El Conacyt propuso suspender las becas a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- La propuesta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de suspender las becas a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio va en contra de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en materia de derecho a la educación y derechos reproductivos, aseguró un grupo de investigadoras y académicas de instituciones de educación superior.
Investigadoras de la UNAM, la UAM, El Colmex y la ENAH firmaron un posicionamiento en el que manifestaron su desacuerdo con el anteproyecto de Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de CONACyT, que está en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y en cual se propone incluir esta nueva disposición.
Las académicas explicaron que el anteproyecto, que dio a conocer El Universal el pasado 26 de enero, contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo primero que establece que todas las personas gozarán de la protección de los derechos reconocidos en ella, en su articulo tercero que establece el derecho a la educación y en su articulo cuarto que estipula que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.
El artículo 20, fracción IV, del proyecto de reglamento dice que serán causas de suspensión de la beca o del apoyo «cuando alguna becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite». Las suspensiones son temporales.
El 26 de enero el Conacyt emitió una tarjeta informativa en la que dijo que El Universal tergiversaba los hechos porque los artículos a los que hizo referencia en su publicación son disposiciones contempladas al menos desde 2008 en los reglamentos de becas del Consejo. Sin embargo, sólo el artículo 16 -que dice que el alumnado con beca debe «abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación política»- estaba vigente desde entonces.
Las académicas explicaron que respecto al artículo 20, el anteproyecto desconoce las disposiciones de las leyes generales de Educación Superior que reconocen el derecho a la educación para mujeres y hombres en condiciones de igualdad y no discriminación; de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres que establece la igualdad de oportunidades y de trato; y la Ley de Ciencia y Tecnología que establece que el gobierno federal apoyará la investigación científica y tecnológica en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres.
En materia de género, expusieron, el anteproyecto constituye un retroceso respecto a otras disposiciones del Conacyt, en especifico, el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, aprobado en el 2021, en el que se establecen especificaciones y acciones afirmativas basadas en principios de igualdad y de inclusión que pueden y debieran ser extendidas a los y las becarias y beneficiarias de otros apoyos del Conacyt.
«La actual coyuntura constituye una buena oportunidad para poner nuestra normativa a la altura de las legislaciones más avanzadas en materia de género y labores de cuidado. Entendido como un derecho, el cuidado involucra la posibilidad de cuidarse, recibir cuidados y proporcionarlos a otras personas en condiciones dignas y suficientes».
Propuesta con enfoque de género
Las académicas expusieron que el ejercicio del derecho al cuidado, cuando las mujeres ejercen la maternidad, no debe entrar en conflicto con el disfrute de otros derechos como el derecho a la educación o al trabajo, por ello, propusieron eliminar del anteproyecto de Reglamento de Becas del Conacyt el inciso IV del articulo 20 y en su lugar incorporar disposiciones a favor de las beneficiarias.
Por ejemplo, propusieron que el reglamento establezca que las becarias que hayan tenido un embarazo, parto o puerperio durante el periodo de vigencia de su beca, así como a los becarios que sean padres (incluyendo la maternidad o paternidad por adopción), tengan derecho a pedir una ampliación de hasta seis meses de la vigencia de la beca y del plazo máximo para la realización de las actividades académicas convenidas.
También sugirieron que se incorporen convocatorias de apoyos complementarios que puedan solicitar las becarias que sean madres de menores en edad escolar y que sean jefas de familia; así como ampliar la vigencia de la beca hasta por seis meses cuando las personas beneficiarias hayan sufrido una situación familiar grave durante el periodo de vigencia de su beca o apoyo.
Ampliar, no limitar, oportunidades educativas
Desde la sociedad civil también se alzaron voces en contra de la disposición propuesta por el Conacyt, por ejemplo, la codirectora de la organización Equis, Justicia para las Mujeres, Fatima Gamboa, consideró que suspender el apoyo económico a las becarias por el hecho de estar embarazadas o ser madres es discriminatorio y contribuye al aumento de la feminización de la pobreza en México.
En entrevista, Gamboa expuso que suspender estos apoyos, aunque se restituyan una vez que concluye el periodo de puerperio (hasta la siguiente menstruación de la mujer), limita las oportunidades educativas y económicas de las mujeres.
También mencionó que es grave que en 2022 se incorporen cláusulas relacionadas con las becas y la maternidad de las académicas e investigadoras, sobre todo después de que en 2011 tuvimos una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos que obliga a garantizar la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres.
«Ningún reglamento educativo puede estar por encima de la Constitución y por lo tanto limitar el acceso a la educación o en su caso, de la protesta, a la libertad de expresión. El anteproyecto, el nuevo reglamento, es inconstitucional, va contra de la Constitución», dijo.
Por otro lado, recordó que según datos del Inegi aún existen brechas de género en el acceso a la educación superior y aunque la diferencia es poca, necesitamos que las políticas educativas implementen acciones afirmativas a favor de las mujeres para acabar con la desigualdad en el acceso a la educación y en las oportunidades de empleo y al propio proyecto de vida.
El grado de absorción en educación superior incorpora 71 de cada cien hombres y 66 de cada cien mujeres, de acuerdo con el Inegi. Esto permite concluir que los hombres tienen mayores oportunidades de ingresar a la educación superior. El menor ingreso de las mujeres se presenta aunque sus logros educativos previos sean con una mayor eficiencia terminal que la de los hombres.
En 2016 se registró un padrón con más de 25 mil investigadores vigentes y candidaturas al Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 36.2 por ciento eran mujeres; en 2017 el porcentaje de mujeres aumentó a 36.6 por ciento. Sin embargo, conforme aumenta el escalafón en los niveles, la participación femenina desciende considerablemente hasta llegar al nivel 3 con una participación de tan solo 21.6 por ciento de mujeres (y 21.7 por ciento en 2017).
«Necesitamos que este reglamento sea parte de una política educativa feminista. Una política educativa feminista debería de reforzar o incrementar los apoyos económicos a las mujeres y no suspenderlos, debería de extender las becas y flexibilizar los procesos y plazos para que las mujeres continúen o las incentiven en continuar con sus estudios y no desalentarlas».
Una política educativa feminista, agregó Fatima Gamboa, tendría que implementar apoyos para las estudiantes de educación superior, por ejemplo un sistema de cuidados que les permita continuar sus estudios e investigaciones y no fomentar las cargas desproporcionadas de cuidado a las mujeres, quienes en general no recibe ningún tipo de apoyo o retribución económica por realizar estas tareas.
El Conacyt continua recibiendo comentarios sobre este anteproyecto e informó que retomará ideas para mejorar la propuesta, siempre con la guía del respeto irrestricto de los derechos y libertades de las y los estudiantes, así como con el cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales acerca del acceso universal a la educación superior y de posgrado y de la obligación de dar apoyos en términos de la normativa aplicable. Las académicas ya hicieron llegar sus comentarios a la Conamer.
