Las mujeres migrantes representan 40 por ciento de los flujos migratorios; sin embargo, en nuestro país, enfrentan una doble discriminación por su género y por su situación migratoria
Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Ciudad de México. En su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador omitió rendir cuenta sobre las mujeres en contextos de migración en México, quienes enfrentan persecución por parte de la Guardia Nacional y falta de atención en salud, trabajo y trámites migratorios.
Así lo advirtió el no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), quien tras lo dicho por López Obrador este 1 de septiembre señaló en un balance sus redes sociales que «en el segundo informe del gobierno mexicano no existieron las personas migrantes».
De acuerdo con el balance de Imumi –que acompaña, investiga y hace incidencia en materia de mujeres migrantes y sus familias –, lo que faltó mencionar al presidente en su rendición de cuentas fue que a pesar de la campaña federal sobre acceso a la salud para las migrantes embarazadas, en clínicas y centros de salud se sigue negando esta atención.
Imumi detalló que a pesar de que el acceso a la salud está garantizado en la Ley de Migración, el personal de salud niega a las mujeres migrantes en México la atención médica y la supedita al estatus migratorio o la documentación de las mujeres. «En algunos casos se les amenaza con la deportación», advirtió.
Otra cosa que el presidente no dijo es que en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, las mujeres migrantes representan 40 por ciento de los flujos migratorios; sin embargo, en nuestro país, enfrentan una doble discriminación por su género y por su situación migratoria.
En el segundo informe del gobierno mexicano se omitió mencionar, dijo Imumi, que se utiliza a la Guardia Nacional como policía migratoria. Esto a pesar de que este cuerpo de seguridad se creó para cuidar a la ciudadanía, no para detener con violencia a mujeres y niñez migrante. La Guardia Nacional no debe operar como policía migratoria, es inconstitucional, ilegal e inmoral, advirtió la organización transfronteriza.
A esto se suma que, según lo que ha documentado Imumi, durante la pandemia se ha vuelto casi imposible iniciar o continuar trámites de regularización migratoria o solicitudes de asilo debido a las restricciones de movilidad y de cierre de oficinas. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), de las 19 mil 211 solicitudes de asilo recibidas de enero a mayo de este año, 40 por ciento son mujeres.
Esta organización también advirtió que a pesar de que las observaciones finales de 2018 del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que establecen la obligación del Estado de implementar una política nacional de cuidados, así como crear oportunidades de empleo para los grupos más desvaforecidos de mujeres, como las migrantes, el segundo informe de de gobierno no mencionó que, en un contexto de pandemia, violencia y discriminación, más del 70 por ciento de las mujeres migrantes en el país son trabajadoras del hogar, cuidan de terceros o están en el sector servicios.
Además, no se mencionó que el Instituto Nacional de Migración y el gobierno siguen sin cumplir las 11 medidas que les dictó un juez federal para garantizar los Derechos Humanos de la población migrante durante la pandemia, esto después de la muerte de un migrante y motines en Estaciones Migratorias por faltas de protocolo de salud.
En este informe tampoco se habló, observó Imumi, que en la frontera norte permanecen aproximadamente 20 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos. Estas personas fueron recibidas por el gobierno mexicano bajo el Protocolo «Quédate en México», quien se comprometió a darles trabajo, vivienda y salud. México no cumplió este compromiso, por lo que hay personas sin documentos migratorios que llevan más de un año esperando que se les permita trabajar, dijo la organización.
