Piden establecer presupuesto a favor del trabajo y la economía de las mujeres, quienes son jefas de familia en 33 por ciento de los hogares mexicanos
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México. La falta de claridad en el decreto de austeridad por el COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo el dinero establecido para la operación de programas de atención para las mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias, la diputada federal, Martha Angélica Tagle Martínez, detalló que el gobierno federal debe explicar mejor los términos del «decreto presidencial por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal», que se publicó este 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación.
Tagle señaló que con este documento, además de extralimitar sus funciones, el presidente es poco claro, ya que señala que «se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios (…)», pero no establece un límite de tiempo.
Además, el decreto dice que se aplicará a gastos de servicios generales, pero más adelante habla de todas las acciones y gastos públicos. En concreto, el documento federal establece que «no se ejercerá 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido».
La diputada refrendó: «Deja muchas incógnitas de exactamente a qué se refiere, y lo mínimo que exigimos es que de parte del gobierno haya una claridad porque en una interpretación lisa y llana del decreto sin duda todos los programas del Anexo 13 (sobre igualdad entre mujeres y hombres) quedan suspendidos o a la interpretación de cada dependencia».
Tagle recordó que hace una semana, la Secretaría de la Función Pública ordenó, también excediendo sus funciones, hacer recortes presupuestales en las dependencias, incluso con amenazas de sanciones. Esto empezó a tener efectos sobre ciertos programas de mujeres, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas se reportó que se decidió posponer el programa para mujeres indígenas.
«No sabemos administrativamente qué va a suceder después del decreto porque muchas áreas van a tener que cerrar sus puertas sin saber hasta cuándo, porque sencillamente se habla de posponerlos», explicó la legisladora.
Tagle señaló que, por falta de claridad con el decreto, parece que los temas de salud que prevalecerán son sólo los relacionados con COVID-19 y no otros graves para las mujeres, como el caso de los diferentes tipos de cáncer. La política agregó que las propias instancias de las mujeres ya están preocupadas porque no hay certeza sobre los recursos comprometidos, por ejemplo, como en el caso del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que en Morelos ya estaban previstos para la habilitación de refugios para víctimas de violencia.
De acuerdo con la diputada, los programas contenidos entre los 38 prioritarios que establece el decreto y que también forman parte del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, no necesariamente tienen como fin parar las desigualdades de género.
Un ejemplo de esto son los programas para las y los Jóvenes Construyendo el Futuro; pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; o el programa Sembrando Vida.
La diputada llamó a la administración federal a ser muy clara en las determinaciones administrativas por escrito, de manera clara y transparente, pero también pidió a las legisladoras del Congreso federal hacer un frente común para evitar que los recursos para las mujeres se vean disminuidos, y recordó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria habla de que los recursos dirigidos al Anexo 13 no pueden recibir recortes porque son considerados prioritarios.
Insuficientes los recursos para atender mujeres durante la pandemia
Horas previas a que se publicara oficialmente el decreto de austeridad, diputadas y expertas en derechos de las mujeres y presupuesto participaron en el foro «Violencia contra Mujeres y Niñas: la otra pandemia. Políticas y presupuestos públicos para mujeres durante la emergencia sanitaria», que organizó la diputada Martha Tagle en línea este 23 de abril y en el que coincidieron que el país enfrentará esta pandemia con escasos recursos económicos para salvaguardar la economía y la vida libre de violencia de las mujeres.
Durante su participación, las diputdas Verónica Juárez Piña y Dulce María Sauri Riancho coincidieron en que el gobierno federal ha ignorado en el diseño de las políticas frente a la emergencia provocada por el COVID-19 las necesidades específicas de las niñas y las mujeres. Señalaron que no se trata sólo de garantizar la atención de las víctimas de violencia, sino también de establecer presupuesto a favor del trabajo y la economía de las mujeres, quienes son jefas de familia en 33 por ciento de los hogares mexicanos.
«En este momento de emergencia no podemos permitir el desmantelamiento del ya de por sí precarias instituciones que conforman la red para atender los fenómenos de violencia contra las mujeres y las niñas», dijo Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.
Por su parte, la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, dijo que en un país como México, donde ocurren 10 casos de feminicidio diariamente y 34 niñas son víctimas de violencias sexuales resultando en embarazos no deseados, es necesario contar con un presupuesto de egresos de la federación con perspectiva de género, derechos humanos e intercultural.
La defensora de los derechos de las mujeres enfatizó en que estas erogaciones deben estar garantizadas especialmente en el contexto de la contingencia sanitaria, ya que desde el inicio de las medidas de confinamiento aumentaron más del 80 por ciento las llamadas y mensajes con solicitudes de apoyo a los refugios; 19 por ciento de las mujeres dijeron que antes solicitaron apoyo a alguna instancia de gobierno, pero no los recibieron.
Figueroa criticó que históricamente las erogaciones para los derechos de las mujeres son disminuidas, pues la mayor parte del gasto público se concentra en el sector económico y no en lo social, ya que al analizar el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020, el gasto para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres representa el 1.4 por ciento del presupuesto total del país; de ese presupuesto, sólo 4 por ciento está representado por los refugios.
La coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa, Mariana Campos, avizoró que la jornada de Sana Distancia aumentará la vulnerabilidad económica de las mujeres, lo que las va a colocar en una situación más proclive a la violencia.
Sin embargo, desde antes de la pandemia, se observó que la política social del gobierno federal está muy enfocada en personas en edades previas o posteriores al trabajo, y muy pocos recursos o programas que cubran las necesidades de las mujeres que tienen ocupaciones remuneradas.
La analista dijo que de por sí el Anexo 13 es un instrumento muy poco útil y su integración no obedece a una metodología adecuada, pues no está probado que su organización actual impacte positivamente en la vida de las mujeres ni privilegia la prevención y protección de las mujeres.
Por ejemplo, casi 40 por ciento de los recursos federales para la igualdad entre mujeres y hombres están en el programa de la pensión para las personas adultas mayores, mientras que sólo 500 millones de pesos, de un anexo de más de 60 mil millones, va a la prevención o protección de la violencia. El programa jefas de familia no es parte del presupuesto. A esto se suma en que, desde años atrás, se ha observado un subejercicio en el presupuesto programado para el Anexo 13.
