El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2025-2030 siete son los valores que asume como rectores de la administración encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar: racionalidad, continuidad, universalidad, unidad, inherencia, previsión, y humanismo. Cada uno de ellos deberá ser interiorizado por el personal operativo, técnico y directivo de la administración pública conformando un código axiológico que contribuya al cumplimiento de los cinco ejes que integran el PED.
El primero de estos es “Chiapas en paz, con mediación y cero corrupción”. Inteligencia y fuerza, diálogo y concertación, y transparencia son los aspectos con los que se puede resumir el contenido del eje que abre el Plan. El mayor problema que afecta a la entidad, detectado en los ejercicios de consulta y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2024), es el de la inseguridad (51.06 por ciento). Durante los últimos años, Chiapas vio un incremento en los delitos y la presencia de organizaciones criminales se extendió. Esto hizo que la ciudadanía viviera presa en sus propios domicilios.
La paz, la mediación y la integridad son aspectos que, a juicio del gobierno estatal 2024-2030, se vinculan y condicionan. De otra forma, colocarlos en el mismo eje no tendría sentido. En efecto, la relación existe en la medida en que esa triada contribuye a la existencia de la gobernabilidad, aspecto tan necesario en un estado poblado de conflictos.
El diagnóstico que se ofrece en el PED sobre estos temas es severo. No se advierte un ánimo de contrariar la realidad o de hacer sus “propios datos”. Las fuentes a las que se recurre, como encuestas, informes nacionales e internacionales, y censos reflejan la compleja realidad de Chiapas. Veamos un dato: Chiapas se ubica en el lugar 23 en materia de equipamiento tecnológico, informático y botones de pánico, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública. En un mundo en donde el uso de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, en tareas de seguridad es determinante, el rezago afectó de manera sustantiva las tareas de las instituciones y la calidad de vida de la población. Hasta el crimen organizado sabe que el uso de estos instrumentos es vital. Ya en funciones, en esta administración se han descubierto y desmantelado sistemas de videovigilancia “alternos” a los oficiales. ¿Quiénes pusieron esos sistemas? ¿Nadie se dio cuenta? ¿Qué hacían con la información recopilada?
Más aún, el diagnóstico del PED menciona que en Chiapas hay 6,835 elementos de seguridad pública para una población de poco más de cinco millones y medio de personas. Si esta cifra es baja, sólo el 89.71 por ciento de ese universo contaba con las competencias suficientes avaladas en el Certificado Único Policial.
La realidad es desoladora. Pero no todo es el uso de la fuerza policial. Hay conflictos que pueden resolverse mediante el diálogo. De ahí la relevancia a la mediación como elemento que articula una cultura de paz. Otro dato: menos de cuatro personas confía en el gobierno estatal siguiendo la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2023). Con esa cifra, es imperante la acción de las instituciones porque resulta un sinsentido que la población no tenga confianza en sus autoridades cuando son ellas las que tienen en sus manos la tarea de establecer mejores condiciones de vida y desarrollo. Para eso tienen un mandato.
Los derechos de niñas, niños y adolescentes también son objeto de interés de este eje y no podría ser de otra forma cuando en la entidad radica casi el 40 por ciento de esta población nacional. Su atención deviene un aspecto relevante porque al considerar a Chiapas como un estado pobre, las condiciones de vulnerabilidad son mayores. Por ejemplo, el tema de los embarazos de niñas y adolescentes es preocupante y se requiere la acción decida del Estado. La tasa de fecundidad forzada de niñas de 12 a 14 años se incrementó: de 4.5 nacimientos en 2018 a 6.44 en 2023. No son usos y costumbres, son delitos que hay que perseguir.
La entidad, como el país, en general, se encuentra expuesta a riesgos y desastres. En las últimas dos décadas se han emitido 87 declaratorias de desastres. Entre los eventos de mayos significación se encuentran los sismos, huracanes y las inundaciones, aunque los incendios también representan un aspecto de preocupación; por ejemplo, en 2024 hubo 7,983 que consumieron 186,157 hectáreas. Las consecuencias de este tipo de sucesos en un estado como Chiapas se agravan. Más allá de los impactos inmediatos, los efectos a mediano y largo plazo hacen que la población vea limitada el acceso a agua potable o alimento suficiente o a los servicios educativos y de salud al estar destruida la infraestructura. La desigualdad atraviesa y profundiza los desastres.
Como se señala Mary Catherine Arbour en “La consecuencia poco natural de los desastres naturales”, publicado por la CEPAL: “La consecuencia no natural de los desastres naturales es que la vulnerabilidad no está distribuida equitativamente. Los niños y las niñas sobrevivientes de desastres cuyas familias disponen de capital financiero o social suelen satisfacer antes sus necesidades básicas, reestablecer apegos seguros y rutinas estables de manera más rápida y serán considerados resilientes. Por su parte, es probable que los niños en situación más marginal sean quienes experimenten un desorden más prolongado, sean desplazados y sufran de estrés con secuelas a largo plazo.”
Si como se dijo antes, la desconfianza en las instituciones es la norma, entonces, el gobierno debe ser cada vez más transparente, difundir una cultura de la integridad e invitar a la sociedad a que vigile el manejo del dinero. La corrupción es una enfermedad que se ha extendido en todo el aparato público y urge que sea atendida; para ello, la colaboración con organismos nacionales e internacionales y de la sociedad civil es fundamental. No hay que tenerle miedo a que la ciudadanía supervise cada centavo.
Finalmente, si como se dice en el PED, que Chiapas es un estado pobre, incrementar la recaudación, encontrar fuentes alternativas de financiamiento, mejorar el gasto y eficientarlo son tareas que no se deben aplazar. Nueve pesos de cada diez que entran a las arcas estatales provienen de la federación. Esta cifra es muestra de la ausencia de una política recaudatoria integral, y se hace necesario hacer que los contribuyentes existentes paguen y, a la vez, incentivar que más empresas se instalen en Chiapas generando más impuestos y mayores fuentes de trabajo formal. Sin dinero no se puede hacer nada.
Este primer eje tiene siete políticas públicas (Seguridad integral para la pacificación del Estado; Procuración de justicia imparcial y efectiva; Mediación para la paz social; Atención integral de los derechos niñas, niños y adolescentes para su pleno desarrollo; Protección civil con prevención, atención y resiliencia; Gobierno sin corrupción, justo y eficaz que atiende demandas del pueblo, y Finanzas públicas humanistas) y 28 estrategias. Por el contenido y alcance de las mismas, aunque varios de los son temas compartidos, las dependencias a cargo de los mismas son, entre otras: la Secretaría General de Gobierno y Mediación; la Secretaría de Finanzas; la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Secretaría de Protección Civil.
