Los organismos de defensa de los derechos humanos denunciaron que han tenido conocimiento de recientes amenazas y actos de hostigamiento en contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas por parte de personal del INM
Aquínoticias Staff
Ciudad de México, 7 de septiembre de 2021 – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llaman al Estado mexicano a garantizar condiciones adecuadas y seguras para que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan realizar su legítima labor de monitoreo, documentación y comunicación en el contexto del flujo migratorio en Chiapas.
La CNDH y la ONU-DH han tenido conocimiento de recientes amenazas y actos de hostigamiento que personas defensoras de derechos humanos y periodistas han sufrido por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y funcionarios públicos, como consecuencia de su legítima actividad monitoreando y documentando el flujo migratorio en Chiapas. La CNDH y la ONU-DH condenan estos actos de amedrentamiento y obstaculización de la labor que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realizan.
Ambos organismos llaman al INM, a la Guardia Nacional y a el resto de autoridades involucradas a garantizar que los compromisos del Estado mexicano, expresados públicamente, de respetar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas sean efectivamente implementados por su personal participante en los operativos migratorios. La actuación de los funcionarios públicos debe apegarse a la legalidad y los derechos humanos.
La CNDH y la ONU-DH recuerdan la importante labor que las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil realizan para garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a su paso por México. Entre estas labores destacan el acompañamiento y la atención directa a las personas migrantes y refugiadas, así como el monitoreo y documentación del flujo migratorio en Chiapas y de las violaciones de derechos humanos. Las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil han asumido parte de la respuesta humanitaria a la situación que desde hace tiempo se vive en la zona, realizando esta labor de manera imparcial e independiente.
Asimismo, destacan que la labor de periodistas y medios de comunicación resulta fundamental para dar a conocer a toda la sociedad la situación en Chiapas, la realidad que enfrentan las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas y el proceder de las autoridades. Esta labor ha sido fundamental para identificar posibles casos de violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades en las tareas de control migratorio que, incluso, afectarían a distintos grupos en situación de mayor vulnerabilidad como mujeres embarazadas y niños y niñas, entre otros.
En concordancia con lo expresado por diversos Órganos de Tratados de Naciones Unidas –también llamados Comités– la CNDH y ONU-DH reiteran la importancia de que las personas defensoras de los derechos humanos puedan actuar libremente y sin interferencias, intimidaciones, abusos, amenazas, violencia, represalias o restricciones indebidas. La creación de un entorno seguro y propicio, que incluye la promoción del respeto y el apoyo a las actividades de las personas defensoras de los derechos humanos, es fundamental para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Es necesario adoptar las medidas oportunas para proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal de las personas en movimiento y de quienes defienden los derechos de esas personas.
Finalmente, la CNDH y la ONU-DH llaman a las autoridades a garantizar que las políticas de control migratorio sean aplicadas con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, con independencia de su situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad, así como a víctimas del delito; todo ello en línea con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
