La política en Chiapas parece ser la misma cada seis años. Elecciones, arreglos, compromisos, alianzas, slogans, partidos, élites, pero parece que, desde las últimas elecciones de junio de 2024, algo se modificó.
Aunque se mantienen apellidos tradicionales, también se dio un cambio generacional y un cambio en las élites desde lo más alto del poder público con el correspondiente impacto en las formas de entender la realidad local, sus problemas y soluciones. El gobierno en funciones desde diciembre de ese año ha mostrado un interés por iniciar un proceso de construcción de un nuevo Estado a partir de lo que sus impulsores han llamado humanismo y transformación. De ahí el lema oficial de este sexenio.
La velocidad con la que los cambios se están dando no responden, de manera única, a los empeños del titular del poder Ejecutivo, sino a la realidad de la entidad. Las condiciones de atraso, violencia y desigualdad en las que se encuentra Chiapas impulsan a tomar decisiones audaces, responsables y transparentes. El precipicio es lo que sigue si no se intervienen los problemas existentes y los potenciales, desde su origen verdadero y no sólo desde sus manifestaciones.
Seguridad y educación son dos de los temas más relevantes que están siendo atendidos. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la campaña de alfabetización, respectivamente, son los rostros conocidos de la acción del gobierno en esos aspectos; a ellos, vendrán a sumarse la construcción de infraestructura pública y la promoción turística. Tomar decisiones de política pública significa tener el apoyo de unos grupos y el rechazo de otros, usar dinero para una cosa en detrimento de otra y esto es así porque en la política –y más cuando se está en el gobierno– lo cotidiano es la gestión del conflicto y la administración de la escasez. Los tiempos no están para dilapidar el dinero público (ni el privado) y los focos rojos en Chiapas que pueden poner en duda la gobernabilidad todavía no se apagan.
Hasta el momento, las decisiones tomadas pretenden colocar en el centro a los protagonistas de la vida colectiva: las personas que a diario se esfuerzan por vivir mejor. La legitimidad que le dieron los votos al gobierno en funciones, junto con el desempeño que, hasta ahora, ha tenido, lo colocan como un actor capaz de articular los esfuerzos por renovar el pacto social –tan fracturado– e iniciar lo que puede ser una nueva era de paz.
Sin embargo, hay que tener claro que muchas cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. La política extractivista que se ha ejercido en Chiapas en cada gobierno ha llevado al momento presente. La corrupción, la mentira, el abuso, el interés personal y la complicidad con los grupos delincuenciales atraviesan los tres niveles de gobierno, los tres poderes y muchas partes de la sociedad civil, pero no todo está perdido.
Más allá de la “renovación moral” que se pueda dar en Chiapas, la acción decidida de hacer las cosas diferentes –como exigencia popular y compromiso personal– es urgente y palpable.
El gobierno no ha encontrado oposición a sus iniciativas en los partidos políticos, pero sí la va a encontrar en aquellos grupos –incrustados en el partido gobernante, en las estructuras de la burocracia o en sectores sociales organizados como sindicatos y empresariado– que han hecho rutinas y reglas a la medida y en sectores que discrepan genuinamente de sus decisiones. En cuanto a los grupos de interés, hay que reconvenirlos, mientras que a estos últimos hay escucharlos y acordar con ellos las mejores opciones. De esto va la democracia: gobernar con apertura y legalidad.
La disciplina y el castigo político en el siglo XXI ya no son mecanismos efectivos. Los adversarios internos y externos encuentran otros modos para presionar, de ahí la importancia que las personas responsables de tomar decisiones sepan conciliar, diagnosticar e implementar para restar espacio e influencia a aquellos que tratan de mantener el estado de (sus) cosas.
Lo que se espera de este gobierno es mucho y así va a ser su evaluación.
