Demandan que el Estado mexicano no participe en el desarrollo del Protocolo «Quédate en México» porque durante su implementación se registraron más de mil 900 agresiones contra personas migrantes, entre ellas mujeres, embarazadas y niña
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México. Alrededor de 12 organizaciones civiles presentaron un «amicus curiae» ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para fortalecer el amparo 302/2020 que se encuentra en revisión en este mismo tribunal a fin de que el Estado mexicano se niegue a participar en la implementación del Protocolo «Quédate en México» nuevamente y así no se reactivado, ya que éste viola el debido proceso, el derecho al asilo y los compromisos internacionales que ha signado el gobierno de este país.
En un comunicado, las organizaciones civiles, entre ellas Oxfam México y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi, detallaron que este amicus curiae (documento que puede ser presentado por terceras personas ajenas a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión o demanda sobre algún punto)busca principalmente fortalecer el amparo 302/2020 que interpusieron en 2020, pero que sigue en revisión en la SJCN. En este amparo junto con el amicus curiae demandan que el Estado mexicano no participe en el desarrollo del Protocolo «Quédate en México» porque durante su implementación se registraron más de mil 900 agresiones contra personas migrantes, entre ellas mujeres, embarazadas y niñas.
Al respecto, estas mismas organizaciones reportaron hace unos meses que este protocolo (impuesto de enero de 2019 a enero de 2021 por el gobierno de Donald Trump) causó daños extremos a más de 72 millones de personas solicitantes de protección internacional, en particular a mujeres, menores de edad y personas con discapacidad, pues las obligaban a esperar de 6 a 8 meses en las ciudades fronterizas mexicanas para ver si sus casos podían ser o no resueltos. En estos sitios fueron víctimas de secuestro, agresiones sexuales, y violencia.
Las organizaciones reiteraron que este amicus curiae pretende hacer frente a la decisión que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos tomó hace dos meses, en la cual exigió a la administración de Joe Biden reactivar el protocolo, luego de que los estados republicanos de Texas y Missouri demandaron a esta administración por no querer ejecutar este protocolo. Ante ello, la Corte Suprema de Estados Unidos revisó la orden del Tribunal de Apelación y anunció que este protocolo sería activado sólo si el Estado mexicano formaba parte de su desarrollo.
Por esta razón, dijeron las organizaciones, solicitaron al Estado mexicano negarse a esta petición porque el protocolo retornó a más de 70 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar su proceso en territorio mexicano. Dicha población se enfrentó a condiciones precarias de estancia (falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, y a la vivienda), además, padecieron diversos delitos, entre ellos trata de personas, explotación sexual y laboral, por parte del crimen organizado y autoridades migratorias, quienes se aprovecharon de sus vulnerabilidades.
«El documento que presentamos acredita ampliamente que el Estado mexicano, si acepta que se reanude el Protocolo «Quédate en México» estaría violando, de nueva cuenta, estándares internacionales de Derechos Humanos que forman parte del orden jurídico nacional y (apoyaría) un protocolo que documenta graves violaciones a los derechos de las personas con necesidades de protección y sus consecuencias. La SCJN tiene la oportunidad de poner fin a esta situación, por lo que llamamos a las y los ministros a terminar con esta política inhumana» declaró, la directora de Oxfam México, Alexandra Hass Paciuc.
Las organizaciones resaltaron que el regreso de esta política migratoria exacerbaría las condiciones inseguras para quienes solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos, pues el protocolo es contrario a la Constitución mexicana, al marco jurídico nacional, y al derecho internacional en materia de asilo, por ejemplo, cientos de personas han sido trasladadas a la fuerza a la frontera sur de México y han habido deportaciones de manera ilegal en vuelos nocturnos a Guatemala. Situaciones que se agravarían si el protocolo se pone en marcha.
Desde septiembre de 2021, las organizaciones denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que el gobierno de Estados Unidos realizó deportaciones masivas de migrantes bajo el «Título 42» (una ley de salud pública para prohibir el ingreso del país de personas sin documentación migratoria adecuada) con la participación del gobierno mexicano. Estas persona son trasladadas a la fuerza a Tapachula, Villahermosa, y Tabasco, y obligadas a cruzar a pie a Guatemala sin notificar a sus respectivos consulados, lo que las ha dejado en una grave situación.
Frente a este panorama, las organizaciones exhortaron a la SCJN a pronunciarse acerca del tema de manera inmediata y determine que el gobierno mexicano no debe participar en este protocolo, pues se ha comprobado que no traído ningún beneficio para las personas migrantes y que las autoridades de este país prioricen el tema en su agenda pública.
