Tras reafirmar que la Reforma Judicial no afectará a los trabajadores, el presidente López Obrador criticó que haya quienes se sigan oponiendo a la limpieza del sistema judicial y defendiendo a los responsables de prácticas ilegales, promoviendo amparos sin fundamento
Aquínoticias STaff
En la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra el Poder Judicial, en un contexto cada vez más polarizado tras la reforma judicial promovida por su administración. En sus declaraciones, el mandatario expresó su preocupación por lo que considera una resistencia injustificada por parte de algunos actores del sistema judicial, acusándolos de «actuar fuera de la legalidad» y proteger intereses corruptos.
López Obrador lamentó que los trabajadores del Poder Judicial se mantengan «engañados» respecto a las verdaderas intenciones detrás de las movilizaciones que han protagonizado en rechazo a las modificaciones constitucionales. Según el presidente, quienes encabezan estas manifestaciones no lo hacen en defensa de los derechos laborales, sino para proteger los privilegios de jueces y magistrados corruptos, cuyas decisiones a menudo favorecen los intereses de las élites.
«No afectará a los trabajadores»
El presidente reiteró que los derechos laborales de los trabajadores judiciales no están en peligro: «Nadie va a salir afectado, a no ser que estén defendiendo a jueces que son sus familias y que por eso esa actitud», afirmó. No obstante, sugirió que algunos trabajadores podrían estar involucrados en prácticas ilícitas, viviendo no solo de sus salarios, sino también de «influyentismo y moches». Estas declaraciones reflejan su postura de que las resistencias a la reforma judicial provienen de sectores que se benefician de la corrupción endémica que, según él, prevalece en el Poder Judicial.
Críticas a la huelga y las movilizaciones
Con un tono irónico, López Obrador sugirió que sería preferible que los jueces se mantuvieran en huelga: «Ojalá se mantuviesen en huelga porque siguen tomando decisiones favorables a los intereses de las minorías». Según el presidente, dichas decisiones carecen de legitimidad, dado que el paro es «completamente ilegal».
Estas declaraciones también subrayan la confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial, uno de los episodios más intensos en la historia reciente del país. López Obrador insistió en que las movilizaciones en el sector son impulsadas por quienes buscan mantener un sistema judicial corrupto y alejado de los principios de justicia para el pueblo.
Reforma Judicial y amparos: la opinión del Ejecutivo
El presidente también criticó la serie de amparos que han sido presentados en contra de la reforma judicial, argumentando que carecen de fundamento legal. “Ahora hay amparos para todo», comentó en tono sarcástico, cuestionando la falta de pronunciamiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, sobre estos recursos. López Obrador subrayó que la presidenta se ha mantenido en silencio, lo que describió como un «silencio cómplice» que perpetúa las irregularidades dentro del Poder Judicial.
En este punto, el mandatario mencionó al exministro Diego Valadés, quien también habría sostenido que no existe base legal para detener la reforma judicial. No obstante, el conflicto de intereses entre los diferentes poderes del Estado sigue siendo motivo de tensión, con López Obrador acusando a la Corte de promover amparos «sin fundamento legal» y de contravenir la nueva normativa que establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe organizar la elección de jueces, magistrados y ministros.
Implicaciones políticas y sociales
Las declaraciones del presidente López Obrador se enmarcan en un clima de profunda polarización política y social. La reforma judicial, una de las piezas clave de su agenda, ha sido presentada como un esfuerzo para erradicar la corrupción en uno de los poderes más cuestionados del país. No obstante, la resistencia desde el interior del propio Poder Judicial, así como de importantes sectores de la sociedad, ha puesto en evidencia la complejidad de transformar una institución con profundas raíces en la estructura política y económica mexicana.
En términos sociales, este conflicto también subraya una narrativa que ha sido central en el discurso de López Obrador: la lucha entre una élite privilegiada y la mayoría del pueblo. La reforma judicial se presenta como una oportunidad para democratizar el acceso a la justicia, pero las críticas y resistencias sugieren que los cambios propuestos podrían tener implicaciones más profundas y no necesariamente positivas para todos los actores involucrados.
Conclusión
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial continúa escalando, y es probable que el debate sobre la reforma judicial persista en los próximos meses. Las declaraciones de López Obrador en su conferencia matutina reflejan su determinación de continuar adelante con las modificaciones, pese a la oposición y a las acciones legales emprendidas por jueces y magistrados. Mientras tanto, el país observa atentamente cómo se desarrollan los eventos y cuál será el futuro del sistema judicial bajo este nuevo panorama político.
