El 8 de diciembre de 2024 asumió el cargo de gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar. Desde el primer minuto de esa nueva administración, se exigió que las cosas fueran diferentes y mejores.
Antes de la toma de protesta constitucional, Ramírez Aguilar fue mostrando las líneas generales de acción. El anuncio y posterior nombramiento de las personas que integrarían su gabinete tuvo el objetivo de empezar a construir un piso de gobernabilidad más allá de las necesarias tareas de entrega-recepción con la administración del hoy Cónsul de México en Miami, Florida.
El gabinete mostró un franco relevo generacional entre los actores políticos y los tomadores de decisiones en la entidad, lo que no necesariamente significa un cambio en las élites. Como el propio Ramírez Aguilar, la mayoría de ellos “nacieron” a la práctica de la política en la primera alternancia política en el año 2000; es decir, son mujeres y hombres jóvenes. Juventud sin experiencia es un error. Experiencia sin actualización, otro.
A 100 de haber entrado en funciones, en algunas áreas del gobierno ha privado la inoperancia, frivolidad, el desconocimiento, el desaseo o la simulación. En otras, la mesura, la operatividad y el saber hacer han sido el signo durante estos poco más de tres meses. Inicio esta reflexión deteniéndome en los colaboradores más próximos al gobernador porque sin ellos él no puede poner en marcha su plan de desarrollo (actualmente, en elaboración), sus programas, proyectos y acciones. Si las cosas salen bien o van mal, hay responsables que tienen nombre, apellido y cargo.
Por ello, en este primer periodo de 100 días, periodo establecido por el propio titular del Poder Ejecutivo local en su discurso de toma de posesión para tener resultados, es necesario hacer un balance de lo que, desde las entidades y dependencias de la administración pública, se ha hecho, de los pendientes y los desaciertos.
Ahora bien, la propia figura del gobernador, desde su triunfo electoral, ha sido un centro de gravedad en donde convergen todos los sectores. Frente el vacío directivo de quien le antecedió en el poder, esto no era difícil de lograr; y, en consecuencia, se ha hecho sentir su capacidad de mando y dirección.
Dos son los temas que han tenido la mayor atención mediática y gubernamental: seguridad y educación. No podía ser de otra manera. Al concluir el sexenio anterior, Chiapas era un territorio en donde las autoridades eran omisas –o cómplices–y la ordenación de la vida social estaba a cargo de grupos criminales. La creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), dependiente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), como una acción para disminuir los índices de violencia y delincuencia, pronto fue reconocida.
Su papel disuasorio y, junto con otras corporaciones policiacas municipales y estatales, el Ejército mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, la detención de perpetradores de violencia, en distintas escalas, ha hecho que, de forma progresiva la ciudadanía empiece a recobrar la confianza y salga a las calles, plazas y carreteras, expropiadas por la delincuencia. Sin embargo, las acciones de las FRIP también han sido objeto de cuestionamiento por abusar de su fuerza. Bienvenida y necesaria la pacificación de Chiapas, como lo prometió el gobernador el aquel 8 de diciembre de 2024, pero esta debe ser en clave de derechos humanos y democracia. La única vía que permitirá construir una mejor sociedad es la de la ley y de las instituciones.
En este mismo tema, destacan los buenos oficios de dos poderes y un organismo constitucional. El Poder Judicial estatal, la SSP y la Fiscalía General mantienen una coordinación que, para enfrentar la situación de violencia, se hace indispensable. Cada uno de ellos en su ámbito de competencia y sin ponerse el pie –algo frecuente en los pasillos del poder–, actúa. Es clara la habilidad política de Ramírez Aguilar para acordar conjuntamente con el Magistrado Presidente, el Secretario de Seguridad y el Fiscal General.
No obstante, no hay que echar las campanas al vuelo. Es una tarea que nadie debe considerar que ya se cumplió. En fechas recientes se han registrado enfrentamientos armados y homicidios, lo que muestra que el territorio aún está en disputa y que la pacificación profunda todavía no ocurre.
“Chiapas Puede” es el nombre del programa de alfabetización cuya meta es que toda la población chiapaneca sepa leer y escribir. Hay que ser ambiciosos para plantearse un objetivo de esa magnitud, pero la realidad impulsa a proponerse cosas así. 13 de cada 100 personas en Chiapas es analfabeta.
El programa es noble, pero ¿qué tan efectivo será? La puesta en marcha de una cruzada por la educación de esta magnitud requiere de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y de toda la administración pública del apoyo del gobierno de la República y de la participación de los sectores privado y social. Aquellos que desean que este programa fracase son los bárbaros y los autoritarios que saben que mantener en las penumbras a las personas los hace menos proclives a defenderse.
Este es, acaso, el objetivo no explicitado de la alfabetización: hacer que el sujeto se convierta en protagonista de su propia vida y se oponga a vivir en servidumbre. “Chiapas Puede” merece el apoyo presupuestario suficiente, pero no en detrimento de otras áreas. No hay dinero que alcance, se sabe, por lo cual el uso racional y responsable de los pesos deviene fundamental. No son las mejores épocas para las arcas, por ello no hay que despilfarrar (pero tampoco asfixiar).
A 100 días de trabajo, se nota un cambio en los objetivos y las estrategias no sólo con relación al gobierno estatal 2018-2024, sino con el federal en ese mismo periodo. Hay cosas que no dieron los resultados esperados por lo cual se tiene que optar por cosas distintas.
Hay temas irresolutos y nuevos problemas: desplazamiento interno forzado vinculado con la acción del crimen organizado; desacuerdos y parálisis en instituciones de educación que afectan a estudiantes y docentes (por ejemplo, en el Conalep); migración y chiapanecos repatriados por Estados Unidos; insuficiencia de medicamentos; incremento de empleos formales bien remunerados y del Producto Interno Bruto que haga que Chiapas aporte más del 1.5 por ciento al PIB nacional; en fin, la agenda de gobierno no se agota en este centenar de días.
Estamos ante un primer corte que debe ser de evaluación, reflexión y mejora.
