres”, afirmó la diputada Flor de María Guirao Aguilar.
La reforma llega en un contexto en el que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 47% de las mujeres en México ha enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y la brecha salarial sigue siendo una realidad palpable: en promedio, las mujeres ganan un 14% menos que los hombres por trabajos equivalentes. La diputada Wendy Arlet Hernández Ichin subrayó que “esta reforma es integral y busca garantizar que las mujeres tengan oportunidades reales y equitativas”.
Además de abordar la igualdad salarial y la eliminación de la violencia, la reforma contempla la creación de fiscalías especializadas en cada estado. Este nuevo organismo permitirá un enfoque más preciso y adaptado a las particularidades de cada región para garantizar la protección de los derechos de las mujeres. “Es vital que cada entidad tenga los recursos y la infraestructura para enfrentar estos desafíos”, señaló Alejandra Gómez Mendoza, quien enfatizó la necesidad de descentralizar los esfuerzos y llevarlos a las comunidades más alejadas.
La aprobación de la reforma no solo es una medida legislativa, sino un cambio de paradigma en el país. La diputada María Mandiola Totoricaguena de MORENA mencionó: “Este es un reconocimiento al largo camino recorrido por las mujeres y las organizaciones que han trabajado incansablemente por la igualdad. Es hora de que las palabras se conviertan en acciones tangibles”. La perspectiva de género y la inclusión son ahora más que un compromiso político; se reflejan como un deber constitucional.
En el debate, las diputadas de diversas bancadas coincidieron en que el nuevo marco constitucional también pone de relieve la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales para implementar políticas efectivas. Según un estudio de ONU Mujeres, los países con legislación enfocada en la igualdad de género muestran una reducción más rápida de la violencia contra las mujeres y una mayor inclusión en el ámbito laboral. “Esta reforma es un primer paso, pero el éxito radicará en la aplicación y seguimiento”, afirmó Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, representante del PAN.
La importancia de esta reforma no solo se refleja en su contenido, sino en el consenso político que logró unir a representantes de diferentes partidos. El compromiso por un México más inclusivo y justo ha quedado plasmado en un proyecto que ahora deberá ser implementado a nivel estatal y local para hacer realidad la promesa de una vida libre de violencia y equidad en oportunidades para todas las mujeres.
