Los programas estatales que ya existen para apoyar a este grupo de la población no van desaparecer, sino que los gobiernos estatales deberán reforzarlos y fortalecerlos
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México.- El procurador federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa, afirmó que después de la entrada en vigor del protocolo para atender a la niñez en condición de orfandad por feminicidio, las procuradurías locales deberán registrar las atenciones que brinden a niñas y niños en esta condición, pero no están obligadas a crear un padrón que permita cuantificar la situación de orfandad por feminicidio en el país.
En entrevista con Cimacnoticias, el procurador detalló que a pesar de haber identificado esta faltante de datos durante la elaboración del Protocolo Nacional para la Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio, que entró en vigor el 4 de agosto, el documento no les obliga a elaborar un padrón de niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio, aunque registran cada caso que atiendan.
Desde 2019 el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) buscó información sobre infancias en esta situación y documentó 796 casos en 26 entidades. Sin embargo, en su momento la presidenta de la institución, Nadine Gasman, declaró que la información estaba incompleta porque al menos 7 instituciones no atendieron la solicitud de entrega de datos y se observó que muchas entidades tenían múltiples registros sin formatos claros.
En cuanto a este registro, Castañeda Correa explicó que «el protocolo habla de una ruta, de una ruta de atención, pero no habla de obligaciones normativas. Las obligaciones normativas están en las funciones de las instituciones, bajo la perspectiva del trabajo que están haciendo, pero básicamente en cuanto a la atención. Los casos que registremos de atención, las Procuradurías llevaremos ese registro de información pero desde esa perspectiva, no como un padrón obligatorio, pero sí con obligación como todos los casos que tenemos de llevar a cabo un registro estadístico de los casos que atendemos».
El protocolo señala que las y los funcionarios que identifiquen un caso de niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio deberán notificar a las Procuradurías de protección de la infancia; sin embargo, de acuerdo con datos del procurador, no todos los municipios cuentan con estas instancias porque hay aproximadamente 800 en todo el país.
«Lo importante es que el reto de los servidores públicos, como fiscales de justicia y los ministerios públicos, sepan que también está la intervención de las Procuradurías de Protección, quienes tenemos la obligación de acompañar en su caso en procedimientos administrativos y jurisdiccionales a niñas, niños y adolescentes. No importa que tengan a sus tutores, nosotros podemos coadyuvar», explicó.
Destaca, además, que el nuevo protocolo sólo es de cumplimiento obligatorio para las instituciones administrativas que conforman el Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero para el resto de las instituciones involucradas, como los Ministerios Públicos, así como para entidades federativas y municipios, se trata de un documento de observación, es decir, no les indica obligaciones específicas.
Oliver Castañeda detalló que en términos de presupuesto, este protocolo funcionará con el dinero que ya tiene cada instancia toda vez que las acciones que se les pide ya eran una obligación para ellas desde 2015, derivadas de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En caso de requerir más recursos, lo solicitarán.
La diferencia que hace el protocolo, dijo, es en la identificación de estos casos (niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio) y del actuar de las y los servidores públicos en su atención.
No desaparecerán programas ya existentes
Con la entrada en vigor del nuevo Protocolo Nacional para la Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio, los programas estatales que ya existen para apoyar a este grupo de la población no van desaparecer, sino que los gobiernos estatales deberán reforzarlos y fortalecerlos para garantizar, detalló el funcionario.
Con el protocolo también se buscará vincular los apoyos ya existentes con las necesidades que se identifiquen en cada uno de los casos. Castañeda agregó que este Protocolo incluye un apoyo económico para gastos funerarios, así como otros apoyos administrados que están a cargo de otras secretarías de Estado, como las becas Benito Juárez para estudiantes que ofrece la Secretaría de Educación Pública.
