La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, presentó un informe estremecedor que examina con un enfoque crítico e integral la violencia contra ellas asociada a la prostitución y revisa los marcos normativos en el mundo que la sancionan. El reporte, sometido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio, deja entrever el impacto social, económico, jurídico y de salud que tienen la explotación sexual y la trata de personas para millones de personas.
Sostiene que el desarrollo de las redes de prostitución está fuertemente influido por las normas patriarcales y el consiguiente abuso de poder y demanda sexual por parte de los hombres que se agudiza por la globalización, las desigualdades económicas y los conflictos. Para millones de niñas y mujeres, la discapacidad, la edad, la clase social, la raza, la etnia, el estatus migratorio, la orientación sexual y la identidad de género son factores que agravan el riesgo de caer en ese sistema de violencia.
Muchas sufren pobreza, experiencias infantiles traumáticas, indigencia y abuso de sustancias, tienen una educación limitada o nula, al tiempo que deben mantener a sus familiares. Otras son engañadas con ofertas de trabajo falsas o lucrativas o con incentivos económicos a cambio de actos sexuales. Los crecientes flujos migratorios en nuestro país luego de la pandemia, mostraron un alza en el delito de trata de personas cometido por redes criminales asentadas a lo largo de la ruta migratoria desde Sudamérica hasta territorio norteamericano.
A las víctimas, les retienen sus documentos de identidad y su “remuneración”, las vigilan constantemente, son objeto de detención arbitraria y prolongada y están expuestas a la deportación. Recientemente conocimos los casos de dos jóvenes venezolanas de 20 y 21 años cuyos cuerpos aparecieron en Topilejo con visibles huellas de tortura. Las autoridades creen que fueron asesinadas por redes de trata.
El crudo informe reconoce que la prostitución da lugar a atroces violaciones de los derechos humanos y a múltiples formas de violencia contra las niñas y las mujeres quienes son deshumanizadas y vistas por los proxenetas como personas sin derechos humanos. Se centra en mujeres pertenecientes a minorías y entornos marginados. Por tanto, según el reporte no es casualidad que en los países ricos la prostitución se conforme por mujeres migrantes procedentes de países pobres.
Examina también el creciente consumo de pornografía en plataformas digitales que alienta y normaliza la violencia sexual infligida a las mujeres. Sobre este tema concluye que el aumento de las violaciones, incluidas las colectivas, puede relacionarse con el mayor consumo masculino de pornografía del que ofrece un dato alarmante: 35% de todas las descargas de Internet están relacionadas con la pornografía.
Alsalem considera que la participación igualitaria de las mujeres en la sociedad es imposible de alcanzar cuando la prostitución está normalizada y se basa fundamentalmente en una desigualdad entre mujeres y hombres.
El documento cita al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que reconoce que la explotación sexual persiste porque los Estados no la combaten eficazmente e insta a que no se conviertan en “Estados proxenetas”, derogando las leyes que toleran la explotación a través de la prostitución y la pornografía.
