Las mujeres indígenas han documentado que no sólo son víctimas de violencia sexual, sino también de otras formas de abusos cometidos por las fuerzas armadas y por otros cuerpos de seguridad como la policía federal
Anayeli García Martínez / Aquínoticias
Ciudad de México. La militarización de la seguridad ha golpeado con fuerza a las comunidades indígenas de México, donde desde hace décadas los militares han llegado para apropiarse del territorio, de la vida comunitaria y del cuerpo de las mujeres, por eso les preocupa que ahora las fuerzas armadas realicen funciones policiales sin ningún control sobre su actuar.
La decisión de entregar legalmente a soldados y marinos la facultad de detener personas, ejecutar órdenes de aprehensión y asegurar bienes, como se anunció en el acuerdo publicado el pasado 11 de mayo, es una «invasión a la tranquilidad de las mujeres». Esa es la percepción de la coordinadora en el país de la Alianza de Mujeres indígenas de Centroamérica y México, la zapoteca Arcelia García Santiago.
En entrevista con Cimacnoticias, la líder indígena recordó que desde antes de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a los elementos castrenses a combatir el crimen organizado, las mujeres indígenas —sin ser escuchadas y sin que se les garantizara justicia— ya eran víctimas de los abusos del Ejército, la diferencia es que a ellas no las detenían para acusarlas de portar drogas o de ser traficantes de sustancias ilícitas.
La militarizaron es igual al despojo de derechos
El pasado 14 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la policía federal no tenía disciplina y había pruebas de corrupción al interior, por ello la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, deben proteger a la población mexicana y realizar las tareas de seguridad pública.
Aunque el presidente aseguró que hay un «proceso hacia el respeto de los Derechos Humanos», es largo el historial de violaciones sexuales cometidas por soldados hacia las mujeres indígenas: En 1994 tres indígenas tzeltales fueron detenidas y violadas en el municipio de Altamirano, en Chiapas; en 2007 la indígena náhualt Ernestina Ascencio Rosario fue violada en Zongolica, en Veracruz; en 2002 las indígenas tlapanecas Inés Fernandez Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en Ayutla y Acatepec, respectivamente, en Guerrero.
—Anayeli García Martínez (AGM): Arcelia ¿Qué significado tiene la militarización del país para las mujeres indígenas?
— Arcelia García Santiago (AGS): Significa desplazamiento forzado, significa miedo, significa aumento de la violencia en comunidades indígenas, significa la inmovilización de mujeres indígenas violando su libertad de tránsito pues cuando hay presencia militar las mujeres prefieren no salir de sus comunidades, evitando situaciones de violencias sexuales por razón de género.
«El presidente puede argumentar la falsedad de ello, manifestando que el Ejército es pueblo. Sin embargo, hay casos documentados como el de Inés y Valentina, o las mujeres de Atenco, que fueron violentadas por militares y policías (en el Estado de México en 2006, en un municipio considerado indígena por su población mazahua), que hasta hoy siguen viviendo las consecuencias psicológicas de esta militarización.
«Desde esta perspectiva, para nosotras significa despojo de nuestros derechos individuales y colectivos porque la militarización es una desnudez a mi cuerpo, es una desnudez a mi espacio privado, es invasión a la tranquilidad de las mujeres. Si de por sí el Estado es violatorio de derechos porque no siempre se respeta el debido proceso establecido en los artículos 14 y 16 Constitucional, con las normas del segundo constitucional para pueblos indígenas, en un Estado de militarización los derechos se violentan de forma masiva».
—AGM: Las mujeres ya han vivido la militarización, primero en contextos de insurgencia y después durante el combate al crimen organizado. ¿Cuál ha sido el efecto de los rondines y retenes militares para las mujeres?
—AGS: Dividamos los efectos de la militarización en políticos, económicos, sociales, físicos y psicológicos. Desde lo político, es una fuerza pública impuesta que va a violentar las formas de organización desde la gobernanza propia en los sistemas normativos internos.
«Desde lo social: Hay bases militares en los territorios indígenas que han violentado a las mujeres de las comunidades, o peor aún, desde su condición de género las enamoran, las embarazan y después no se hacen responsables de su paternidad, tomando a las mujeres como un objeto circunstancial de guerra dentro de la militarización.
«Desde lo físico: A través de los gritos, las miradas acosadoras, los golpes, entre otros efectos, se crean enfermedades físicas a partir de procesos emocionales derivados del miedo y la zozobra.
«Desde lo económico: Es una forma de control al libre tránsito para vender sus productos o hacer sus actividades laborales (muchas indígenas, como las hermanas tzeltales, detenidas en 1994, son interceptadas cuando caminan por su comunidad. Las hermanas fueron detenidas mientras regresaban a su casa después de ir a vender verduras).
«Desde lo psicológico: Eso puede generar mucho miedo, intimidación, fuerte vulnerabilidad al ataque físico, e inclusive detenciones arbitrarias en función del fenotipo, aumentando la discriminación en contra de las personas indígenas y afrodescendientes».
Excesos de las fuerzas armadas
Los excesos del Ejército y la Marina han sido evidenciados por colectivos y organizaciones civiles. En el caso de las mujeres indígenas se ha documentado que no sólo son víctimas de violencia sexual sino también de otras formas de abusos cometidos por las fuerzas armadas y por otros cuerpos de seguridad como la policía federal.
Por ejemplo, en marzo de 2006 las indígenas otomíes Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, quienes no sabían español, fueron acusadas por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones, en el municipio de Amealco, en Querétaro, lo que las llevó a pasar entre 3 y 4 años en prisión, hasta que se demostró su inocencia.
Desde antes del acuerdo presidencial, en las comunidades indígenas, los soldados ya tenían el poder de ocupar el territorio, llegar e instalar campamentos y bases militares, encabezar retenes y revisiones en carreteras y caminos; detener y retener personas; realizar revisiones corporales y de pertenencias y hasta ingresar a domicilios y realizar interrogatorios y, en medio de todo, los uniformados podían acosar e intimidar a las mujeres, así lo dicen los testimonios recogidos por los colectivos.
Aun así, el argumento del presidente López Obrador para confiar en el actuar castrense es que en el Ejército mexicano la mayoría de los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, hijos también de militares, del pueblo. «Lo que digo siempre, el soldado es pueblo uniformado».
—AGM: Por los casos que se han documentado sabemos que los estragos no solo los viven las mujeres como víctimas directas (de feminicidio, acoso o violación sexual), también como víctimas indirectas (buscan justicia para sus familiares). ¿Esto también sucede en las comunidades indígenas?
—AGS: Esto también sucede en las comunidades porque las mujeres indígenas son víctimas de trata de personas o esposas de líderes que defienden la defensa del territorio. Son la primeras que ejercen acciones para la búsqueda de familiares desaparecidos e incluso madres de militares que sufren por las actividades que realizan sus hijos comandados por el Estado.
—AGM: El presidente Andrés Manuel López obrador ha dicho que el Ejército es pueblo uniformado. ¿El que el Ejército sea parte del pueblo hace alguna diferencia para que violen o no los derechos de las mujeres?
—AGS: No hace la diferencia, porque lamentablemente están bajo un mandato, investidos por el poder del Estado, con un entrenamiento militarizado para la guerra, no para la gestión de paz.
—AGM: ¿Consideras que hay otras formas de conseguir paz, que no impliquen soldados y marinos?
—AGS: Sí, desde nuestros pueblos, el diálogo, la justicia ancestral sin violentar los Derechos Humanos.
La coordinadora nacional de la Alianza de Mujeres indígenas de Centroamérica y México, sostiene que una forma de garantizar seguridad en el territorio indígena y acabar con la violencia es apostar a la organización comunitaria ancestral, a través de los comités vecinales, los grupos de mujeres y de jóvenes.
Las comunidades ya han puesto el ejemplo. Arcelia García Santiago comentó que quienes garantizan paz son las policías comunitarias y por medio de los procesos de organización comunitaria, los consejos de ancianos escuchan, propone formas de perdón y de resarcir el daño. El desafío, dice, es cómo lograr que estos principios y valores pueden ser implementados.
