Gobernar implica dirección, se requieren conocimientos y capacidad administrativa. Eso, en el ámbito ideal o del deber ser porque hay experiencias en donde los gobernantes, sean alcaldes, gobernadores o presidentes de la República, van improvisando día a día, conforme se dan las circunstancias. Los resultados de esa falta de preparación y negligencia, resultan imposibles de ocultar, saltan a la vista: nulo crecimiento económico, deterioro de las condiciones de seguridad, aumento del endeudamiento, polarización de la sociedad, desconfianza hacia las autoridades, en fin, enojo ciudadano hacia las instituciones y sus integrantes.
¿Cómo resolver, entonces, problemas públicos? Con herramientas de gestión adecuadas. Los planes de desarrollo, cuando están bien integrados por equipos de profesionales y cuando también concurre la ciudadanía se vuelven documentos para mejorar la calidad y nivel de vida de las personas, atendiendo problemas viejos y nuevos, y previniendo que aparezcan otros. Un plan, desde esta idea, es una visión sobre lo que hay que hacer para revertir el estado de cosas imperante, pero va más allá de una declaración de buena voluntad. De este documento se desprenderán otros que abordarán temas específicos con estrategias particulares.
Para evitar la improvisación y las ocurrencias que tanto daño producen, en México se estableció el Sistema Nacional de Planeación Democrática en la presidencia de Miguel de la Madrid para: 1. Hacerle frente a los gravísimos problemas de ese momento y 2. Tener un rumbo definido. En su sexenio, este sistema se concretó mediante reformas constitucionales y fue él quien presentó el primer plan de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 198, aunque había antecedentes: el Plan Sexenal del presidente Lázaro Cárdenas y el Plan Global del presidente José López Portillo.
La Ley de Planeación, instrumento jurídico articulador del Sistema Nacional, establece que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.”
La importancia del PND, con base en la cita anterior, no está a discusión al momento de gobernar. En otras palabras, sin él no se puede ejercer la capacidad gubernativa de manera racional, ordenada y metódica.
En correspondencia con lo establecido a nivel nacional, las entidades federativas tienen la obligación de realizar sus propios planes. En el caso chiapaneco, la fracción XXXIII del artículo 59 constitucional establece la obligación de la persona titular del Ejecutivo local de “Presentar al Congreso del Estado, el Plan Estatal de Desarrollo así como los programas sectoriales, especiales y regionales que de él deriven, para su examinación y aprobación correspondiente, los cuales deberán ser publicados en los términos y condiciones establecidas en las leyes de la materia.”
La Ley de Planeación de Chiapas, por su parte, en su artículo 15, define al plan como “el documento rector del sistema, cuya función es proponer soluciones a las problemáticas, asuntos, necesidades y demandas que existen en la Entidad. Contiene un diagnóstico de la situación que prevalece en los ámbitos social, económico y político, se estructura a partir de las propuestas de solución que se agrupan por ejes, temas, políticas públicas, objetivos y estrategias.” En esta misma norma se establecen los principios que habrán de regir la planeación estatal y los procedimientos para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo (PED).
El Congreso local deberá de aprobarlo en un plazo máximo de seis meses contados a partir del momento del inicio de gestión de la administración. En el caso del gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, el PED fue integrado por las entidades y dependencias de la administración pública estatal, con la participación de la ciudadanía chiapaneca.
Mediante una convocatoria pública, se organizó la consulta entre febrero y marzo de 2025 con 12 foros en Arriaga, Comitán, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Zinacantán, y se habilitó una plataforma electrónica para la recepción de opiniones. Además, se hizo un ejercicio ex profeso para niñas, niños y adolescentes con la finalidad de obtener sus ideas sobre el futuro de su estado que es, al mismo tiempo, parte de su propio porvenir. Previo a esto, en enero de este año se realizó la capacitación de las personas servidoras públicas estatales –ahora, llamadas servidores del pueblo–, para implementar el nuevo modelo de planeación y el 11 de marzo se instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo.
Conviene mencionar que el hoy equipo gobernante realizó un ejercicio similar denominado “Diálogos por la Transformación” entre febrero y marzo de 2024, antes de la definición de las candidaturas, de la jornada electoral y, claro, de la toma de protesta. Los productos de estos Diálogos se sumaron a los de la consulta del PED. Además, se tomaron en cuenta los planteamientos del libro Plan Chiapas Transformador, de Ramírez Aguilar.
El resultado de estos ejercicios fueron 9,060 propuestas y los temas que más interés y preocupación suscitaron, considerados a partir del número de propuestas enviadas, fueron inseguridad y corrupción, desarrollo económico, abandono educativo, falta de bienestar social, y medio ambiente.
El 8 de abril de 2025 se presentó al Congreso de Chiapas, el PED 2025-2030 siendo aprobado 21 días después. El decreto correspondiente apareció en el Periódico Oficial el 7 de mayo.
En las siguientes entregas de esta columna, se presentará una revisión de cada uno de los cinco ejes del PED: “Chiapas en paz, con mediación y cero corrupción”; “Chiapas sin analfabetismo, con educación intercultural y humanista”; “Chiapas con humanismo”; “Chiapas con prosperidad compartida”, y “Chiapas con conciencia ambiental”. En total, el plan tiene 12 capítulos, 35 políticas públicas, 129 estrategias y 63 indicadores.
El PED es el instrumento para gobernar más acabado de la administración de la “nueva era” con el cual se evaluará su desempeño. Conocerlo y estudiarlo forma parte de las tareas ciudadanas.
