Aún con pandemia, las jornaleras con embarazos avanzados no paran de trabajar, muchas de ellas lo hacen con condiciones sanitarias precarias
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México. Ser jornalera agrícola y estar embarazada en pandemia por Covid-19 coloca a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad al carecer de servicios médicos donde puedan atender sus partos sin temor de infectarse además que laboran arduas jornadas sin ninguna protección.
Sin más opciones porque muchas son jefas de familia, madres solteras, o debido a que por la pandemia deberán atender sus partos en servicios privados o alejados de sus comunidades, las jornaleras embarazadas aceptan condiciones de trabajo que muchas veces ponen en riesgo sus vidas.
La coordinadora de la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Isabel Margarita Nemecio, dijo en entrevista con Cimacnoticias que algunas jornaleras embarazadas se han visto obligadas a trasladarse a otros hospitales o buscar una partera por el miedo a contagiarse de Covid-19, pero en otros casos no pueden costear estos gastos y prefieren realizar sus partos en las zonas donde habitan, lo que las pone en una situación grave de vulnerabilidad.
Aún con pandemia, las jornaleras con embarazos avanzados no paran de trabajar, muchas de ellas lo hacen con condiciones sanitarias precarias. Sin un hogar propio, algunas viven en casas de acampar, otras en bodegas o en zonas baldías en las que arman refugios temporales con bolsas y palos; otras más piden albergue en habitaciones de los campos donde laboran.
Sin importar el sitio, recalcó Nemecio, todas padecen la carencia de servicios como agua, baño, electricidad, entre otros. Su salario lo destinan a comprar garrafones de agua para poder bañarse o tener qué tomar y recordó el caso de una jornalera a la que se le infectó su cesárea porque no tenía agua para limpiar la herida, por lo que estuvo a punto de morir.
«Estas mujeres realizan acciones que son consideradas por la Organización del Trabajo como peligrosas. La Ley las considera como trabajadoras asalariadas, sin embargo, se carece de contratos formales, esto aniquila cualquier derecho laboral que ellas puedan tener, sobre todo los beneficios sociales como estar registradas y contar con un número social que les garantice una atención médica durante el periodo de embarazo», agregó.
Explicó que las jornaleras se exponen a muchos riesgos, por ejemplo, les pueden salir llagas en los pies debido a los fertilizantes que se usan en los campos, contraer alguna enfermedad además de coronavirus pues no cuentan con equipo de protección, o también pueden presentar sangrados por cargar los botes o costales de comida.
Sin embargo lamentó la falta de cifras que visibilicen que las muertes maternas de jornaleras se relaciona con la carga excesiva de trabajo, las malas condiciones de vida y laborales, y la falta de acceso a servicios de salud. Todos estos factores incurren en que las jornaleras no puedan llevar sus embarazos de forma segura.
Margarita y la muerte materna
Datos de la organización defensora de Derechos Humanos Tlachinollan, revelaron que el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, en Guerrero, registraron de marzo de 2020 a marzo de 2021, la salida 17 mil 775 personas jornaleras que se han enrolado como jornaleras agrícolas, de las cuales 8 mil 768 fueron mujeres provenientes de los municipios de Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Atlamajalcingo del Monte del estado de Guerrero.
Margarita Bartolo Fermín era una jornalera agrícola que estaba embarazada. Presentó varios sangrados por lo que acudió a una clínica en Guasave, Sinaloa, donde la regresaron a casa. La mañana del 21 de abril, el esposo de Margarita, Eustaquio Castro, la llevó de nuevo a la misma clínica. El personal médico determinó que debían realizarle una cirugía pero no pudieron controlar la hemorragia y fue trasladada al hospital de los Mochis, Sinaloa.
En ese lugar Margarita estuvo en terapia intensiva durante algunas horas y falleció el 22 de abril. Este suceso, afirmó Tlachinollan, es resultado de la atención negligente que el personal médico de la clínica de Guasave, Sinaloa, proporciona a personas indígenas, donde también falleció un niño Nahua de 2 años, originario de Chiepetepec, municipio de Tlapa.
Margarita y su esposo Eustaquio, son víctimas como muchas otras personas indígenas, de la violación a sus Derechos Humanos y de la falta de oportunidades laborales. Desde hace 3 años, ambos estaban como refugiados en el cuarto 523 del Campo agrícola «El Gallo», ya que en sus comunidades originarias la violencia de los grupos de delincuencia organizada los hizo huir, detalló Tlachinollan.
Eustaquio y Margarita recibían 197 pesos por cada tarea que realizaban: recolectar 30 botes de chiles o 12 botes de tomate tipo uva. Si bien les iba lograban reunir un pago de 2 mil pesos a la semana, pero regularmente no era así. En consecuencia, sus 3 hijas no han tenido la oportunidad de estudiar porque les es difícil acudir a la escuela cuando sus padres están en el campo.
La realidad de los campos, expresó Tlachinollan, es que las personas indígenas son explotadas de manera extrema y no se les garantiza ninguna de las prestaciones que por Ley les corresponde, por ejemplo, un salario mínimo.
