El 7 de diciembre de 2025, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, a través de la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, entregó al Congreso del Estado el informe que guarda la administración pública. La lectura de este documento, que abarca 260 páginas de portada a contraportada, cobra relevancia en un contexto de altas expectativas y desafíos históricos que requieren soluciones profundas, integrales y sostenidas.
Este primer informe de la administración 2024-2030 trasciende el formato clásico de una rendición de cuentas meramente burocrática o administrativa. Se revela, más bien, como la declaración de un nuevo paradigma político denominado «Humanismo que Transforma». Este nuevo enfoque en la gestión pública, pretende modificar la relación entre el Estado y la ciudadanía, colocando en el centro de la acción de gobierno la dignidad humana y la justicia social. De esta manera, el informe no es sólo una colección de datos, sino que busca proyectar una visión de gobierno comprometida con la inclusión y el bienestar general.
El contexto chiapaneco obliga a leer el informe con una mirada crítica. Chiapas arrastra múltiples rezagos y problemas: pobreza, desigualdad, marginación, debilidad institucional y conflictividad social. Por ello, este primer informe es más un punto de partida que un balance definitivo en el que se pone a prueba la viabilidad de su modo de gobernar como la capacidad del Estado para recuperar la gobernabilidad.
Uno de los componentes más críticos del informe es el eje 1, enfocado en la seguridad, la mediación y el combate a la corrupción. El gobierno estatal propone una transición sustantiva: dejar atrás el uso de la fuerza, una visión limitada a la coerción, y avanzar hacia la «mediación para la paz social», entendiendo que la estabilidad política y la resolución pacífica de conflictos son condiciones indispensables para el desarrollo. Según el documento, Chiapas se posicionó en 2025 como el séptimo estado con mayor estabilidad política a nivel nacional y reportó una de las tasas de incidencia delictiva más bajas del país (13.15 delitos por cada 100,000 habitantes).
El modelo de seguridad implementado se complementa con la política de «Cero Impunidad», que incluye el fortalecimiento institucional mediante la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, se promueve la participación ciudadana en foros y consultas que acompañan proyectos estratégicos y de alto impacto, como la Autopista Palenque-Ocosingo, lo que sugiere una intención de legitimar la acción de gobierno mediante el consenso social. Este es un paso fundamental hacia una gobernanza robusta en una entidad en donde las autoridades carecen de la confianza ciudadana.
Por otra parte, el informe subraya la urgencia de reducir las brechas históricas de desigualdad que persisten en la entidad, muchas de ellas existentes desde tiempos antiguos. En el ámbito educativo, por ejemplo, se reporta una reducción del rezago en infraestructura física del 6.40 por ciento al 6.08 por ciento durante el primer año de gobierno, destinando el 14 por ciento de la inversión total en este rubro a municipios con alto y muy alto grado de marginación. El programa «Chiapas Puede» destaca como la iniciativa central para la alfabetización. Es una cruzada en favor de la dignidad.
En materia de salud y bienestar familiar, el discurso estatal enfatiza que la atención médica oportuna y la protección de los derechos de grupos vulnerables (niñas, niños, adolescentes y mujeres) son fundamentales para la reconstrucción del tejido social. La inversión en desarrollo social representó el 69.24 por ciento del presupuesto total ejercido, equivalente a más de 96,000 millones de pesos, lo que evidencia una clara priorización del gasto social en la agenda gubernamental.
Sobre el desarrollo económico, el documento muestra un esfuerzo por descentralizar el crecimiento, apoyándose en el turismo responsable, el impulso al emprendimiento y la modernización de la infraestructura básica. Un dato relevante es la simplificación administrativa: en 2025 se eliminó el 59 por ciento de los trámites estatales para incentivar la inversión y la generación de empleos. Esta medida busca agilizar la gestión pública, y reducir los márgenes de discrecionalidad y corrupción.
El sector agropecuario también recibió atención mediante el fortalecimiento de la comercialización del maíz, con apoyos directos a más de 7,000 productores. Este enfoque busca equilibrar la productividad industrial con la preservación de las vocaciones productivas tradicionales, reconociendo el papel estratégico del campo en la economía y en la identidad chiapaneca.
El informe aborda, asimismo, la dimensión técnica de la administración pública, destacando un proceso de saneamiento de las finanzas estatales bajo principios de austeridad, eficiencia y disciplina presupuestaria. Para combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas, se recibieron más de 113,000 declaraciones patrimoniales y de intereses, y se realizaron 105 actos de fiscalización a dependencias y municipios. Estas acciones van en la ruta de fortalecer la confianza de la ciudadanía y la legitimidad institucional por medio de la transparencia y el combate a la impunidad.
En suma, el primer informe de gobierno de Eduardo Ramírez proyecta una administración que busca reconciliar la eficiencia técnica con una filosofía humanista de cercanía popular. Los resultados presentados sugieren avances en indicadores de seguridad, gasto social y orden administrativo. Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo dependerá de la capacidad para consolidar políticas y de reducir las desigualdades que aún dividen a los chiapanecos.
