Diferentes organizaciones pidieron al órgano electoral buscar un mecanismo para asegurar que las y los aspirantes a una candidatura no tengan antecedentes ser agresores sexuales, deudores de pensión alimenticia o de ejercer violencia familiar
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México. A propósito del proceso electoral de 2021, diputadas federales, defensoras de los derechos políticos de las mujeres, la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y Las Constituyentes Feministas, llamaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a implementar un mecanismo para asegurar que las y los aspirantes a una candidatura no tengan antecedentes de ser agresores sexuales, deudores de pensión alimenticia o de ejercer violencia familiar.
La propuesta, conocida como «#3de3ContraLaViolencia», se construyó desde 2017 y se impulsó a partir de 2019, pero ahora, a propósito del 17 de octubre, fecha en que se conmemoró el 67 aniversario del derecho de las mujeres a votar, las promotoras de la iniciativa pidieron al INE adoptarla e incluirla en los lineamientos electorales que aplicarán en el proceso electoral del siguiente año.
Durante la conferencia virtual organizada por la red Nosotras Tenemos Otros Datos», que se realizó este lunes, la defensora Yndira Sandoval Sánchez expuso que actualmente no basta con que las y los candidatos no tengan un conflicto de interés o no tengan nexos con el crimen organizado, ni tampoco es suficiente con que las personas que aspiren a un cargo de elección cumplan con los requisitos de elegibilidad.
La integrante de «Las Constituyentes Feministas» señaló que hay que hablar de los criterios de idoneidad para ocupar un cargo público. Dijo que las personas que tienen una denuncia, sentencia o investigación por ser agresores familiares, sexuales, acosadores o deudores de pensión alimenticia no deben ser candidatas. «No queremos más agresores en las instituciones, donde se gesta el pacto patriarcal», mencionó.
El proceso electoral de 2021 será el primero que se desarrolle después de la aprobación de la reforma en materia de paridad en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y con los cambios normativos que reconocen y sancionan la violencia política en razón de género. En este contexto, Sandoval Sánchez expuso que los primeros que deben garantizar una vida libre de violencia para las mujeres son los candidatos.
Señaló que la propuesta, que ha sido presentada en las entidades, es hacer una reforma legislativa; sin embargo, reconoció que por los tiempos que marca la Constitución, un cambio normativo no aplicará en los próximos comicios, pero advirtió que el INE y los organismos electorales locales pueden aprobar lineamientos que incorporen los criterios de la «#3de3» en cumplimiento con la reforma en materia de violencia política de género.
Agregó que esta propuesta no es una cacería ni lleva dedicatoria porque, argumentó, ningún partido político se salva de decir que no cuenta con agresores, acosadores sexuales o deudores de pensión alimenticia en sus filas, por ello también llamó a los partidos políticos a consolidar una democracia paritaria y libre de violencia para las mujeres y no postular a abusadores como candidatos a cargos de elección.
Las defensoras que se sumaron a esta propuesta elaboraron un comunicado público en el que expusieron que, de cara a los comicios donde se renovarán más de 21 mil cargos públicos, el INE puede implementar un mecanismo para que las y los candidatos, por propia voluntad, presenten una declaración de #3de3 y demuestren su compromiso con erradicar la violencia hacia las mujeres.
La propuesta es impulsada por las integrantes de la «Red Nosotras Tenemos Otros Datos» y también es apoyada por las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo, Verónica Juárez Piña, Cynthia López Castro, Laura Rojas Hernández, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Tagle Martínez y Lorena Villavicencio Ayala.
