El enfoque de derechos humanos es relativamente nuevo en su estudio e implementación, pues deriva de la concientización y búsqueda de mecanismos que permitan alcanzar el bienestar social, reducir la desigualdad y la exclusión, creo que es importante enumerar los procesos que, históricamente generaron el surgimiento del enfoque de derechos humanos:
- La redemocratización de los países sudamericanos y la paz en Centroamérica, que replanteo la discusión sobre las estrategias de construcción del orden social y del papel de la sociedad civil;
- El excéntrico y desafortunado resurgimiento de una corriente económica neoliberal conviviendo con una corriente política neoconservadora;
- Las preocupaciones neo institucionalistas relacionadas con el tema de la gobernabilidad (redemocratización versus ajuste macroeconómico);
- La identificación de problemas sociales diferentes a los tradicionales (vinculados con el sistema político y/o económico), tales como disfuncionalidades vinculadas con el matrimonio, la familia, la sexualidad, el racismo, etcétera; y
- El reconocimiento ético de los derechos de las minorías y poblaciones vulnerables (mujeres, niños y adolescentes, adultos mayores, pueblos originarios, etcétera), cuya visibilidad permitió aunar esfuerzos orientados a armonizar los derechos humanos en políticas públicas.
Existe cierto grado de acuerdo en torno a que estos problemas únicamente pueden ser superados mediante políticas públicas integrales e inclusivas que contemplen nuevos elementos, diferentes a los tradicionales, con una perspectiva más humana y menos pragmática, más inclusiva y menos centralizada.
Las políticas públicas orientadas al enfoque de los derechos humanos deben, cuando menos, ser transversales y universales, es decir, permear todos los ámbitos del Estado y la sociedad, pensar y actuar con los derechos humanos como el centro ético-moral del bienestar de la sociedad y con cobertura universal, sin ningún tipo de discriminación o exclusión; incorporar la dignidad humana como ente central de la acción social; repensar los términos democracia y responsabilidad compartida, asegurando que la participación ciudadana sea activa, informada, protagónica e ineludible, consultando a las poblaciones beneficiarias o afectadas por la problemática, creando redes sociales autosostenibles y de fomento de organizaciones sociales democráticas.
Para la concreta aplicación de una política con enfoque en derechos humanos, es recomendable que se tengan en consideración los principios transversales aplicables a la política pública en cuestión; al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, reconoce que es de vital importancia tomar en consideración los siguientes:
- El principio de igualdad y no discriminación.
- La participación social.
- Los mecanismos de reclamo y el acceso a la justicia.
- La producción y el acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas.
- La protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica.
- La inclusión de la perspectiva de género y diversidad.
Entre las clases o tipos de políticas públicas que se pueden escalar en un enfoque de derechos humanos, se encuentran las políticas de promoción, las cuales buscar la apropiación de los derechos por parte de los ciudadanos, mediante la difusión, formación y enseñanza, con la finalidad de que, al conocerlos, ejerzan sus derechos; las políticas de defensa y protección, pretenden evitar el deterioro, violación y/o vulneración de los derechos humanos, es decir, realizar acciones de restablecimiento una vez hecho el daño; las políticas de concreción y materialización son las acciones tendientes a generar las condiciones que posibilitan el ejercicio de los derechos humanos, hablamos sobre todo de políticas sociales en perspectiva para la satisfacción integral de las personas: políticas redistributivas, laborales, de salarios, de seguridad social y desarrollo humano, para grupos vulnerables, etcétera.
En conclusión toda política pública es ante todo una política y no una técnica, y persiguen la consagración del Estado de derecho como mecanismo para el desarrollo de la democracia y la extensión del disfrute de una vida digna. En este sentido, la formulación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos debe asegurar un respaldo jurídico que explicite el reconocimiento de estos derechos y establezca mecanismos pertinentes de exigibilidad, así como las regulaciones necesarias para garantizarlos.
Las políticas públicas de este enfoque deben contemplar una cobertura universal, es decir, la inclusión de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación; contemplar mecanismos que garanticen la participación activa de las personas, tanto individual, como organizadamente; y por último mecanismos técnicos, políticos y culturales para la atención y promoción de tales derechos. Debe garantizar una discusión epistemológica permanente que someta estrategias de intervención y evaluación, asegurándose que la persona se encuentra por encima de cualquier consideración técnica o política.
