Claramente se aprecia un signo de «autoritarismo gubernamental» en agravio de la protesta social y pacífica actual en Chiapas, sostiene el director del diario Contrapoder, José Adriano Anaya
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]l propietario y director del Diario Contrapoder de Chiapas, José Adriano Anaya, interpuso el 6 de junio pasado formal queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra los secretarios de Gobernación y Educación Pública, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer, respectivamente, por violaciones graves a los derechos humanos y garantías fundamentales, la libre manifestación, expresión y reunión en agravio de los maestros que se encuentran en plantón y ciudadanos que se manifiestan a favor de los mismo.
De la queja, también dirigida en contra Enrique Galindo Ceballos, comisionado nacional de Seguridad y jefe de la Policía Federal Preventiva,
no se ha recibido notificación de que ya se le dio entrada a la queja, ni que se ha turnado a la Visitaduría General.
En el documento dirigido al presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, se plantean tres elementos: que se investiguen las violaciones a derechos humanos por parte de la PFP, que se destaque la importancia del diálogo y que la CNDH emita las medidas cautelares a que haya lugar después de su investigación.
Cabe mencionar, sostiene Adriano en rueda de prensa, que la queja fue interpuesta ante la serie de violaciones y vejaciones que la fuerza policiaca ha ejercido en contra de los maestros de la CNTE en plantón indefinido desde el pasado 15 de mayo en la capital de Tuxtla Gutiérrez, para exigir la abrogación de la reforma educativa y la instalación de una mesa de diálogo.
En las nueve cuartillas enviadas a la CNDH se acusa que desde el inicio de estas manifestaciones de protesta social, la Federación por conducto de Aurelio Nuño, inició una política de agresiones y amenazas veladas ya que manifestó públicamente de manera sistemática que los docentes sería corridos de sus trabajo, que se les rescindiría la relación laboral de inmediato sino regresaban a las aulas, esto con independencia de las agresiones, descalificaciones de algunos medios oficiales de comunicación, quienes de manera continua denostaban a los sectores del magisterio disidentes, quienes continuaban en sus manifestaciones de protesta social pacífica.
Asimismo, el documento destaca actos violatorios de derechos humanos de las corporaciones policiacas federal y estatal en contra de los maestros, medios de comunicación y ciudadanía en general, lo que ha provocado la inconformidad social que ha logrado el movimiento magisterial simpatía que suma con ello un movimiento ciudadano con padres de familia, estudiantes, amas de casa, campesinos, la burocracia, ong´s, la iglesia, por mencionar algunos.
Resalta, entre otras cosas, que de acuerdo a los hechos e información con la que se cuenta, claramente se aprecia un signo de «autoritarismo gubernamental» en agravio de la protesta social y pacífica actual, contrario a un Estado Social y Democrático como lo es el Estado Mexicano, ya que existe cierre de espacios de diálogo con los inconformes, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, politización de la vida civil, inaccesibilidad a los medios de comunicación de los inconformes y sobre todo ataques directos a la asociación profesional, en suma, criminalización de la protesta social y pacífica.
