La PGJE debe aclarar si los directores, médicos y enfermeras del hospital cumplieron con el protocolo médico para atender a una mujer que presentaba complicaciones graves relacionadas con su embarazo
Redacción
[dropcap]A[/dropcap]lejandra Soriano Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que investigue la muerte de Yadira Adriana Santiago Gutiérrez, en el hospital regional «Rafael Pascasio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, para determinar si fue a causa de una negligencia médica.
Adriana Santiago, originaria de la capital del estado, ingresó a este hospital el 18 de febrero con un diagnóstico de muerte del producto de 24 semanas de gestación; tras una inducción de trabajo de parto, permaneció en terapia intensiva y luego en observación porque padecía una cardiopatía.
Sin embargo, su estado de salud requirió la atención de un cardiólogo que nunca llegó porque, según el personal médico, el único especialista en esta materia estaba asignado al nuevo hospital «Doctor Gilberto Gómez Maza», como lo señalaron sus familiares este miércoles en el Congreso del Estado, donde exigieron justicia por la muerte de la joven que ocurrió el lunes, 02 de marzo.
Soriano Ruiz expresó que esta muerte materna, resultado de una aparente negligencia médica, no debe quedar impune. La PGJE debe aclarar si los directores, médicos y enfermeras del hospital cumplieron con el protocolo médico para atender a una mujer que presentaba complicaciones graves relacionadas con su embarazo.
Recordó que la muerte materna por ineficiencia o malas prácticas del personal de salud debería ser un tema superado en Chiapas, sobre todo cuando se cuentan con suficientes leyes y códigos para garantizar a las mujeres servicios de salud de calidad y con un rostro humano.
La violencia obstétrica, dijo, ya es un delito en Chiapas, como resultado de una reforma al Código Penal del Estado de Chiapas, que castiga a los profesionales de la salud que den un trato deshumanizado a las mujeres desde el periodo de gestación hasta después del parto.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) detalló que la violencia obstétrica es cualquier acción que afecte directa o indirectamente los procesos reproductivos de las mujeres, y quien la cometa debe recibir una sanción de uno a tres años de prisión y hasta 200 días de multa. Además, la pena se incrementa si el acto causa daños físicos o la muerte, de acuerdo con los capítulos de lesiones y homicidio del citado código.
Si Yadira Santiago no fue atendida oportuna y eficazmente, o su muerte fue resultado de una mala práctica médica, las autoridades procuradoras e impartidoras de justicia deben aplicar la ley irrestrictamente para que los responsables sean sancionados y cumplan con la reparación del daño a los familiares de la víctima, puntualizó.
