Por Mauricio Sosa Lievano
Durante décadas, Chiapas ha sido gobernado bajo promesas recurrentes de cambio. Han pasado administraciones con aciertos parciales, momentos de estabilidad relativa y esfuerzos aislados que, en su tiempo, generaron avances visibles. Pero también han existido decisiones erráticas, omisiones graves y prácticas que profundizaron la desigualdad, deterioraron la vida pública y normalizaron el rezago. El saldo histórico es claro. Proximidades al cambio, pero nunca la fórmula capaz de romper el atraso estructural y sistemático que atraviesa a la entidad en lo social, lo económico y lo productivo.
Si bien es cierto que la personalidad, el carácter y las virtudes del gobernante en turno influyen de manera determinante en la estrategia política que se despliega y, con ello, en los niveles de gobernabilidad y estabilidad, la experiencia histórica demuestra que la trascendencia de un gobierno no depende únicamente del talante individual. A lo largo del tiempo, quienes han logrado ejercer un poder real y duradero, ya sea por inteligencia política, finura en la visión o por el buen trabajo de los equipos que los rodean, comparten un rasgo esencial: saben fijar un eje rector de su proyecto político.
Algunos han construido ese eje alrededor de la educación; otros, sobre la innovación y el desarrollo tecnológico; y otros más, en la mejora sustancial de la calidad de vida de las personas, particularmente a través del fortalecimiento económico de quienes menos tienen. Las causas cambian y los contextos también, pero el principio se mantiene. Gobernar es elegir una causa y ordenar todo el aparato del Estado en torno a ella. Sin una bandera clara, el ejercicio del poder se diluye en acciones dispersas y esfuerzos inconexos.
En ese contexto, a un año del inicio de la administración del actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se ha fijado con claridad una causa principal orientada a devolver la paz a la entidad, como respuesta directa a la creciente tendencia de inseguridad que durante años ha erosionado la vida pública, la convivencia social y la confianza institucional. Esta definición no es menor, porque reconoce que sin condiciones mínimas de seguridad no hay desarrollo posible. Al mismo tiempo, esa causa central no se plantea de manera aislada ni reducida a una lógica de contención.
De forma paralela, se han fortalecido otros ejes estratégicos igualmente cruciales para detonar el progreso desde lo estructural. La educación se mantiene como una palanca de largo plazo; la seguridad social y la salud se consolidan como garantías básicas de bienestar; y la infraestructura, particularmente mediante una mayor inversión en obra pública, se entiende como un instrumento indispensable para reducir brechas territoriales, reactivar economías locales y devolver presencia efectiva del Estado. En conjunto, estas prioridades configuran una visión que asume que la paz no se sostiene únicamente con control y orden, sino con oportunidades, derechos y condiciones materiales de vida digna.
Es justamente en este punto donde los presupuestos adquieren una dimensión que rebasa lo técnico y lo administrativo. No son simples instrumentos financieros ni ejercicios contables destinados a cuadrar cifras. Son actos de definición política. A través de ellos se decide qué causas se respaldan con recursos reales, qué territorios se priorizan y qué problemas se enfrentan de fondo. El presupuesto revela con nitidez dónde se concentra el poder, a quién se le asignan capacidades efectivas de acción y hasta dónde alcanza la voluntad de transformar la realidad más allá del discurso.
Visto desde esta óptica, el Presupuesto de Egresos de Chiapas para 2026 no puede entenderse como un documento neutro ni como una actualización inercial respecto a 2025. El presupuesto total pasa de 131 mil 976 millones de pesos en 2025 a 141 mil 122 millones de pesos en 2026, lo que representa un incremento de 9 mil 145 millones de pesos, cercano al siete por ciento real. Este aumento no es meramente cuantitativo. Representa una reorientación del gasto público.
Uno de los datos más relevantes es que más del 18 por ciento del presupuesto estatal de 2026 se destina a inversión pública, superando el mínimo constitucional del 15 por ciento. Esto implica asumir que el rezago no se corrige administrando la escasez, sino interviniendo el territorio con infraestructura social, obra pública y servicios básicos. En un estado con profundas desigualdades históricas, invertir es una forma concreta de justicia.
Esta lógica se refleja con especial claridad en el fortalecimiento de los municipios. Los recursos municipales crecen de 34 mil 103 millones de pesos en 2025 a 38 mil 462 millones de pesos en 2026, un aumento superior a 4 mil 300 millones de pesos. Cuando el dinero llega a los municipios, la política pública deja de ser abstracta y se vuelve tangible. Cuando no llega, todo se concentra en decisiones lejanas que poco dialogan con la realidad comunitaria. El Presupuesto 2026 reconoce una verdad elemental. No hay transformación posible sin territorio.
En materia social, el presupuesto refuerza de manera concreta dos pilares fundamentales. Por un lado, la salud pública, con una asignación cercana a los 10 mil millones de pesos, que incluye más de 4 mil 800 millones de pesos destinados específicamente a la atención médica y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social. Por otro, la seguridad social de las y los trabajadores del estado, donde el presupuesto destinado al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas pasa de poco más de 4 mil 200 millones de pesos en 2025 a más de 5 mil 700 millones en 2026, reflejando una decisión responsable frente a los compromisos laborales, médicos y pensionarios del gobierno estatal.
Lejos de abandonar prioridades sociales, el presupuesto mantiene a la educación como el principal rubro del gasto público, con más de 40 mil millones de pesos asignados a la Secretaría de Educación, y consolida el enfoque de salud y seguridad social como derechos, no como concesiones. Al mismo tiempo, el refuerzo institucional en materia de seguridad apuesta por la prevención, la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades, evitando la tentación de soluciones improvisadas que solo producen efectos temporales.
A todo ello se suma un elemento político central. El endurecimiento de las reglas de austeridad y control del gasto. Hay más recursos públicos, pero también menos margen para la discrecionalidad. Este equilibrio entre expansión presupuestal y disciplina administrativa es clave para que el aumento del gasto no se diluya en inercias ni privilegios.
De esta manera, el Presupuesto de Egresos 2026 se convierte en una herramienta clave para consolidar prioridades y dar continuidad a un proyecto de transformación responsable, orientado a fortalecer el presente y sentar bases firmes para el futuro de Chiapas.
