Las políticas públicas no funcionan debido a que son diseñadas con la participación de mujeres no sensibilizadas en perspectiva de género o se excluye totalmente su presencia
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México. A 25 años de la Conferencia de Beijing, el gobierno mexicano sigue sin diseñar políticas públicas con perspectiva de género que garanticen la participación de las mujeres, desde sus contextos, en la economía, política, medio ambiente y en la cultura. Las políticas en vigor sólo son simulaciones que pretenden mostrar un interés hacia que la vida y los Derechos Humanos de las mujeres y niñas sean legitimados.
Esta fue una de las reflexiones a la que llegaron académicas, abogadas y defensoras que participaron en el segundo día del Foro Alternativo, «A 25 años Beijing. Nosotras Tenemos Otros Datos», el cual busca visibilizar que la realidad de las mujeres continúa siendo casi la misma porque el gobierno no tiene interés por cumplir con las esferas de la Plataforma Beijing.
Las panelistas explicaron que las políticas públicas no funcionan debido a que son diseñadas con la participación de mujeres no sensibilizadas en perspectiva de género o se excluye totalmente su presencia, por lo que las autoridades fingen que reconocen a las mujeres y niñas como seres activos de la sociedad o que sus demandas y necesidades son temas primordiales en la agenda pública.
Ejemplo de ello, dijeron, es que el gobierno sigue sin corroborar que las desapariciones, desplazamientos y muertes de mujeres en zonas de conflicto armado o delincuencia organizada son resultado de que las políticas públicas se enfocan en destinar más recursos económicos y humanos al Ejército, en lugar de promover reformas que impulsen la solución desde la no violación de los Derechos Humanos.
Ante ello, la integrante de la Red de Derechos Humanos de Tijuana, Baja California, Meritxell Calderón y una de las fundadoras de las Constituyentes, Yndra Sandoval, coincidieron que el despliegue de más elementos militares con armas de fuego en las zonas donde hay conflictos armados ha repercutido en mantener la trata de personas, la explotación sexual o laboral y la desaparición forzada de mujeres y niñas.
En Tijuana, Baja California, Meritxell Calderón explicó que las políticas públicas no contemplan que los puertos permiten que las redes de trata de personas y la pornografía sean más fuertes. Delitos que atacan mayormente a las migrantes al estar en completa desprotección por el gobierno. Ellas «se inyectan hormonas para que les duren 3 meses y no quedar embarazadas porque saben que serán víctimas de abuso sexual», agregó.
Recordaron que las principales recomendaciones internacionales que tiene México están relacionadas con el abuso y tortura sexual, algunas de ellas donde los agresores fueron militares y en la que se exige que se desarrollen acciones para que no se repitan estos hechos y se asegure una reparación del daño a las víctimas, pero ninguna de las dos sucede porque no hay voluntad política para destinar recursos que traten estos problemas.
Comentaron que el asesinato de Victoria Salazar, originaria de El Salvador, debido al uso excesivo de fuerza policiaca en Cancún, es otra prueba del desinterés de las autoridades para cuidar a las mujeres y de la poca o nula disposición de aplicar las distintas leyes y convenciones internacionales que hablan sobre los derechos de las mujeres para efecto de que realmente gocen de una vida libre de violencia.
Economía sin avances
Respecto al tema económico señalaron que la brecha salarial y de oportunidades no ha cambiado desde 2006 a pesar de que las mujeres incrementaron su participación en el mundo laboral, son quienes poseen más títulos universitarios y trabajan más del doble de horas que los hombres, sin contar el trabajo no remunerado que también desempeñan.
Hoy en día, comentaron, todavía se cuestiona la decisión de las mujeres de emprender negocios, de querer ejercer un cargo directivo en una empresa o su derecho a poseer tierras y a heredar. México es el principal país de América Latina con la participación más baja de mujeres en la economía, seguido de Brasil, Colombia y Perú. Situación que, prevén, se agravará al final de la pandemia.
En los temas de participación política y de los mecanismos institucionales, las panelistas comentaron que la paridad no ha desarrollado más avances que el número de mujeres en cargos políticos, ya que siguen sin destinarse recursos a los mecanismos, no hay transparencia en cifras de las violencias contra las mujeres, ni se capacita a la policía y autoridades, ni se vigila qué sucede en las instancias de género.
En el país, dijeron, impera más la voluntad política que la Ley. En opinión de la abogada Patricia Olamendi y la integrante 33 Mujeres AC, Edurne Ochoa es necesario que se elija mujeres sensibilizadas en perspectiva de género para liderar cargos políticas e instituciones con el fin de asegurar que las mujeres sean una prioridad en las normas.
En este segundo día, también participaron la especialista en medio ambiente, Martha González Rentería, la académica en medio ambiente, Brenda Rodríguez; la doctora, Isabel Maldonado Jiménez y defensora de DH, María Luisa Sosa.
