Serán los comicios después del fraude electoral suscitado en 2015, en el que se vieron implicados los integrantes del mismo Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n Chiapas, el próximo proceso electoral local coincidirá con el federal. Serán los primeros comicios después del fraude electoral suscitado en 2015 en el que se vieron implicados los integrantes del mismo Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Esas elecciones estuvieron plagadas de prácticas deshonestas —antes y durante— que fueron ampliamente documentadas por ciudadanos mediante redes sociales. No obstante, algunas prácticas no están contempladas por la ley y los grupos fácticos del poder las ponen en marcha antes de la elección, tal como lo reconocen Alejandro E. Lerma Kirchner, Sergio Bárcena Juárez y Romeo Vite López en su libro «Marketing Político».
Estas estrategias se ponen en marcha incluso antes de las campañas electorales y son conocidas como de relleno, «rasurado», la utilización de «fantasmas», la mala referenciación, subregistro y subcredencialización.
Luego que ayer se detallara de forma puntual la forma en que se implementa el «relleno» del padrón electoral con la «siembra» de ciudadanos, en esta segunda entrega se detallará la forma en que operan las demás tácticas.
«El rasurado»
Kirchner, Bárcena y Vite han identificado, además del «relleno», otras artimañas de las que se valen los «mapaches electoreros» para inhibir el derecho al voto a fin de favorecer a un determinado partido o candidato. Entre estas formas, destaca el que denominan «rasurado».
Consiste en la eliminación de ciudadanos —que presumiblemente no son favorables a determinada fuerza política o contendiente— del padrón electoral o de la lista nominal que será utilizada el día de la elección. Según explican, esta depuración se realiza de forma personalizada, a ciegas, a ciegas-dirigida o a ciegas-básica:
1.- Es personalizada cuando se elimina del padrón a ciudadanos, con base en la presunción de sus preferencias electorales. Esto suele suceder cuando se cuenta con información obtenida por medio de referencias o de encuestas.
2.- La eliminación a ciegas se basa en suprimir un determinado número de ciudadanos que (sin ser elegidos con base en información personal) se estima con base en sus características, corresponden a alguna de las categorías que suelen ser adversas como: nivel socioeconómico y educativo; sexo, edad y el resultado electoral anterior en el área donde se ubica el domicilio.
3.- La supresión a ciegas-básica consiste en quitar a un determinado porcentaje de ciudadanos en las secciones que son desfavorables. Esto se hace cuando se supone que no existe una correlación entre la intención del voto y las categorías visibles en el electorado, o bien, cuando se desconocen las categorías.
4.- La eliminación de electores a ciegas-dirigida implica excluir a electores con base en alguna característica general que tenga fuerte correlación con el perfil de los electores a ser «rasurados», que implique una determinada preferencia electoral, como: sexo, rango de edad, nivel socioeconómico en función a la zona que habitan.
¿De qué manera saber si hay «rasurados» en el padrón electoral? Los especialistas explican que para detectarlos se requiere de efectuar un cotejo entre la lista nominal correspondiente a la jornada electoral con el padrón o padrones previos, anotando los nombres y las direcciones de aquellos ciudadanos que apareciendo en el padrón electoral, ya no aparecen en la lista nominal.
De esta manera se puede evidenciar al grupo de ciudadanos que hacen falta e incluso podrían hallarse fallecimientos o cambios de domicilio hacia fuera de la sección o distrito, e inhabilitados.
«Fantasmas» y «ratón loco»
El término de «fantasmas» corresponde a aquellos registros de ciudadanos que no son localizables, porque no residen ni han residido en el domicilio registrado en el padrón electoral, y que muy probablemente son producto del relleno; no obstante, en realidad estas personas no existen.
En su libro, los autores refieren que de los registros duplicados de ciudadanos existentes se aduce la presencia de más de un registro por persona con alguna variante en el código de elector. Esta clave es única y el proceso computarizado no permite que dos códigos idénticos puedan estar registrados en la misma base de datos; de ahí que se detecte la irregularidad. En ocasiones, también se descubren direcciones inexistentes.
Esta irregularidad puede presentarse tanto dentro del padrón electoral de un mismo distrito o de otros en la misma entidad federativa; incluso, en otros estados.
La mala referenciación también es otra práctica deshonesta que se lleva a cabo antes de las campañas. Consiste en que el campo o dato de la sección electoral asignada a los ciudadanos no corresponda a la sección que realmente pertenece a su dirección.
Como consecuencia, los analistas explican que esta triquiñuela produce el efecto llamado «ratón loco». El ciudadano, al estar mal referenciado, va de una casilla a otra buscando su nombre a fin de sufragar; al final, puede desanimarse y así se inhibe su derecho al voto.
«Un indicador para suponer si la mala referenciación fue hecha en forma intencional, y por tanto, fraudulenta, es observar si se presenta un claro sesgo en su incidencia hacia las secciones y distritos que tengan determinada preferencia electoral, y en consecuencia, la referenciación indebida opera en contra de los intereses de uno o varios partidos», consignan los autores de «Marketing Político».
También, como una propuesta para contrarrestar los efectos de esta práctica, sugieren la colocación profusa de carteles en cada sección electoral que indiquen a los ciudadanos el número de sección que aparece en sus credenciales para votar contra el número de sección del cartel, para verificar si coinciden tanto el número de distrito como el de la sección electoral y, en caso de presentar algún error, facilitarles la dirección y teléfono para reportar el error y proceder a hacer la corrección correspondiente.
De la credencial
Otras tácticas contemplan el subregistro, la subcredencialización y el manejo selectivo de las credenciales para votar. El subregistro se presenta cuando en determinada sección o distrito se omite, en forma intencional, un número considerable de ciudadanos en el padrón electoral en perjuicio de un grupo político.
No obstante, suele presentarse en el caso de ciudadanos que no desean ser registrados por temor al uso que las autoridades darán a esos registros o bien, por la desconfianza con respecto a la «limpieza» electoral.
Para detectar el subregistro intencional para favorecer a un candidato o partido, primero se debe estimar el porcentaje de ciudadanos que en cada localidad no se encuentran empadronados en los registros electorales; si existe alta correlación entre el porcentaje de personas no registradas y las áreas de una determinada tendencia política; y si el escaso registro de ciudadanos es imputable a acciones u omisiones del Registro de Electores.
En ocasiones, las autoridades incurren en la subcredencialización, que se refiere a la falta o retraso en la entrega de credenciales para votar a los ciudadanos; por tanto, queda nulificado su derecho a sufragar porque no cuentan con ese requisito que marca la legislación. «Se puede suponer intencionalidad cuando la falta de entrega de credenciales presente sesgo en las zonas o segmentos de preferencia por un determinado partido político», explican los mercadólogos.
«El manejo selectivo de las credenciales de elector se refiere a la serie de mecanismos intencionales para retrasar la entrega de credenciales a los ciudadanos mediante errores y demás acciones que demoren la entrega de este documento de identificación ciudadana, con el fin implícito de desincentivar el ejercicio del voto, y contrario a ello, eficientar la promoción y logística en aquellas secciones electorales proclives a un determinado partido», añaden.
Asimismo, con el objetivo de impedir el derecho al voto, otros optan por la retención de credenciales. Esto consiste en solicitar, recoger y mantener las credenciales de elector, ya sea por parte del organismo encargado de la organización de las elecciones, de algún partido político, organismo gubernamental, organización gremial, empresa o alguna agrupación religiosa.
Los expertos resaltan que la mejor manera de impedir esta maniobra es la formación ciudadana y la conciencia social con respecto a la importancia del sufragio. «Dado que esta acción está tipificada como delito electoral, la denuncia y la exigencia de las sanciones correspondientes nos permiten la incidencia de este tipo de acciones delictivas», se lee en su investigación.
Condicionan recursos
Antes de las campañas también pueden operarse la determinación amañada de las áreas geoelectorales, así como el engaño en los recursos y apoyos diversos, en detrimento de alguna fuerza política.
La primera de ellas consiste en estructurar las secciones, distritos y circunscripciones electorales en forma sesgada, con el fin de beneficiar a un determinado partido reduciendo la posibilidad de triunfo del oponente mediante la adición de áreas geoelectorales, que en forma caprichosa y sin fundamento, son adheridas o eliminadas de una determinada demarcación.
La segunda forma se refiere a las ocasiones en que el gobierno de superior nivel procede de una fuerza rival a la del gobierno de inferior nivel. Así, el primero puede perjudicar el desempeño del gobierno del segundo, negándole o retrasando recursos y apoyos diversos que le corresponden, a fin de dañar su desempeño y con ello la aceptación de la ciudadanía por los colores que representa.
Cualquiera que sea, estas prácticas deshonestas en las que incurren los principales actores políticos y electorales, tienen una misma consecuencia, coinciden Kirchner, Bárcena y Vite: se trata de incidentes que menoscaban la democracia en clara ventaja para un partido o un candidato en particular.
