El gobierno federal tiene que entregar un reporte, en tanto, que las organizaciones civiles preparan su propio análisis
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México. Debilitamiento de las fiscalías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres, ausencia de presupuesto, falta de periciales y la ausencia de la perspectiva de género en operadores de justicia, son algunos de los temas pendientes que se reportará al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés).
Convocadas hoy por la plataforma «Nosotros Tenemos Otros Datos», expertas en derechos de las mujeres explicaron en conferencia de prensa cuáles son algunos de los pendientes que reportarán en el informe sombra de medio término que preparan para entregar en septiembre próximo al Comité CEDAW.
El Comité CEDAW es un órgano integrado por 23 personas expertas independientes de todo el mundo que supervisan la aplicación de esta convención sobre los derechos de las mujeres en los Estados parte, entre ellos México. Este organismo revisa periódicamente a los Estados para vigilar su avance en garantizar los derechos de las mujeres. La revisión más reciente para México fue en 2018, cuando el gobierno de México entregó su noveno informe de cumplimiento y la CEDAW le devolvió una serie de recomendaciones cuyo avance debe informar el Estado este 2020.
Aunque el Estado mexicano sabía desde 2018 que este julio de 2020 debía entregar un informe de medio término a la CEDAW, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó vía transparencia que aún no lo elabora. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil también presentarán un informe sombra para asegurarse que la CEDAW tenga información completa y certera sobre lo que ocurre en nuestro país.
La doctora Patricia Olamendi, que ha participado en distintos mecanismos internacionales en materia de Derechos Humanos, recordó que las recomendaciones de la CEDAW son informar: qué ha pasado con la tipificación del feminicidio en todo el país, qué ha pasado con los protocolos de investigación criminal y policial, y cuál ha sido el resultado de las Alertas de Violencia de Género.
Al respecto del primer punto, la coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, Imelda Marrufo, explicó que la CEDAW establece que en 2018 sólo entre 10 y 13 entidades habían legislado el feminicidio como establece el Código Penal federal. Éste era el punto de partido para México.
Sin embargo, en materia de protocolos de investigación y de la aplicación del tipo penal de feminicidio, en estos dos años, lo que se observa es una ausencia y precarización de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), así como de otras fiscalías estatales y nacionales. «El tener indicadores muy claros de cómo están nuestras fiscalías va a ser muy importante para este informe de medio camino», señaló.
Marrufo agregó que desde el pasado 29 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores inició mesas de trabajo rumbo a la CEDAW, encabezadas por la Unidad de Igualdad del Senado y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Por su parte, la diputada Lorena Villavicencio, dijo que –como pide una de las recomendaciones de la CEDAW– el Congreso federal ya elaboró un tipo penal de feminicidio homologado para que adopten las entidades. No obstante, aclaró, esto no fue derivado de la Convención, sino de que el Fiscal, Alejandro Gertz Manero declaró que el tipo penal de feminicidio debía eliminarse.
La diputada dijo que esta propuesta nació del análisis de los códigos penales en las entidades, quienes ahora tendrán que adoptar el nuevo tipo penal. «Es una aportación importante que seguramente formará parte del informe ante la CEDAW», expresó.
No obstante este avance, en México aún no existe un registro certero sobre el número de mujeres asesinadas, por el contrario, se observa un precarización y ausencia de la perspectiva de género de las y los fiscales y los ministerios públicos, desmantelamiento de las fiscalías y ausencia de presupuesto, observó la diputada y agregó que en la propuesta legislativa quedó pendiente el fortalecimiento de penas contra funcionarios públicos que cometen omisiones.
«De nada sirve hacer buenas leyes, si no tenemos correspondencia en cuanto a responsabilidades por parte del sistema de justicia. Es una falla del Estado mexicano», dijo la diputada.
La abogada penalista Ana Katiria Suárez, también participante en Nosotras tenemos otros Datos, explicó que el tipo penal de feminicidio, a diferencia del homicidio doloso, tiene por objeto señalar que este delito busca anular la dignidad de las mujeres a través del tipo de lesiones, muerte y antecedentes. No obstante, sigue siendo un reto incorporar las periciales en la psique de los agresores.
