La falta de rendición de cuentas amenaza la legitimidad de quien encabezará una de las instituciones más importantes en el combate a la corrupción
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]uego de que la Cámara de Diputados diera a conocer la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), organizaciones de la Sociedad Civil señalaron el riesgo de que sea una elección sin legitimidad pues no se dio a conocer la evaluación de los candidatos y su autonomía política.
El documento que presentó la Comisión de Vigilancia de la ASF el pasado jueves 7 de diciembre sólo dice que cada partido presentó una terna basada en las «valoraciones que hayan formulado en las diversas etapas del procedimiento de designación», y nombra a Salim Arturo Orcí Magaña, David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel José Trinidad Zaldivar como terna finalista.
Justine Dupuy representante de Fundar dijo que sí bien la comisión de selección escuchó las peticiones de cerca de 130 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y se incluyeron preguntas de los organismos ciudadanos, no hay certeza de que se hayan elegido a los mejores perfiles pues no se hizo pública la evaluación de los aspirantes.
«Lo que sabemos es que cada partido propuso su terna y de ahí salió una terna final por consenso. De ahí que la manera en como tomaron la decisión parece más un acuerdo entre partidos que una evaluación basada en criterios objetivos y claros», puntualizó.
Leonor Gómez, de México Infórmate, agregó que el PRI fue el único de los partidos que no dio a conocer públicamente su terna de aspirantes.
«Al proceso le falta el adecuado entendimiento de lo que significa rendir cuentas. Que no es nada más abrir el espacio para que la ciudadanía pueda observar, hay que resaltar que nosotros fuimos en carácter de observadores y no de legitimadores de un proceso, y este proceso se legitima cuando existe rendición de cuentas. Y esto amenaza la legitimidad del proceso», dijo Gómez.
Para Justine Dupuy el balón está en la cancha del pleno de la Cámara de Diputados, quienes tendrán que elegir entre los tres candidatos propuestos por la comisión dictaminadora.
«Ellos tendrán que valorar los perfiles que garanticen una independencia y autonomía. Por qué esa ha sido la exigencia desde el inicio, si no hay una auditoría autónoma no se garantiza que se mantenga el mismo desempeño que ha tenido la auditoría hasta el momento, sabiendo, además, que es una de las instituciones más importantes del Sistema Nacional Anticorrupción y es una de las que más credibilidad tiene en este momento», explicó.
Sin declaración patrimonial pública
Si bien los tres aspirantes o forman parte del equipo de trabajo de la ASF o pasaron por ella en algún momento, ninguno ha aceptado que su declaración patrimonial se haga pública.
Una búsqueda en los archivos de la página servidorespublicos.gob.mx muestra que Salim Arturo Orcí Magaña, quien actualmente funge como Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF, no tiene registro de declaraciones patrimoniales en ese sistema.
Entre 1988 y 2001 trabajó en el gobierno federal. Su currículum muestra su paso por tres dependencias la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Desarrollo Social –donde escaló hasta Oficial Mayor entre 1994 y 1998— y fue director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra entre 1998 y 2001.
En la ASF ingresó como director en el área de Auditoria del Desempeño al Desarrollo Social, después fue titular de la Unidad General de Administración y desde 2013 está a cargo de la revisión del Gasto Federalizado.
Su declaración patrimonial en la Auditoría no es público pues dice la ASF que la Cámara de Diputados es la autoridad responsable de esa información, mientras que la unidad de transparencia del poder legislativo mantiene las declaraciones en la opacidad.
Una carrera con gobiernos priístas
David Rogelio Colmenares Páramo, licenciado en economía por la UNAM se inició en la administración pública como Secretario de Finanzas en Oaxaca, durante el periodo de gobierno de Heladio Ramírez López (1986-1992); de ahí pasó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como coordinador de Administración Fiscal Regional y después fue director de Administración y Adquisiciones en Liconsa (1992-1998).
Fue representante en la Ciudad de México del gobierno encabezado por el también priísta José Murat Casab en los años 1998 y 1999 y en el 2000 regresó a la SHCP como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas cargo que ocupó hasta el 2006.
Regresó al trabajo en instituciones públicas en 2012 cuando ocupó el cargo de Auditor Especial del Gasto Federalizado. Y entre 2014 y 2015 fue Contralor Interno en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Desde julio de 2016 es coordinador en la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Espaciales, y en su última declaración, que puede ser consultada en la plataforma servidorespublicos.gob.mx, se informa que «el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales».
A excepción de su periodo en la SHCP durante el sexenio foxista, se ha desempeñado en gobiernos tricolores.
