Las organizaciones de Derechos Humanos integradas en la Red TDT manifestaron su preocupación por la falta de una investigación puntual para encontrar y castigar a los responsables de la difusión de información privada de mujeres
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Después de renunciar a la precandidatura a una diputación en el estado de Oaxaca, por Morena, Humberto Santos Ramírez, acusado de crear un chat donde se difundían imágenes con contenido sexual de mujeres indígenas, llamó a apoyar la precandidatura de Jesús Diego, conocido como «Chucho Diego», otro participante de este grupo de mensajería.
Dos días después de renunciar a la precandidatura, Santos Ramírez publicó en su perfil de Facebook una explicación de porqué «se bajó» del proceso electoral. Según dijo, se retiró ante la «despiadada campaña» y ataques en su contra desatados después de que defensoras revelaron que creó el chat «Sierra XXX», un grupo para compartir imágenes y videos de indígenas, obtenidos sin su consentimiento.
En esa publicación el político también pidió apoyar a otro de los presuntos implicados en la distribución de este material, Diego Jesús. «Sin embargo, la lucha tiene que seguir, y en esta coyuntura es el compañero CHUCHO DIEGO a quien pido apoyemos en la encuesta que se está llevando a cabo en nuestra región entre hoy y mañana», escribió el morenista.
Este caso muestra que si no se reconoce la violencia de género y si instituciones como las Fiscalías no garantizan justicia, estas personas pueden decir que no hay acusaciones formales en su contra y por tanto no hay un delito que perseguir, ni mucho menos sentencias, afirmó a este medio la secretaria ejecutiva de la red nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Claudia Ignacio Álvarez.
En febrero de 2020, mujeres del pueblo Ayuujk denunciaron la existencia del chat denominado «Sierra XXX», en el que un grupo de alrededor de cien hombres, entre ellos políticos y funcionarios públicos vinculados al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), compartían imágenes misóginas y algunas con connotación sexual, material obtenido sin consentimiento y violando la privacidad de las víctimas.
De estos hechos se desprendió una denuncia penal contra el jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, Rolando Vázquez, quien además fue separado de su cargo. Sin embargo, más de 80 organizaciones integradas en la Red TDT señalaron en un comunicado que a pesar de la denuncia no se reconoció el daño causado por los funcionarios involucrados, por el contrario, hubo mensajes de respaldo y normalización de este chat.
Ahora, en el contexto del proceso electoral para renovar el Congreso de Oaxaca, Humberto Santos Ramírez se postuló y posteriormente reununció ante los señalamientos de ser promotor de la violencia sexual, pero aseguró que no existía denuncia penal en su contra. En la reciente publicación que hizo en Facebook anunció que ejercerá acciones legales contra quien resulte responsable de los ataques contra su persona.
Otro ejemplo del pacto patriarcal
Claudia Ignacio Álvarez expuso que en el caso de los políticos de Oaxaca que promovían pornografía en un chat de WhatsApp, donde uno dejó de competir para ceder el paso a otro que también participaba en la distribución de imágenes sexuales, muestra el pacto patriarcal que ya señalaron defensoras y feministas en el estado de Guerrero.
En el estado sureño, donde en los comicios de junio próximo se renovará el Poder Ejecutivo estatal, el candidato a gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente del delito de violación sexual, fue apoyado por el presidente de su partido, Mario Delgado Carrillo y por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quienes argumentaron que no tenía sentencia condenatoria.
La defensora e integrante de la Red TDT reflexionó que el pacto patriarcal en Guerrero y Oaxaca deja ver que aún existen retos importantes para obtener un compromiso genuino de los partidos políticos de cero tolerancia a la violencia de género y para permitir que los mecanismos institucionales puedan ser efectivos para que las mujeres denuncien las violencias que viven.
Por ejemplo, a pesar de que en Oaxaca la defensora Sandra Domínguez Martínez, cuya imagen circuló en el chat, presentó una denuncia ante la Fiscalía general del estado e interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha pasado un año sin que se tenga noticia del resultado de la investigación penal.
Las organizaciones de Derechos Humanos integradas en la Red TDT manifestaron su preocupación por la falta de una investigación puntual para encontrar y castigar a los responsables de la difusión de información privada de mujeres. Explicaron que esta falta de investigación es una omisión grave del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.
En cuanto a los señalamientos de Humberto Santos, las organizaciones dijeron que preocupa sobremanera la falta de reconocimiento del ejercicio de violencias de género y de manera particular la desacreditación que realiza de las denuncias de mujeres Ayuujk, vinculándolas con intereses partidistas, que incitan al odio e invisibilizan el problema de fondo.
«Es una mirada corta y obtusa si partimos de la urgencia de nombrar las violencias estructurales contra las mujeres, así como de incorporar el enfoque de género en el espectro político electoral mexicano», señalaron.
Mencionaron que en Oaxaca las mujeres que denunciaron a estos políticos han sido objeto de violencia política de género al interior de Morena, pues todas las precandidatas fueron retiradas de la boleta de preferencias electorales y en su lugar se promueve a un precandidato que también es señalado de participar en el chat.
Claudia Ignacio Álvarez consideró que el sistema político electoral mantiene una deuda para garantizar la prevención de la violencia de género. Además, agregó que el Instituto Nacional Electoral (INE) como del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca deberían posicionarse a favor de la paridad y la no violencia política de género.
Cabe decir que desde el año pasado el INE acordó adoptar la declaración 3 de 3 contra la violencia de género como requisito para registrar candidaturas. Se trata de un documento que debe ser firmado por las y los candidatos donde declaren, bajo protesta de decir verdad, que no temen sentencias por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales o por ser deudores de pensión alimenticia. Esta medida fue adoptada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
