La propuesta busca que se penalicé a los medios de comunicación, instituciones o personas que difundan imágenes de mujeres que hayan sido víctimas de violencia
Liliana Pacheco Flores / Aquínoticias
Ingrid Escamilla tenía 25 años, la edad que yo cumpliré el próximo julio, 25 cuando fue víctima de feminicidio por parte de su pareja, el 10 de febrero 2020 en la CDMX se filtraron imágenes del cuerpo violentado de Ingrid y de la declaración del feminicida y es donde surge un debate que llevábamos años posponiendo: la Revictimización de las mujeres por parte de las instituciones y los medios.
Buen día, mi nombre es Liliana Pacheco Flores, soy comunicóloga, orgullosa comiteca y activista feminista y mi iniciativa es la protección a la identidad e integridad de las víctimas de violencia de género en Chiapas.
Hoy nombro a Ingrid porque, aunque no es Chiapaneca la falla que hizo que la conociéramos ha sucedido en nuestro estado, sucedió con Daysi, con Joana, con Dámaris o esa joven entre 17 y 19 años que su cuerpo fue abandonado en el río Sabinal y la fiscalía nunca dio a conocer su nombre, ellas son solo algunas a las que no solo el Estado les falló al no garantizarles una vida libre de violencia aunque esté en la Ley, el Estado, la sociedad y los medios volvieron a violentarlas difundiendo sus fotografías crudas, sangrientas, sin vida y sin dignidad.
En Chiapas no hay protocolos para manejar esa información y además no hay sanciones para quienes los incumplen. Porque somos vistas como objetos, no como personas. Y esto se repite cuando nos asesinan: nuestros cuerpos siguen siendo considerados como objetos de consumo. Ese es el problema de fondo, creerse con la autoridad de comercializar nuestros cuerpos, difundirlos y cobrar por ellos con tráfico de espectadores.
En los últimos cinco años el delito de feminicidio tuvo un incremento del 137 por ciento a nivel nacional y aunque la Ley General de Acceso y la Ley para la Protección de Víctimas dicen que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tienen derecho a que se les garantice la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, es decir su intimidad y dignidad no se ha cumplido, esto último porque no hay sanción para ello.
La divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituye una lesión a la dignidad de la persona y la memoria de las víctimas.
Reconozcamos que las conductas que vulneran los derechos humanos deben ser erradicadas y Al sancionar y evitar las filtraciones, y la exposición masiva ante los medios y redes sociales podremos:
-Preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares.
-Disminuir el daño que sufren las familias, al evitar que sean revictimizadas.
-Erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra las mujeres, niñas o adolescentes
-Sancionar e inhabilitar a los servidores públicos que caigan en actos de corrupción.
Por ello yo propongo una Adición al Artículo 423 del Código Penal del Estado de Chiapas que señala los delitos cometidos por servidores públicos que consistirá en: Tipificar como delito las conductas que realicen las personas, medios impresos, digitales y/o servidores públicos que de manera indebida revelen, difundan y/o comercialicen imágenes, videos o grabaciones donde se vulnere o exhiba la integridad de las víctimas de violencia de género, así como la información competente a su carpeta de investigación.
Los beneficios de esta adición, serán fortalecer la protección de las víctimas y combatir la violencia de género mediática.
Además de las penas de prisión y económicas, yo propongo que Chiapas sea el primer estado donde el servidor(a) público(a) que incurra en este delito sea inhabilitado de forma permanente para volver a ostentar un cargo público.
Cómo comunicóloga les digo que esta iniciativa no atenta contra la libertad de expresión, los medios son el vínculo, son aquellos que nos informan a todas y a todos, incluso, quienes reportean con perspectiva de género le dan voz a las familias de las víctimas pero esta iniciativa es para proteger a aquellas que han sido exhibidas y vulneradas, evitar que como estado nos vuelva a suceder, así como darle un trato justo, y sobretodo digno, a su memoria para ellas y sus familias.
Sigamos el camino de quienes ya han tipificado esta conducta, como Colima, Oaxaca y Ciudad de México, así como quienes están en proceso de hacerlo como Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo.
Las juventudes que estamos aquí somos el ejemplo de que podemos preocuparnos (y ocuparnos) de las necesidades de todo nuestro estado y no sólo las que nos afectan directamente, por eso exhorto a quienes esten en ejercicio público que nos escuchen y lo lleven a la ley.
La tarea de esta legislatura es la de escuchar, escuchar con más atención para que todas las ideas que presentamos hoy puedan tornarse en acciones.
Queda en ustedes proteger nuestro medio ambiente, nuestra economía, nuestro futuro, pero también nuestros cuerpos y la dignidad de las víctimas, de las mujeres, adolescentes y niñas de Chiapas.
No les fallemos a ellas una vez más.
*Este fue el discurso que pronunció Lilliana Pacheco Flores durante su intervención en el parlamento juvenil, que se realizó el pasado 01 de septiembre en el Congreso del Estado.
