Hace unos años nos impactaba leer en las noticias sobre los decesos de migrantes hacinados en camiones abandonados en Arizona o en los desiertos circundantes a la frontera del país con Estados Unidos. En este espacio he comentado ampliamente de la importancia del papel de mexicanas y mexicanos que trabajan en el exterior, pero siguen impulsando la economía nacional. Con los datos a octubre de este año ya se registra un aumento de 25,62% rebasando los 42,000 millones de dólares recibidos en remesas.
Ahora hay que hablar de otra cara de esta realidad: la de las y los migrantes que cruzan por nuestro país. Las notas de la semana pasada ejemplifican, por mucho, un contexto diferente. Un tráiler se accidentó en Chiapas, y de las más de 160 personas que viajaban atestadas en el contenedor, 55 perdieron la vida. De este tamaño es el riesgo que asumen las y los migrantes (niñas y niños incluidos) al dejar sus países y todo lo que conocen por la idea de sobrevivir, de encontrar algo mejor y a lo que jamás tendrían acceso si se quedaran. El Banco Mundial estima que durante 2021 las remesas habrán aumentado en América Latina y el Caribe 21,6% al cierre del año. Y por supuesto que esto responde a un incremento en las cifras de personas migrantes en la región.
Por otra parte, resulta por demás indignante la represión en las calles para frenar a las Caravanas de Migrantes, en cualquier parte del territorio nacional. Cientos de personas dependen día a día de la solidaridad mexicana y de organizaciones de beneficencia que administran albergues públicos y gratuitos, como el extraordinario trabajo que realiza La Casa del Peregrino.
Aquí hay que comprender que el asunto de contener el flujo de personas hacia el norte debe analizarse siempre en el contexto del T-MEC y la relación de interdependencia entre México y Estados Unidos, que con la gestión Biden-Harris y la reinstalación del programa «Quédate en México» ya ha devuelto a 70 mil personas, de las que 40% son mujeres y niñez 33%, además no se da en paralelo a una política solidaria y transfronteriza que mejore la realidad de las personas, tanto en sus países de origen, como durante su tránsito y destino.
Hasta el mes pasado se registraron 123 mil solicitudes de asilo en México, lo que sobrepasa en 23% la cifra calculada por la ONU. Como ya lo he señalado, el principal país de origen es Haití, seguido de Honduras, Cuba, Chile y El Salvador, cada uno con un grupo específico de desventajas que conjugan factores políticos, sociales y ambientales, agravados por la pandemia. Al mismo tiempo que hemos luchado por los derechos de las y los connacionales que trabajan en Estados Unidos, debemos garantizar los derechos humanos de quienes emigran a México.
Más allá del sentido práctico, toda política pública debe siempre respetar los derechos humanos y buscar soluciones globales a la inseguridad, al hambre y al acceso a oportunidades de desarrollo, factores que llevan a las personas a salir de su país. Los derechos humanos primero.
