Solicitan al Congreso del Estado legislar para que las condenas incrementen de uno a 20 años de prisión en caso de cometer feminicidio en contra de una menor de edad, mujer de la tercera edad, migrante, indígena o de la periferia
Tania Aceituno / Aquínoticias
México es el país con mayor violencia feminicida en América Latina, son asesinadas entre 9 a 16 mujeres al día por razón de género. En el estado de Chiapas en el 2020 se han documentado 140 asesinatos de mujeres, 53 se investigan como feminicidio, 8 como homicidio, 6 como suicidio. Es preocupante que las autoridades, sigan sin considerar estas muertes violentas para su investigación como feminicidio, tal y como lo indican diversos protocolos nacionales e internacionales. Los primeros cinco meses del año 2021 cierran con 80 casos de muertes violentas de mujeres.
Existen miles de casos impunes de asesinatos de mujeres y niñas en el anonimato, secretos de familia o historias atroces de las comunidades, estas características forma parte de la desigualdad territorial y a su vez de una desigualdad social. Interponer una denuncia no es sinónimo de justicia, forman parte de un viacrucis, de barreras sistemáticas de raza, clase, género y geopolíticas que hacen nulo el acceso a la justicia. Interponer una denuncia resulta ser un privilegio de clase y no un derecho.
En junio de 2012 se incorporó el delito de Feminicidio en el Código Penal Federal. Con esto, toda muerte de una mujer en el territorio mexicano deberá ser investigada por protocolo de feminicidio. En noviembre del 2016 se declaró la Alerta de Género únicamente en 7 municipios del estado de Chiapas. Se activa para alertar a las personas que trabajan en las instancias gubernamentales y a la población en general sobre la urgencia de detener los feminicidios y la violencia que viven las mujeres.
El código penal del artículo 164 bis del estado de Chiapas dicta, quien comete el delito de feminicidio, se sancionará con prisión de veinticinco a sesenta años. Mi propuesta es adicionar al artículo 164 bis el inciso VIII como agravante, se aumentará de uno a veinte años la pena de prisión impuesta:
«Cuando la víctima fuere menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios y las periferias; estuviere embarazada; sufriere discapacidad física, mental, intelectual o sensorial; o se encuentre en cualquier otra condición especial».
Complejizar las sentencias desde una mirada interseccional ayuda a la elaboración de leyes y políticas más justas, que visibilicen múltiples discriminaciones y nos ayude a comprender los distintos contextos, que influyen en el acceso a la justica. Esta integración sería un parte aguas para que los feminicidas confesos no salgan, para que las víctimas, las olvidadas de las periferias encuentren justicia próxima.
Soy sobreviviente a una tentativa de feminicidio, desde entonces soy activista feminista acompañante de familiares victimas de feminicidio, se lo que significa acompañar y denunciar, pareciera que nunca habrá justicia para nosotras. Yo nunca encontré justicia, como María del Carmen en Pijijiapan, como Concepción en Tonalá, como miles de mujeres que han sido silenciadas en las periferias. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
*Este discurso fue pronunciado por la activista feminista Tania Aceituno en su participación en el Parlamento Juvenil «Florinda Lazos» realizado por el Congreso del Estado.
