Una de las manifestaciones más claras de la existencia del Estado es la policía. Esos cuerpos, en su mayoría, civiles de seguridad pública y de mantenimiento del orden que se despliegan en todo el territorio y que, a su vez, son la materialización de las desigualdades entre municipios o entidades federativas: mientras unos tienen patrullas, uniformes y equipos sofisticados de radiocomunicación; otros padecen la carencia de los instrumentos básicos para el cumplimiento de sus tareas.
Hasta hace poco, las policías habían sido únicamente sujeto del cuestionamiento y crítica por los procedimientos que utilizan para satisfacer sus objetivos. Como brazo ejecutor de la violencia estatal (la legítima), el apoyo social a estas es reducido; más aún, la confianza que la sociedad les brinda es también baja. De acuerdo con el Índice de Confiabilidad Mundial 2023, realizado por Ipsos, sólo el 9 por ciento de la población mexicana les tiene mucha confianza a estas corporaciones.
Esta mala percepción se relaciona con otras malas opiniones relacionadas con la capacidad para solucionar problemas y la honestidad que tienen sus miembros. Con todo, las mujeres y los hombres que trabajan como policías municipales y estatales salen a las calles, rancherías, ciudades y comunidades para atender su mandato.
El 23 de octubre, un día antes de que “Otis” llegara a la costa guerrerense, 13 policías de Coyuca de Benítez, en ese estado, fueron asesinados. Fue una masacre. Esto, a juicio de Claudio Lomnitz, refleja que el control de la localidad ha pasado a manos de otro cártel. Fue una emboscada. Los testimonios recogidos por Pablo Ferrari para El País dan cuenta de que algunos policías ya habían recibido amenazas y de la ferocidad del ataque.
El asesinato o amenazas a mandos o agentes policiacos en México cada vez es más frecuente. De acuerdo con información de la organización “Causa en Común”, entre el 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2023 se han registrado, al menos, 2,214 asesinatos de policías en el territorio nacional.
Con una placa y un uniforme, las mujeres y hombres de distintas edades, regiones y escolaridad, salen a trabajar procurando el bienestar colectivo. Por supuesto, como en toda institución pública, de forma lamentable, existen malas prácticas y elementos, pero son mucho más aquellos que cumplen con su deber.
Protestar por el asesinato de policías y exigir que tengan mejores condiciones de trabajo se vuelve una exigencia cívica ya que son estas personas, con familias, sueños y, también, desilusiones –como cualquier individuo–, las que hacen que cosas malas no le pasen a todos y exista una esperanza de salir por las calles sin peligro.
