Con la iniciativa presentada por el Senador de Chiapas los institutos políticos estarían impedidos a participar por el mismo cargo en el siguiente proceso electoral
Redacción
[dropcap]D[/dropcap]urante la sesión ordinaria de este martes, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, propuso modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de que la revisión de los candidatos sea mucho más puntual, seria y rigurosa.
Dicha iniciativa propone que los partidos políticos que hayan postulado a un representante popular que, en el ejercicio de sus funciones, fue sentenciado por algún delito, se les impida competir por el mismo cargo en el siguiente proceso electoral.
«¿De qué se trata esto? Para ponerlo en términos prácticos: el Partido de la Revolución Democrática, mi partido, con una disposición como ésta, no podría participar en las próximas elecciones de Iguala. O el PAN no podría participar en la próxima elección de Gobernador de Aguascalientes o en la próxima elección de Presidente Municipal de Tapachula. Y el PRI no podría participar en la próxima elección de Gobernador de Tabasco.»
Explicó que ante la disyuntiva entre lograr una representatividad real y la insolvencia de los partidos políticos, la propuesta busca asegurar que las personas que postulan a cargos de representación popular «están limpias, que no tienen nexos con la delincuencia ni se benefician de ella».
En la exposición de motivos, el legislador chiapaneco aseguró que los hechos de Ayotzinapa son una expresión más de la crisis social que vive el país y que los actos cometidos contra estudiantes campesinos no se pueden entender de forma aislada.
«Si esto sigue sucediendo es porque los gobiernos respectivos no han logrado aminorar, frenar ni revertir esas situaciones, pues nadie es más responsable por estos hechos que el gobierno en sus tres niveles.»
Sostuvo que la función pública debe desempeñarse con toda responsabilidad, probidad, compromiso y lealtad a los representados; por ello es necesario que los partidos políticos tengan una responsabilidad subsidiaria con todos los servidores públicos que emanen de sus filas.
En la iniciativa que se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, Zoé también propuso establecer protocolos de control de confianza como prerrequisito para el registro de candidatos para el próximo proceso electoral.
«La insolvencia de los partidos en la selección de los candidatos es un problema que atañe a todos y con estas sanciones está, quizá, la posibilidad de pensar en una verdadera transición democrática, que no se agote en la alternancia partidista.»
