Pedir la CURP no sólo excluye a la población migrante, sino también a nacionales que no cuentan con este documento
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México. El sistema de registro de vacunación contra COVID-19 en México excluye a la población migrante, mexicana deportada, binacional, que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana por falta de una apostilla, indígena migrante interna, y a aquella que por condiciones de exclusión o rezago de las instituciones municipales no ha podido acceder a un acta de nacimiento o a la corrección de su acta de nacimiento, advirtieron organizaciones civiles.
La Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia, una coalición de más de 30 organizaciones y albergues en México y Centroamérica, liderada por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) y Amnistía Internacional, alertaron que pedir la Clave Única de Registro de Población (CURP) para registrarse en el portal que el gobierno mexicano habilitó el 2 de febrero para la vacunación de las personas mayores de 60 años excluye a una gran parte de la población que no cuenta con este documento.
Esta situación pone en riesgo la salud pública, señalaron las integrantes de las organizaciones, ya que supeditar la vacuna de COVID-19 a un documento de identidad que el Estado mexicano no ha garantizado para toda la población «es dejar en el limbo a la población migrante, mexicana deportada, binacional que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana por falta de una apostilla, indígena migrante interna, y a aquella que por condiciones de exclusión o rezago de las instituciones municipales no ha podido acceder a un acta de nacimiento o a la corrección de su acta de nacimiento», dijo en un comunicado la directora del Instituto para las mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner, en representación de la Alianza.
Denunciaron que el gobierno mexicano no ha publicado ningún plan que permita a las personas que no tienen una CURP acceder a las vacunas. De igual manera, a lo largo de la pandemia reportaron que el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración y ante la ausencia de vigilancia sanitaria, ha fallado en garantizar a poblaciones en movilidad el acceso efectivo a la salud y a medidas de detección del contagio.
De acuerdo con las organizaciones, en países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Costa Rica, se han observado fallas similares para incluir a las personas migrantes, deportadas, y otros sectores de la población, en los planes de vacunación, al requerir documentos con los que no cuentan todas las personas que ahí se encuentran.
«El acceso a la vacuna para todas las personas, incluidas las que se encuentran en movilidad en los diferentes países de la región centroamericana, independientemente de su condición migratoria, es crucial. Debe ser provista sin discriminación. No es una prerrogativa, se trata de garantizar el principio de igualdad de condiciones», dijo el director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, Vinicio Sandoval, como parte del comunicado.
Por su parte la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, llamó a los gobiernos de México y Centroamérica, en particular a las autoridades de salud, para que coordinen la gestión de las rutas de acceso a la vacunación poniendo en el centro a todas las personas, sin distinción y con enfoques diferenciados de género, necesidades de protección internacional y de movilidad.
«Estas autoridades deben generar políticas de salud y planes de vacunación que en la práctica sean incluyentes para evitar poner en riesgo la salud pública nacional y regional. La salud es un Derecho Humano que no se le puede negar a nadie por ninguna razón, incluyendo su nacionalidad o estatus migratorio», señaló.
