En lo que va del gobierno de Manuel Velasco Coello suman más de 50 casos de violencia contra periodistas y comunicadores, por lo que el gremio exige garantías de ley que les permitan ejercer libremente sus derechos
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap] más de 60 años de haberse establecido a nivel nacional el Día de la Libertad de Expresión, que se celebra cada 7 de junio, el ejercicio periodístico en México atraviesa por una ola de inseguridad que incluso especialistas, califican como la peor que se ha vivido en el país, las amenazas, desapariciones y muertes son cada vez más frecuentes y la impunidad sale a relucir en todos los casos.
En Chiapas, de acuerdo con el periodista y miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, Vinicio Portela Hernández, suman más de 50 los casos de violencia contra periodistas durante el gobierno de Manuel Velasco Coello.
En entrevista, dio a conocer que las agresiones contra el gremio a nivel estatal son más recurrentes y aseguró que las violaciones a sus derechos no son exclusivos de funcionarios públicos sino también de organizaciones civiles y ciudadanos que no permiten que los periodistas locales ejerzan libremente su labor.
Es por ello, que el pasado lunes 5 de junio, Vinicio Portela entregó al Congreso del Estado la propuesta de iniciativa de reforma para tipificar los Delitos contra la Libertad de Expresión e Información en Chiapas.
La propuesta de tipificar los delitos contra la libertad de expresión e información, surge de los casos de agresión y la impunidad que en ellos existe, por lo que el periodista propone que quien violente estos derechos pague una condena de 5 a 10 años de prisión o 200 días de salario mínimo, dependiendo del grado de agresión; y en caso de ser un servidor público se duplique, es decir, que exista la garantía que pagará con 10 o hasta 20 años de prisión y sea acreedor a una multa de 400 salarios.
La reforma que Portela propone es un cambio en la ley de derechos para el ejercicio periodístico en el estado, por lo que especifica que no serán únicamente los servidores públicos quienes sean castigados por no permitir la libertad de expresión sino que sea todo ciudadano que impida ejercer libremente ese derecho.
«Los derechos los tenemos pero hay impunidad, cualquiera puede golpearnos o robarnos sin tener ninguna consecuencia, cualquier funcionario público se siente con la libertad de violentar nuestro derecho a la expresión y la información.»
Dijo que la propuesta fue bien aceptada por varios diputados locales, quienes aseguraron que se subirá a tribuna para realizar el debido análisis para posteriormente someterse a votación.
«Tengo la confianza de que los diputados sean sensibles a esta situación, reconocer que hay un problema a nivel nacional y que a nivel internacional somos considerados el país más peligroso para ejercer el periodismo y en ese contexto aprueben la propuesta.»
Hay que recordar que la violencia física no es la única que puede existir en contra del gremio, a esta se suma la violencia psicológica y económica, que representan un obstáculo para ejercer libremente el periodismo en nuestro estado.
Es importante mencionar que en los últimos años se ha detectado que en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas la violencia que predomina contra los periodistas es la económica, mientras que en otros municipios las agresiones son físicas y, en muchos casos, atentan contra la seguridad del periodista.
«Lo que estoy pidiendo es que nuestro trabajo, el que ejercemos día a día, sea respetado; han existido robos de equipamiento, agresiones y más, por eso es importante que el gremio se una y comencemos actuar para nuestra seguridad.»
Finalmente, dijo que para que un estado presuma ser democrático debe respetar a los periodistas y a la libertad de expresión y garantizar que quienes violenten ese derecho reciban un castigo.
«Es el momento adecuado para evitar que en Chiapas, como en otras entidades federativas, existan desapariciones, secuestros y hasta muertes.»
