La cruzada antiinmigrante de Donald Trump se intensifica con anuncios y promociones. Su administración ofrece ahora mil dólares a aquellos migrantes indocumentados que decidan salir voluntariamente del país y lo notifiquen a través de una aplicación. El dinero les será transferido cuando se encuentren de vuelta en su país de origen.
Esta nueva medida ocurre en medio de la indignación que sigue provocando el traslado de unos 200 migrantes a El Salvador acusados de pertenecer a una organización criminal venezolana sin que hubiera una decisión judicial que autorizara el envío. Al mismo tiempo se suceden los casos en California, Florida o Texas de separación de familias mediante la expulsión de la madre o el padre que deben abandonar a sus hijas e hijos.
La ofensiva antiinmigrante no ha dejado los números esperados. El gobierno norteamericano reporta la expulsión de 142 mil personas en sus primeros 100 días, muy lejos de la meta de un millón de deportaciones anuales. Las redadas tienen lugar en fábricas, edificios en construcción y centros de ocio como bares y discotecas.
Por su parte, el despliegue de efectivos militares y de la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos sí ha logrado disminuir los cruces irregulares. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2025 se detuvo a 35,241 personas de origen mexicano, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron detenidas 188,841 personas.
A finales de abril el presidente norteamericano firmó otra orden ejecutiva en materia migratoria que busca presionar a las llamadas ciudades santuario para que sus cuerpos de seguridad detengan a personas en situación irregular. Se estima que en toda la nación existen más de 500 ciudades y condados considerados santuario, que se resisten a cooperar con las agencias federales de inmigración.
Mediante la orden ejecutiva, Trump solicita al Departamento de Justicia la lista de estados y ciudades santuario y que emprenda acciones legales contra aquellas autoridades locales que se niegan a colaborar. La advertencia debe tomarse con seriedad luego de la detención por parte del FBI de una jueza de Wisconsin acusada de obstruir la detención de un migrante mexicano.
Las deportaciones forzadas sin el debido proceso y la confrontación con el poder judicial mantienen enfrentados a la Casa Blanca con decenas de jueces federales progresistas. Abundan los casos de migrantes que han sido detenidos con violencia, encerrados en centros de detención temporal sin acceso a abogados ni posibilidad de hablar con familiares, buscando mandar mensajes de miedo entre las comunidades.
Un caso reciente que ha sacudido a la comunidad cubana en Florida es el de Heydi Sánchez que vivía desde hace 5 años en Tampa. Heydi acudió a una cita migratoria de rutina, pero fue detenida y deportada en menos de una semana a La Habana, dejando atrás a su esposo y a su hija lactante de año y medio.
El estímulo económico a la autodeportación equivalente a 20 mil pesos puede resultar un fracaso. Habría que preguntarse qué persona se registrará en una aplicación para informar de su estatus como indocumentado con el perjuicio que eso puede acarrear a familiares o amistades cercanas, pues daría pistas de su ubicación, una medida que sería similar a la empleada por delatores fascistas.
