En la mayoría de las detenciones y sentencias de personas indígenas se violan derechos humanos, ya que nadie garantiza que contarán con un traductor en su lengua originaria para poder defenderse
Fujiko Yamasaki / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap]l señalar que Chiapas tiene un porcentaje muy alto de indígenas presos que han sido procesados sin la asistencia de intérpretes o traductores, Jorge Luis Hernández Castro, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señaló que el sistema de justicia del estado no brinda las herramientas necesarias para atender este tipo de casos.
Hernández Castro mencionó que los municipios donde más se encuentran estos casos son San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Cintalapa.
«En Chiapas se ha notado un porcentaje muy alto de personas que se encuentran en estado detención, en donde muchas mujeres y hombres no tienen acceso a una adecuada defensa, además de que las instituciones en muchas ocasiones no tienen la sensibilidad para tratar estos casos. Lamentablemente estas personas que son monolingües, cuando ya están dentro del sistema penitencial se ven obligadas a aprender el español.»
El miembro de la organización agregó que la gran mayoría de las detenciones arbitrarias de estas personas, son víctimas de tortura, tanto física como psicológica.
Durante el 2016 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dio a conocer que llevó a cabo la capacitación de 13 traductores en las lenguas tseltal, tsotsil, tojolabal y ch»ol. Sin embargo, esta cantidad sigue siendo muy escasa para atender a la población indígena en el estado y más si se considera que Chiapas es uno de los estados con más hablantes de lengua indígena, contando con un 28.9 por ciento de hablantes con respecto al total de su población, de acuerdo con cifras del 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En días pasados, la diputada federal del PRD, Karina Barón Ortiz, dio a conocer que en México, existen más de 8 mil indígenas presos de los cuales el 80 por ciento fueron procesados sin la asistencia de intérpretes o traductores. En los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz es en donde más se han registrado estas irregularidades.
La también secretaria de la Comisión para el Desarrollo Social de la Cámara de Diputados señalo que en estos procedimientos de detención y sanción, se plagan de anomalías no sólo por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, sino porque el Ministerio Público y los jueces tienden a menospreciar este tipo de casos.
Argumentó también que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia no tienen presupuesto para dicho objetivo.
En el reglamento de la Secretaría de Cultura publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que el presupuesto para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) de este año, es de 80 millones de pesos, una cantidad baja si comparamos que anualmente se destina alrededor de 15 millones de pesos para solucionar la necesidad del uso de traductores e intérpretes, y un juicio penal contra una persona indígena desde que inicia hasta que termina, llega a alcanzar un costo de 40 mil pesos, de acuerdo con datos del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).
Finalmente la diputada Barón Ortiz solicitó al Consejo de la Judicatura Federal y a la Procuraduría General de la República que garanticen el derecho de los indígenas, bajo cualquier proceso judicial, a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
