En Guatemala detienen con violencia a las y los migrantes de Honduras que buscan llegar a los EEUU
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México. Ante nuevos desplazamientos masivos provenientes de Centroamérica, organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas migrantes llamaron a los gobiernos de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México a garantizar los Derechos Humanos.
Organizaciones civiles como el Movimiento Migrante Mesoamericano dieron a conocer que un nuevo grupo de personas provenientes de Honduras se estaba aglutinando en San Pedro Sula, capital de ese país, para huir hacia Estados Unidos este 15 de enero. El Movimiento reportó que alrededor de 5 mil personas partieron durante la mañana desde la terminal metropolitana. Entre las personas que viajan hay mujeres y niñas.
Luego de conocer estos hechos, la secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado de prensa en el que alertó que el Instituto Nacional de Migración (INM) mantendrá la vigilancia en la frontera sur. «La Secretaría de Gobernación, a través del INM, refrenda su compromiso por hacer cumplir la Ley de Migración al ingreso de personas extranjeras a territorio mexicano, por lo que informa que mantiene vigilancia en la frontera sur del país», detalló la dependencia.
Por su parte, organizaciones como «Asylum Access» y el «Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova» (por nombrar algunas), emitieron un comunicado en el que llamaron a los gobiernos de Centroamérica (El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México) para asegurar que su respuesta a esta población desplazada sea con «estricto respeto a los Derechos Humanos», y garantizar la posibilidad de solicitar la condición de refugiado para las personas que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen, o por las condiciones derivadas del impacto ambiental y social ocasionado por los huracanes en Centroamérica.
De acuerdo con las organizaciones civiles, la situación de precariedad económica extrema que enfrenta gran parte de la población en Centroamérica, se amplió y profundizó considerablemente en el último año por la crisis económica que ha resultado de la pandemia de COVID-19, aunada a la devastación causada por los huracanes Eta e Iota.
Además, dijeron, la población de los países centroamericanos se ha visto amenazada por un clima de violencia generalizada, la creciente represión estatal, la violencia sexual y de género, abuso y discriminación contra comunidades indígenas.
Las organizaciones recordaron que las personas que salen de Centroamérica tienen necesidades de protección internacional que los gobiernos de la región tienen la obligación de atender con base en su legislación interna y el derecho internacional.
De acuerdo con las organizaciones, entre las que también participan el Albergue La 72, en Tenosique Tabasco, a partir del inicio del «Programa Quédate en México» en enero de 2019, seguido por el acuerdo migratorio entre México y EU en junio de 2019, y los Acuerdos de Cooperación para el Asilo de Estados Unidos con Honduras, El Salvador y Guatemala, las organizaciones han observado una serie de políticas y acciones de los gobiernos de la región que ponen en riesgo la seguridad, el bienestar y la vida de la población migrante, al tiempo que limitan la posibilidad de buscar protección internacional.
Además, dijeron sentir «preocupación» ante los anuncios hechos hasta el momento por los gobiernos tanto de manera individual (México, Guatemala y Estados Unidos), como conjunta (comunicado 11 de enero y 13 de enero), sobre la respuesta que darán a las caravanas o éxodos centroamericanos, ya que si bien en todos sus comunicados reconocen la necesidad de dar una respuesta apegada a Derechos Humanos, las acciones específicas y el mensaje que envían es de contención, disuasión y criminalización.
«Nos preocupa que los gobiernos basen la respuesta que darán a esta caravana en las estrategias que han seguido en el último año, cuando estas acciones han sido señaladas con preocupación por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En particular nos preocupa que no se tomen acciones específicas para evitar la no devolución ni para atender necesidades humanitarias con un enfoque diferenciado que tome en cuenta el género, edad y condiciones de viaje», detallaron.
Las organizaciones también alertaron sobre el papel de las fuerzas armadas, incluyendo la Guardia Nacional mexicana, en la detención de personas migrantes, ya que son cuerpos militares y no cuentan con capacitación en atención a poblaciones vulnerables, y recordaron que la primera recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México emitió a la Guardia Nacional fue por su actuar en respuesta a la caravana de migrantes de enero de 2020.
En esa ocasión, la CNDH señaló que el INM violó los derechos de las víctimas al permitir que la Guardia Nacional revisara el estatus migratorio de personas migrantes y las detuviera. Asimismo, consideró que la Guardia Nacional había usado arbitraria y desproporcionadamente la fuerza contra personas migrantes, y que ambas autoridades omitieron salvaguardar los derechos de las y los niños que viajaban en la caravana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señaló «episodios preocupantes de uso de la fuerza por la Guardia Nacional» en su respuesta a la caravana. Asimismo, los gobiernos guatemalteco y hondureño han hecho uso de distintas corporaciones policiacas y militares para la disuasión y contención de los flujos migratorios, en acciones que han carecido de protocolos para identificar necesidades de protección y de un enfoque diferenciado por género, edad o condición de viaje.
Si bien los desplazamientos masivos hacia EU iniciaron desde 2018, la situación de esta nueva caravana es más preocupante por el contexto de emergencia sanitaria que ocurre en el mundo por la Covid-19.
«A finales del 2020, vimos con alarma que en vez de implementar medidas sanitarias para garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en México, el INM en México emitió un comunicado alertando sobre la posibilidad de «penas de 5 a 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio de salud al otro.»», señalaron.
Aunque el destino principal de muchas personas migrantes sigue siendo Estados Unidos, en años recientes México se ha convertido en un país de destino. En 2020, México recibió 41 mil 329 solicitudes de asilo, mientras que más de 100 mil personas solicitaron la condición de refugiado en México en los dos años anteriores.
Por ello, las organizaciones llamaron a que la respuesta de cada gobierno de la región frente a posibles caravanas del éxodo centroamericano, así como la cooperación que establezcan entre países, permita:
- Garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en el país que las personas escojan como destino seguro.
- Incluir diagnósticos de necesidades de protección para garantizar el principio de no devolución a personas a un país donde su vida y libertades fundamentales estén en riesgo.
- Atender necesidades humanitarias siguiendo protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19 e incluir a la población migrante y quienes les atienden en las medidas preventivas y de atención a la salud en este contexto.
- Desplegar campañas informativas para que las personas conozcan sus derechos.
- Garantizar la no detención de personas solicitantes de la condición de refugiado, y cumplir la legislación mexicana que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados.
- Asegurar que las respuestas estatales involucren activamente en el diseño e implementación de cualquier medida a las autoridades competentes en materia de refugiados, salud, protección a derechos de la infancia y otras dependencias que en razón de sus facultades deben velar por el bienestar y los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
- Promover y garantizar la rendición de cuentas a agentes migratorios y otros elementos desplegados para acciones de control migratorio por delitos o violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección, así como por quienes defienden sus derechos.
- Retirar a las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, incluyendo la Guardia Nacional en México, y asegurar que estos se realizan por autoridades civiles.
- Asegurar que cualquier persona con documentos válidos de haber solicitado asilo en Estados Unidos bajo el programa «Quédate en México», puede viajar libremente y en condiciones de seguridad al puerto de entrada donde se deba presentar para dar seguimiento a su proceso migratorio.
