Pese a que en 2014 se aprobó la Ley General de Delitos Electorales, los fraudes siguen ocurriendo a lo largo y ancho del país; nuestro estado es un ejemplo a nivel nacional por las denuncias acumuladas ante la Fepade y expertos piden arrancar el problema de raíz
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]S[/dropcap]e considera un delito electoral a toda acción u omisión que pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra las características básicas del voto que debe ser libre, secreto e intransferible.
Puede cometer un delito cualquier persona, desde un funcionario electoral partidista, hasta un precandidato, candidato, servidor público u organizadores de campaña. Estas conductas y sanciones están contempladas en la Ley General de Delitos Electorales aprobada en 2014 y que cuenta con más de 26 artículos y 64 tipos delictivos.
Desde la perspectiva del profesor investigador del Instituto de Administraciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Omar Jiménez Ojeda, el reto más grande para la democracia en 2018 será la compra desmedida de votos; para prevenirla propone evitar que las afiliaciones a los padrones o la entrega de beneficios se hagan de forma masiva o que los programas sociales sean motivo de este tipo de eventos.
En entrevista, explicó que el problema hay que arrancarlo de raíz y hacerlo previo a los comicios y no cuando los errores ya se cometieron, a fin que las instituciones electorales no salgan con el discurso de priorizar el cambio de aquello que no funcionó.
Por ello, dijo, es necesario que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inhiba los delitos electorales, deje a un lado la impunidad y se sume a la democracia, de lo contrario las denuncias poco servirán para solucionar el ineficiente sistema electoral mexicano.
Delitos electorales
A nivel federal, la Fepade es la encargada de investigar los delitos electorales; a partir de la elección de 2015 esta autoridad persiguió y consignó a los consejeros electorales de Chiapas por usurpación de identidad y fraude electoral cibernético durante los comicios del 19 de julio de 2015.
La complicidad de los consejeros para adulterar el padrón de electores chiapanecos residentes en el extranjero a favor de un diputado local, es tan sólo un ejemplo de los muchos que se presentan en cada elección, antes y durante las campañas; dentro de las denuncias más comunes ante la Fepade, destacan las fotografías y videos de los actos en los que se reparten obsequios a los ciudadanos o se realiza el famoso acarreo de votantes.
De acuerdo con la Fiscalía, se puede cometer un delito electoral cuando se recoge a destiempo credenciales para votar, se presione a los ciudadanos a asistir eventos proselitistas, se obligue a votar por un candidato, partido político o coalición, o se amenace con suspender los beneficios de programas sociales como medida de presión para participar en eventos o coaccionar el voto.
Chiapas se perfila como una de las entidades que concentra el mayor número de casos en los que las mujeres violan la ley electoral y específicamente por este delito, fue que el pasado 13 de mayo se dictó sentencia contra Wendoly Susana «N», por amenazar con suspender los beneficios del programa social «Prospera» a los beneficiarios, para que participaran en actividades a favor de un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), delito previsto en el Artículo 7, fracción VII párrafo tercero de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
De ahí, la importancia que estos delitos, que además van de la mano con la corrupción, sean atenidos. La urgencia de atender estos delitos, debería comprometer a las autoridades encargadas de observar el proceso electoral a crear mejores estrategias para castigar las conductas ilícitas que se lleven a cabo durante los procesos.
