A 10 meses de salir de prisión, Jorge Antonio Aguilar Lucas, alcalde priista sospechoso de asesinato y señalado de desviar 90 mdp en complicidad con el tesorero Jairo Uzziel Pérez Pérez, en breve podría ser llamado ante la justicia por desentenderse de su obligación de rendir su cuentas ante el OFSCE
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]F[/dropcap]rontera Comalapa es territorio hostil. Queda demostrado con los múltiples conflictos que se han suscitado en la zona desde 2015, cuando hubo elecciones, y porque se han filtrado grupos criminales debido a que es punto clave para trasiego por su posición geográfica con respecto a América del Sur. Su alcalde incluso fue principal sospechoso del asesinato de un regidor, además que ha sido señalado de desfalco y nexos con el narcotráfico.
Según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad, retomadas por Semáforo Delictivo, en 2015 la tasa nacional de homicidio por cada 100 mil habitantes en México era de 14.2; Frontera Comalapa presentaba un índice de 13.4, apenas 0.8 unidades menos que la nacional.
Ese mismo año, la violencia entre la población de ese municipio cobró algidez a unos días de las elecciones. La prensa nacional documentó que vecinos de la comunidad El Anonal denunciaron el avistamiento de vehículos de los que se descargaban paquetes.
Ante ello, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) allanaron el inmueble y descubrieron que el Verde Ecologista de México (PVEM) mantenía ocultas despensas que pretendía repartir el día de la jornada electoral; aducían, era para coaccionar el voto, así que conjuntaron las cajas para destruirlas en una pira. Asimismo, se reportó el hallazgo de una camioneta abandonada, con cargamento de despensas.
Como represalia por estos actos, los verdecologistas capturaron a un priista y se apostaron cerca de la casa del entonces candidato tricolor a la alcaldía, Jorge Antonio Aguilar Lucas; no obstante, éste ya estaba acuerpado por sus correligionarios. Los policías municipales permanecieron acuartelados durante las tensiones.
El día de los comicios, medios nacionales como Sin Embargo documentaron ampliamente (19 de julio, 2015) diversas irregularidades suscitadas en Chiapas, a pesar que las autoridades oficiales sólo mencionaban en un comunicado que la jornada había transcurrido en calma, con sólo algunos «incidentes aislados».
Entre estos hechos minimizados se habló de personas armadas que recorrían Frontera Comalapa a bordo de una camioneta para intimidar a los votantes del PRI; y que se interceptó un camión cargado de cemento que presuntamente sería utilizado por el PVEM.
A pesar de estos incidentes documentados y difundidos mediante las redes sociales, las elecciones no se impugnaron en Frontera Comalapa y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas entregó la constancia de mayoría y validez de miembros de Ayuntamiento, a Aguilar Lucas, quien asumió como presidente municipal constitucional.
La oscuridad de Lucas
Aguilar Lucas amenazó de muerte al regidor del Ayuntamiento, Alaín Anzueto Roblero; ocho meses después, el funcionario fue asesinado a balazos. Se convirtió así en unos de los principales sospechosos de esta muerte pero tras una serie de nubladas vicisitudes legales, se le eximió de los cargos y regresó al cargo que hoy aún ostenta.
El 2 de marzo del año pasado, entre los titulares de los principales medios nacionales como Milenio y El Universal —en su versión electrónica— destacaban la noticia del homicidio de Anzueto Roblero, quien había contendido en el proceso electoral 2015 por la presidencia municipal arropado por las siglas del PVEM.
Reseñaron que las autoridades policiacas habían referido que el también exedil de Frontera Comalapa viajaba una noche antes en su Dodge Dakota, cuando a unas cuadras del Palacio Municipal, sus atacantes le asestaron cuatro balazos que ocasionaron su muerte instantánea. La Procuraduría General de Justicia del estado se encargó de las investigaciones.
Al siguiente día se anunció la aprehensión de Jorge Antonio Aguilar Lucas, quien había salido del municipio junto con su esposa y sus dos hijos, cuando fue interceptado en Comitán. De acuerdo con la agencia noticiosa Notimex, luego que el Congreso del estado desaforara al alcalde, la PGJE cumplió la orden de arresto en su contra.
Ésta misma instancia judicial informó mediante comunicado que el proceso en marcha era no por el asesinato de Anzueto, sino por la presunta implicación del edil en la privación ilegal de la libertad agravada de Ludwin Moreno Salas, ocurrida en mayo de 2015; por tanto correspondía a una investigación por presuntos hechos delictivos cometidos antes de que fuera candidato a la presidencia.
La dependencia aclaró, no obstante, que se indagaría su relación con el homicidio. También informó que la fiscalía electoral, el 13 de junio de 2015, envió un exhorto al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para que no fueran registrados para la jornada electoral de ese 19 de julio, personas con algún vínculo con grupos de operación delictiva.
Primeros días del proceso
Asimismo, se arrestó a uno de sus colaboradores y otro sujeto más, los poblanos identificados como Manuel Ventura Dolores (38 años), director de Limpia del Ayuntamiento de Frontera Comalapa; e Ignacio Flores Ventura (35). Se les aseguró, además, un arma tipo «AK 47» y 20 dosis de cocaína en polvo.
Según la Procuraduría estatal, ambos pretendían cruzar la frontera con Guatemala a bordo de un Chevrolet Camaro sin placas, a la altura del desvío del poblado El Jocote, con dirección hacia la localidad El Sabinalito. El comunicado número 5220 da cuenta que ambos fueron puestos a disposición de las autoridades como presuntos responsables de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza armada, contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y homicidio.
Tres días después, la PGJE informó del cateo implementado a por lo menos cinco propiedades de Aguilar Lucas —quien afrontaba el proceso desde el penal «El Amate», en Cintalapa—. Para el 7 de marzo, rindió su declaración preparatoria ante el juez primero penal adscrito al centro penitenciario «El Amate», sin que ofreciera ninguna prueba que lo deslindara de los delitos que le imputaban el Ministerio Público, por lo que la autoridad dictó el auto de formal prisión en su contra.
Como antecedente, las autoridades contaban con el proceso de investigación abierto en agosto de 2015 por el homicidio del asistente, chofer y guardaespaldas de Anzueto Roblero, de nombre José Roberto Palacios Hernández. En el marco de esas indagatorias, el pevemista había declarado ante la PGJE: «A partir de este momento hago responsable al presidente Jorge Antonio Aguilar Lucas, toda vez que yo no tengo enemigos, y los únicos enemigos son por cuestiones políticas», declaró.
También se catearon propiedades de su colaborador y el otro sospechoso capturado. Proceso dio a conocer que en esos hechos se aseguró una bodega con más de 24 toneladas de productos para animales, dos camionetas, un camión de tres toneladas y un tráiler. El corresponsal Isaín Mandujano refirió en su nota periodística que en el caso de Ventura Dolores, resultó adicto a la cocaína y positivo en la prueba de rodizonato de sodio, por tanto, accionó un arma horas antes de su detención.
Después que la determinación del juez fue publicada, simpatizantes de Aguilar Lucas se manifestaron por las calles de Frontera Comalapa para exigir su libertad pues acusaban que la detención se debía, a que deseaban imponer en la presidencia municipal al PVEM.
El Fronterizo del Sur informó que hubo confrontación entre los manifestantes y agentes policiales que se saldó con dos uniformados retenidos, así como una farmacia y una caseta incendiadas. Acusó que la víspera gente que identifica como «operadores» de Aguilar Lucas perifonearon en comunidades para convocar a la toma de la Presidencia Municipal bajo el argumento de «defender la legalidad», y exigir la liberación del alcalde; incluso repartieron volantes, refirió el medio.
La reyerta fue protagonizada por organizaciones sociales, trabajadores del ayuntamiento, ejidatarios y avecindados, así como por oficiales de la policía y granaderos que trataban de tomar el control del centro del municipio, sin éxito pues al final fueron replegados debido por la contundente violencia de los contrarios.
Los interinos y «Don Gil»
El 9 de marzo de 2016, la comisión permanente de la LXVI Legislatura del Congreso del estado designó por unanimidad a quien fungía como primer regidor del Ayuntamiento de Frontera Comalapa, Oduberlando Vázquez Miguel, como alcalde de ese municipio. No obstante, cuatro días después presentó su renuncia en medio de las manifestaciones suscitadas, consignó la prensa local; ante ello, la comisión permanente nombró a Josefina Pereyra Maldonado como alcaldesa.
Fue ella quien denunció el desvío de recursos por más de 90 millones de pesos que detectó en la administración. Según un documento que envió al secretario General de Gobierno en septiembre de 2016, y que se filtró a la prensa, acusó de que el desfalco se efectuaba de manera electrónica y señaló de haberlo cometido al tesorero municipal Jairo Uzziel Pérez Pérez, en complicidad con Aguilar Lucas.
Se trataba de recursos que el Ayuntamiento recibió por concepto de los fondos denominados «FISM», «FAM» el «Solidario» y de gasto corriente, que el tesorero había transferido sin su consentimiento como alcaldesa, en el periodo de seis meses y que fueron recursos que debieron ser ejercidos en el municipio.
En junio del año pasado, aún en medio de este proceso, fue capturado Gilberto Rivera Amarillas «don Gil», presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con Radiofórmula, controlaba el tráfico de cocaína en coordinación con grupos centroamericanos desde Comitán (Chiapas), ciudad donde Aguilar Lucas fue capturado tras el asesinato de Anzueto Roblero.
El diario digital Aerópago acusó al supuesto narcotraficante vinculado a «El Chapo Guzmán» de ser financiador de campañas del PRI en el estado. «Don Gil, cuya sencilla residencia se encuentra sobre la Carretera Panamericana, es sindicado de financiar elecciones en municipios fronterizos con Guatemala, especialmente Comitán y Frontera Comalapa, donde se ha desatado una ola de violencia, entre secuestros, robos y asaltos», se lee en la nota publicada en su espacio web.
El 7 de abril del año pasado, Jorge Antonio Aguilar Lucas fue declarado inocente y puesto en libertad debido a que no hubo suficientes pruebas que lo incriminaran como participante en el homicidio de su contrincante político, ni por privación ilegal de la libertad de Ludwin Moreno Salas.
Tras cinco meses de permanecer separado del cargo, el Congreso del estado le restituyó sus derechos políticos y el 16 de septiembre lo reinstaló como alcalde de Frontera Comalapa, por lo que el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, le tomó protesta para que continuara frente al ayuntamiento; asimismo, las autoridades legislativas dieron entrada a la renuncia de Pereyra Maldonado.
Repetir «la sombra»
Desde entonces, la calma en el municipio no se ha restablecido pues se han suscitado múltiples actos de inconformidad por parte de los pobladores. De acuerdo con el portal Sin Embargo, uno de estos último fue el suscitado el 9 de diciembre pasado, cuando un grupo de encapuchados en protesta contra el edil, quien rendía su Primer Informe de Labores, incendiaron una patrulla de la Policía Estatal Preventiva frente al Ayuntamiento, lanzaron piedras contra los cristales del mismo, hicieron pintas y vandalizaron el árbol navideño del Parque Central.
«El evento fue cancelado por la presencia del grupo opositor. Los inconformes llegaron encapuchados y lanzaron piedras al edificio del ayuntamiento; además, hicieron pintas con consignas contra el edil y el senador priísta, Roberto Albores Gleason», publicó Notimundo, al respecto.
Algunos pobladores inconformes y opositores de Aguilar han referido que la protección política del PRI es lo que ha llevado a las autoridades, en el caso de Frontera Comalapa, a los excesos y a ignorar tanto la ley como a las autoridades estatales, a tal grado de imponer una especie de autogobierno.
A 10 meses de haber recuperado su libertad, el alcalde priista de nuevo está a un paso de volver a pisar la cárcel y no por los señalamientos que ya se han hecho en su contra, sino porque no ha entregado en tiempo y forma su Cuenta Pública 2016, así que por oficio el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado está por presentar una denuncia penal que podría derivar en su reaprehensión.
