El Estado mexicano en las últimas dos décadas ha dado un salto cualitativo al vincular sus normas y criterios con las disposiciones internacionales que promueven el principio de igualdad entre mujeres y hombres, como consecuencia, se han puesto en marcha políticas públicas dirigidas a transversalizar la perspectiva de género. La ausencia de oportunidades laborales es parte de una agenda pendiente.
La desigualdad económica de género tiene una de sus manifestaciones en el acceso a espacios de toma de decisiones en el sector público y el privado por los techos de cristal y suelos pegajosos. Alcanzar los objetivos de igualdad en cuanto al mérito y la capacidad en todos los niveles y puestos, requiere el establecimiento de una política de Estado que garantice la libertad de decidir dónde emplearse en condiciones de acceso equitativas.
El artículo 4° de nuestra Constitución dispone que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, mientras que el artículo 123 Apartado B Fracción VII, señala que en los Poderes de la Unión, la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes.
Las administraciones públicas tienen un papel relevante para impulsar el acceso a un empleo formal y a la promoción a puestos directivos. Deben crear estándares y criterios similares para el ingreso y establecer mecanismos que garanticen la estabilidad a partir del mérito, la capacidad y el esfuerzo, asegurar un pago acorde con la responsabilidad del cargo y promover un clima laboral adecuado.
Una aproximación a esta realidad nos la ofrece el IMCO que, en su reporte sobre mujeres en la Administración Pública Federal, encontró que la presencia de ellas al interior de las secretarías de Estado disminuye conforme se eleva el puesto y el nivel de ingresos; pese a que las mujeres tienen mayor nivel de escolaridad, persiste la desigualdad en los puestos. Resulta una ironía que el Estado no haga distinción de género a la hora de cobrar impuestos, pero sí lo haga en el ingreso, ascenso y permanencia en el servicio público.
La igualdad socioeconómica tiene en la discriminación estructural de las mujeres su principal obstáculo. Aun cuando el marco internacional ha sido claro en superar esas barreras debemos promover una Administración Pública incluyente.
Falta que se materialice en los hechos la reforma constitucional de Paridad en Todo, por lo que es importante reconocer las condiciones diferenciadas existentes entre mujeres y hombres. Contar con un Sistema Nacional de Cuidados coadyuvará a disminuir la persistente desigualdad de género en el sector público.
